Ejecutivos de empresas y defensores de los derechos humanos de Canadá se reunieron esta semana para discutir la cuestión de quién debe ser responsable de promover o imponer el respeto a los derechos humanos en el mundo: los empresarios o las organizaciones internacionales.
Un foro sobre "Mundialización, Comercio y Derechos Humanos: La Perspectiva Empresarial Canadiense" congregó a dirigentes del empresariado y a defensores de los derechos humanos de este país para estudiar una serie de opciones en la materia.
El encuentro fue organizado por el Centro Internacional para los Derechos Humanos y el Desarrollo Democrático, conjuntamente con el Consejo Empresarial para Cuestiones Nacionales.
El foro fue parcialmente una consecuencia de la misión comercial encabezada por el primer ministro Jean Chrétien, que el mes pasado visitó Indonesia, Pakistán, India y Malasia, obteniendo nuevos contratos por valor de 6.500 millones de dólares.
El mismo equipo canadiense -formado por miembros del gobierno y empresarios- había visitado previamente China, Hong Kong, Indonesia y Vietnam.
Los militantes habían criticado el viaje efectuado en enero por no tomar en cuenta las violaciones a los derechos humanos, en el empeño por concretar negocios para las compañías canadienses.
De hecho Chrétien fue eclipsado por la presencia del niño de 13 años Craig Kielburger, un muchacho canadiense que realizó una gira por la región para llamar la atención contra el trabajo infantil.
"Hay 200.000 niños trabajando en condiciones de servidumbre en todo el mundo", dijo Kielburger en Nueva Delhi, antes de que el equipo canadiense de alto nivel se hubiera referido en público al tema de los derechos humanos.
Kielburger fue lanzado en una cruzada contra la explotación de la niñez en industrias tales como el tejido de alfombras y la fabricación de juguetes, vidrio y ladrillos.
Los observadores canadienses entienden que Kielburger ha conseguido dirigir la atención nacional hacia una cuestión que pudo haberse visto perdida entre el ardor por ganar oportunidades comerciales y de inversión, y crear nuevos empleos en este país.
El foro canadiense consideró opciones que van desde el simple estímulo a un mayor comercio y una mayor inversión, adoptando cada cual voluntarias normas de conducta, hasta una sugerencia de que la Organización Mundial del Comercio (OMC) ponga en vigencia una especie de "cláusula social".
Quienes defienden la cláusula social argumentan que la OMC podría usar un mecanismo de ese tipo para terminar con la discriminación, el trabajo forzado y la explotación de la niñez, y para hacer que se garantice el derecho de los trabajadores a organizarse y negociar colectivamente.
Tom Axworthy, de la Escuela Kennedy de Políticas Públicas de la Universidad de Harvard, opinó que la cláusula social podría convertirse en una "tremenda herramienta" para garantizar la protección de los derechos humanos.
El académico citó el caso de la aspiración china de ingresar a la OMC, sugiriendo que la situación de los derechos humanos en China debería ser tenida en cuenta al considerar su solicitud.
Desde la represión de un movimiento democrático universitario en 1989, el gobierno chino está señalado por los militantes de los derechos humanos como uno de los más serios infractores de estos derechos en el mundo.
Por el contrario, Richard Eglin, director de la División de Comercio y Ambiente de la OMC, sostuvo que la organización no es el ámbito adecuado para imponer niveles de respeto de los derechos humanos, ya que fue creada para promover políticas de liberación comercial.
Por su parte, el presidente del Consejo Empresarial para Cuestiones Nacionales, Thomas d'Aquino, se pronunció también en contra de esa propuesta cláusula social, advirtiendo del mal uso que pudiera hacerse de ella.
El alto dirigente empresarial dijo que los proteccionistas de los países industrializados podrían usar esa cláusula como un arma contra las naciones en desarrollo. En cambio postuló que los empresarios importantes planteen ciertas cuestiones en el extranjero, "incluso en relación con los derechos humanos".
"La justificación moral para negociar con regímenes no democráticos es que el comercio, y en particular la inversión, son poderosos catalizadores de liberalización económica, de democratización y de mejoramiento de las condiciones económicas del país en cuestión", expresó D'Aquino.
Edward Broadbent, presidente del Centro Internacional para los Derechos Humanos y el Desarrollo Democrático, señaló en cambio que no existe una "conexión inevitable" entre la economía de mercado y la democracia. (FIN/IPS/tra-en/bb/yjc/arl/if-hd/96)
