(IPS) Un acuerdo sin precedentes entre los indígenas nisga'a y los gobiernos federal y provincial de British Columbia promete mitigar viejas tensiones entre los habitantes nativos y no nativos de Canadá, siempre y cuando lo permitan los vencedores en las próximas elecciones locales.
La resolución sobre la demanda de los nisga'a representa el primer reclamo de tierras exitoso de la historia canadiense, y puso fin a un siglo de tortuosas negociaciones.
El acuerdo ofrece a los nisga'a 2.000 kilómetros cuadrados de tierras cerca del estado estadounidense de Alaska, una compensación de 150 millones de dólares y la instalación en el área de un gobierno y un sistema judicial integrados por nativos.
Los analistas consideran que el acuerdo, alcanzado la semana pasada, pone fin a la frustración generada por la lentitud de las negociaciones, que el año pasado llevó a varios bloqueos de rutas y a la ocupación armada de una finca en Gustafsen Lake.
"El viaje iniciado por los antepasados hace más de un siglo terminó esta mañana", dijo el jefe Joseph Gosnell tras la firma del tratado.
British Columbia fue la única provincia que no firmó acuerdos con pueblos nativos durante la época colonial, y ahora enfrenta otras 47 demandas de tierras de grupos indígenas.
El desafío de resolver estos reclamos se complicó como resultado de las elecciones provinciales, a realizarse en breve, y temores de que opositores al acuerdo podrían abandonarlo.
Tanto el opositor Partido Liberal de British Columbia, que lleva la delantera en las encuestas, y el Partido de la Reforma han manifestado su rechazo del acuerdo nisga'a, y amenazaron con eliminarlo si forman el nuevo gobierno.
Incluso el gobernante Nuevo Partido Democrático de la provincia, respondiendo ante presiones públicas, prometió realizar consultas públicas sobre el acuerdo.
No obstante, un vocero de la Cumbre de Primeras Naciones, una coalición de organizaciones aborígenes con sede en Vancouver dijo que la autoridad de la comisión del tratado de British Columbia está protegida por la ley, por lo cual resultará difícil a los políticos descarrilar el proceso de negociaciones.
Pero el coordinador nacional de la Coalición Derechos Aborígenes, Ed Bianchi, advirtió que, pese al compromiso nisga'a de no buscar una resolución violenta al conflicto "habrá algún tipo de contragolpe si todo indica que los partidos de oposición están determinados a volver al punto de partida".
Bianchi expresó además su preocupación ante el hecho de que el tema ha adquirido un tono muy racial. Gran parte de la oposición al acuerdo se centró en la idea de que crea dos clases de ciudadanos, los nativos y los no nativos.
El Partido de la Reforma ha basado su campaña en la consigna "una ley para todos los habitantes de British Columbia", mientras los candidatos liberales amenazaron con cancelar el acuerdo.
El reconocimiento institucional de los derechos de los pueblos nativos es un fenómeno relativamente reciente en Canadá y en British Columbia en particular.
En 1927, el gobierno federal negó a los nativos el derecho a los reclamos de tierras. Se necesitaron cinco décadas para que el gobierno federal diera paso al proceso de negociaciones.
El ímpetu para un cambio en la política se produjo en la década de 1970, cuando la Corte Suprema se dividió en torno a la cuestión de si los derechos inherentes de los aborígenes, como el derecho a sus tierras tradicionales, eran reconocidos por la ley canadiense.
Fue recién en 1991 que el gobierno provincial aceptó entrar en negociaciones con los indígenas. (FIN/IPS/tra-en/sd/sw/lp/pr/96)
