El gobierno de Argentina menciono hoy la lucha contra el desempleo para justificar la legitimidad de un proyecto de ley que preve carcel y multas de hasta 100.000 dolares a empleadores que contraten a extranjeros indocumentados.
El ministro de Justicia, Rodolfo Barra, considero este martes que la iniciativa apunta a "combatir el desempleo" que, segun mediciones de septiembre, alcanzo a 18,6 por ciento de la poblacion economicamente activa.
Sin embargo, el director de la Organizacion Internacional para las Migraciones (OIM), Lelio Marmora, opino que si se expulsara a todos los inmigrantes que obtuvieron empleo en los ultimos cinco anos y se contratara a argentinos en su lugar, solo se reduciria el desempleo en uno por ciento.
Segun calculos oficiales, en Argentina hay alrededor de un millon de extranjeros indocumentados que, en su mayoria, proceden de Bolivia (48 por ciento) y Paraguay (30 por ciento), pero tambien de Chile (12 por ciento), de Uruguay (seis por ciento) y de Brasil (dos por ciento).
Marmora, director de la oficina argentina de la OIM, estimo que, "en verdad, se trata de 400.000 trabajadores inmigrantes, y no todos son ilegales".
Los extranjeros provenientes de paises vecinos se emplean tradicionalmente en la industria de la construccion, como jornaleros agricolas, en el servicio domestico y en talleres textiles.
En muchos de los casos trabajan en forma clandestina, ya que para obtener empleo se les pide documentos de residencia, y para esta ultima el contrato de trabajo. La maniobra hace dificil para los migrantes desempenarse en un marco legal.
"No pretendemos que los trabajadores se vayan del pais, sino que los empresarios cumplan con la ley previsional", explico Barra al justificar el proyecto de ley que elaboro a pedido del presidente Carlos Menem.
La propuesta preve aplicar multas de entre 10.000 y 100.000 pesos (igual en dolares) a los empleadores, ademas de penas de prision de entre uno y seis anos.
De esta manera, el gobierno pretende tambien luchar contra la evasion previsional, que representa una fuerte sangria a los recursos del estado.
Segun una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, el total de trabajadores que evaden aportes previsionales representa 35 por ciento de la poblacion economicamente activa. (FIN/IPS/mv/mj/la lb pr/96)
