Para generar empleos todo es valido, incluso violar las leyes. Esto se desprende de un acuerdo entre el Sindicato de Metalurgicos de Sao Paulo y ocho gremios industriales que representan a 2.000 empresas brasilenas.
Las dos partes concluyeron esta semana las negociaciones de un acuerdo, que sera firmado el martes proximo, para la creacionn de contratos de trabajo individuales y colectivos flexibles que ignoran gran parte de la legislacion vigente en el pais.
Los contratos seran por un periodo determinado, de tres meses a dos anos, sin registro oficial, y la jornada semanal podra variar de 24 a 44 horas. Derechos como vacaciones y decimotercer salario seran pagados proporcionalmente al tiempo trabajado.
Esto representa la oficializacion, entre la industria y el mayor sindicato de America Latina, que representa a unos 350.000 metalurgicos, de relaciones hasta ahora propias del mercado informal, que en Brasil se estima absorbe a cerca de la mitad de la poblacion economicamente activa.
Ademas, el acuerdo elimina el Fondo de Garantia por Tiempo de Servicio, un pago adicional equivalente a ocho por ciento del salario que queda depositado a nombre del empleado y solo puede retirarlo al ser despedido, y en otros pocos casos, para la compra de una unica vivienda propia.
Este es uno de los derechos del trabajador explicitamente mencionados en la Constitucion, por lo que el acuerdo, para tener validez legal, exigiria la dificil aprobacion de una enmienda constitucionial.
Ese fondo seria sustituido por un deposito correspondiente a 10 por ciento del salario, que la empresa haria en una cuenta bancaria del propio empleado, que podra retirarlo cada tres meses, sin restricciones.
El objetivo del acuerdo, segun Paulo Pereira da Silva, presidente del sindicato, es reducir el costo de la contratacion de personal y estimo que su aplicacion generara 40.000 nuevos puestos de trabajo para obreros metalurgicos en el estado de Sao Paulo en un ano.
Para eso establece reducir de 20 a ocho, nueve u 11 por ciento la contribucion empresarial para la seguridad social y elimina otras cargas, como aportes al salario-educacion, al apoyo a pequenas empresas y a la reforma agraria.
En un momento en que el gobierno trata de reformar la seguridad social para evitar su quiebra, resulta improbable que acepte la reduccion de las contribuciones y para impedirlo cuenta con las leyes laborales y la Constitucion.
Pereira da Silva reconocio la ilegalidad de las propuestas, pero sostuvo que empezaran a aplicarse el miercoles, anunciando que ese mismo dia dos empresas contrataran a 180 trabajadores segun las reglas acordadas.
La intencion es "enfrentar la ley" que contribuye al aumento del desempleo, afirmo.
El acuerdo de Sao Paulo recibio este sabado el sorprendente apoyo de un juez laboral, Antonio Alvares da Silva, del Tribunal Regional del Trabajo de Minas Gerais, estado del centro de Brasil, en declaraciones a la cadena de radio Central Brasilena de Noticias.
La economia hoy es flexible y son "las partes interesadas las que deben hacer la ley, sin esperar al Congreso, que no funciona, se demora", dijo el juez.
"El sindicato hara la ley", anadio Alvares da Silva, defendiendo el alejamiento del Estado, y de la propia justicia del trabajo, que "cuesta 1.500 millones de reales (1.530 millones de dolares) al ano". (FIN/IPS/mo/ag/if/96)
