Una serie de medidas tomadas por el gobierno de Panama, entre ellas un polemico proyecto de amnistia politica, reactivaron la confrontacion y las protestas que marcaron la tonica en este pais a lo largo de 1995.
Las medidas incluyeron, ademas, la rebaja de aranceles para unos 40 productos agropecuarios y la sancion de un ley que le otorgo poderes legislativos extraordinarios al Poder Ejecutivo durante los tres meses de receso parlamentario.
Cinco partidos de la oposicion de centro y de derecha, el centroizquierdista Movimiento "Papa Egoro", los sindicatos y la Iglesia Catolica censuraron el "paquete" de medidas del gobierno por estimar que atenta contra la reconociliacion y el proceso de democratizacion iniciado hace cinco anos.
El portavoz de la Iglesia Catolica, Juan Ramirez, dijo que una ley de amnistia "que ampare a delincuentes comunes iria contra la reconciliacion" propuesta por el presidente Ernesto Perez Balladares cuando asumio el cargo, en septiembre de 1994.
Todas aquellas personas acusadas de delitos cometidos cuando eran funcionarios del depuesto regimen del general Manuel Noriega "deben recibir una sancion ejemplar de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, en lugar de ser beneficiados con una amnistia", segun la Iglesia Catolica.
El proyecto de amnistia incluye a las personas acusadas de presuntos delitos contra las tropas del ejercito estadounidense que invadieron Panama el 20 de diciembre de 1989, asi como los delitos de indole politica o administrativa cometidos en el desempeno de cargos publicos.
Sin embargo, el proyecto -pendiente del tercer y ultimo debate en el parlamento- excluye a los involucrados en delitos de homicidio, excepto los ocurridos como respuesta a la invasion de 1989.
Tras la invasion estadounidense, unos 70.000 antiguos funcionarios, militares y activistas de los partidos politicos que respaldaban a Noriega fueron acusados de diversos delitos y muchos de ellos arrestados por el gobierno del ex presidente Guillermo Endara.
El diputado del gobernante Partido Revolucionario Democratico (PRD), Miguel Bush, senalo que la amnistia es necesaria "para acabar con las injusticias que se cometieron durante y despues de la invasion".
Bush indico que aun se mantienen en las carceles personas que fueron arrestadas por las tropas invasoras "sin que nunca se les haya sometido a juicio", como es el caso del coronel Marcos Justines, ex jefe del estado mayor de Noriega.
Sin embargo, Endara, quien asumio el cargo pocas horas antes de la invasion en una base militar estadounidense del area del canal de Panama, denuncio este lunes que algunos acusados han hecho correr "dinero bajo la mesa" para que se apruebe la ley de amnistia.
Aunque el proyecto no lo establece, Endara indico que los supuestos corruptores esperan que la amnistia propicie que el Estado les devuelva bienes incautados despues de la invasion, supuestamente por haber sido mal habidos.
"Yo pudiera dar detalles de quienes estan involucrados, cuanto dinero hay de por medio, cuando se dio la transaccion, pero por respeto a mis informantes he decidido guardar silencio sobre ello", subrayo Endara.
Ademas de la polemica ley de amnistia, la oposicion rechazo los poderes legislativos extraordinarios otorgados al gobierno por el parlamento, por estimar que se "esta violentando la legitimidad adquirida en las elecciones de 1994".
El vocero de la oposicion, Luis Casco Arias, advirtio que los poderes legislativos extraordinarios, que facultan al gobierno a decretar disposiciones sobre el regimen laboral que regira en las zonas procesadoras para exportacion, "atentan contra el sistema democratico".
Casco Arias senalo que "de esta manera el presidente (Perez Balladares) consolida un poder absoluto caracteristico de un regimen autoritario que es inaceptable en una democracia".
No obstante, el ministro de Trabajo y Bienestar Social, Mitchel Doens, aclaro que los poderes otorgados por el parlamento de acuerdo con una disposicion constitucional, procuran agilizar el ingreso de capitales nuevos al pais que propicien la creacion de nuevas fuentes de empleo.
Entre tanto, el secretario general de la Central General de Trabajadores de Panama, Mariano Mena, advirtio al gobierno que si limita los derechos de los trabajadores pedira un boicot internacional contra los productos que se elaboren en dichas zonas procesadoras.
"Estaremos pendientes de estos decretos que ojala no traigan pena y dolor como han sido los casos y experiencias de los pueblos centroamericanos, cuyos ciudadanos han sido obligados a entonar notas de himnos ajenos a la patria que los vio nacer", preciso Mena.
Los ajustes economicos implementados por Perez Balladares en 1995 generaron fuertes debates y protestas a lo largo de todo el ano, entre ellas una huelga sindical contra la reforma de la ley laboral que dejo un saldo de cuatro obreros muertos. (FIN/IPS/sh/ag/ip/96) ITEM CLOSED
