El fortalecimiento del sistema judicial, la reforma de los tribunales militares y programas de proteccion a jueces y testigos son requisitos indispensables en la lucha contra el crimen organizado y el combate a la impunidad en Guatemala, aseguran expertos locales en derechos humanos.
El presidente Alvaro Arzu prometio al asumir su cargo, el dia 14, combatir la impunidad desbaratando las bandas de crimen organizado que actuan "amparadas por sectores de poder, muchas veces vinculados al aparato del Estado".
"La tarea no sera facil", ya que esas bandas "atraviesan todos los sectores de la sociedad", dijo a IPS la premio Nobel alternativa Hellen Mack.
La dirigente humanitaria dirige la fundacion que lleva el nombre de su hermana, Myrna Mack, una antropologa guatemalteca asesinada en 1990, y desde entonces lucha contra la impunidad en este pais.
Mack aseguro que los grupos del crimen organizado comprenden a bandas de secuestradores, de ladrones de vehiculos, de contrabandistas de madera y de narcotraficantes.
"Se han hecho con gente profesional que solamente contando con la informacion y con toda una infraestructura pueden accionar en esa manera", estimo.
Mack apunta sus canones hacia las fuerzas de seguridad y especialmente hacia el Ejercito, cuyos miembros cometieron crimenes que permanecieron impunes por la complicidad y la imoperancia del sistema judicial.
"Aqui todavia hay mucho miedo de dar testimonio ante los tribunales de justicia y la gente sabe que el sistema juridico no funciona, porque hay temor a dar sentencias condenatorias contra militares", destaco.
El presidente Arzu tiene muy clara la situacion, como todos su predecesores, pero "nunca han querido entrarle a la raiz de la violencia", declaro Mack.
"Aqui no podemos desvincular la situacion de violaciones de derechos humanos con el crimen organizado, porque de todas maneras esos delitos son cometidos por agentes del Estado, algunos fuera del Ejercito y otros dentro", advirtio.
El procurador de los Derechos Humanos Jorge Garcia Laguardia dijo a IPS que comparte las afirmaciones de Arzu respecto a la existencia de mafias que actuan amparadas por el aparato del Estado.
"En el informe que presentare en los proximos dias al Congreso senalamos que hay indicios suficientes, aunque no lo hemos podido comprobar definitivamente, de que el sector del poder en alguno de sus escalones esta vinculado a sectores delictivos", indico.
"De otra manera no se podrian realizar con total impunidad los hechos que todos los dias se producen a todos los niveles", sostuvo Garcia Laguardia.
El procurador tambien se refirio a los tribunales militares, estimando que son una vieja practica del siglo pasado, cuando existian fueros especiales para sacerdotes o militares.
"Lo justo y conveniente seria que cuando los militares cometen delitos comunes, los juzgue la justicia comun", afirmo.
Uno de los casos de impunidad mas notorios fue el sobreseimiento del ex jefe del Estado Mayor del Ministerio de la Defensa, coronel Fernandez Ligorria, quien fue acusado de narcotrafico y de organizar una banda dedicada al robo de vehiculos.
La acusacion, formulada en enero de 1995, presento pruebas de ello. Aunque el Ministerio Publico se comprometio a formar una comision investigadora, 15 dias despues, con una rapidez inusual, un juez militar ordeno el archivo del caso por falta de meritos.
La investigacion sobre el asesinato del ex presidente de la Corte de Constitucionalidad Epaminondas Gonzalez, en abril de 1994, condujo a la detencion y condena de dos personas.
El hijo de Gonzalez, disconforme con el fallo y aduciendo que el crimen fue politico, ordeno una investigacion privada, que permitio establecer que el crimen fue ideado por un alto oficial del Ejercito y ejecutado por ladrones de autos integrantes de una banda dirigida por el propio militar.
Segun Laguardia, "los mejores jueces" del pais, "los que tienen casos conflictivos, los que estan investigando los delitos mas graves", son objeto de frecuentes amenazas e intimidaciones.
Un hondureno detenido este jueves por amenazar a dos jueces aseguro que existe un "complot" contra los jueces urdido por por miembros de la inteligencia militar, comerciantes extranjeros que controlan el narcotrafico y bandas de ladrones de autos que operan en Guatemala.
Revelo tambien que los militares aludidos, de los que dijo poseer fotos, estan en contacto con reclusos de distintas carceles, entre ellos Noel Beteta, uno de los autores materiales del asesinato de la antropologa Myrna Mack, y con Ricardo Ortega, acusado del asesinato de la joven Karin Fleischman.
Tambien este jueves circulo en el Congreso y llego a los medios de prensa un comunicado de un grupo hasta ahora desconocido, llamado "Por la Reivindicacion del Ejercito de Guatemala"(Pregua), en el que se amenaza de muerte a por lo menos 53 oficiales, acusados de diversos crimenes.
Entre esos delitos figuran asesinatos politicos y narcotrafico.
La advertencia, afirma el grupo, apunta a hacer del Ejercito una institucion "leal, honrada y digna" y de Guatemala una nacion "verdaderamente soberana y libre".
El vocero del Ejercito coronel Guillermo Caal reacciono diciendo que su arma no protegera a delincuentes.
Mientras, el nuevo gobierno dio alguna muestra de que comienza a moverse en el campo de los derechos humanos.
El ministro de Gobernacion, Rodolfo Mendoza, destituyo este jueves a 118 agentes de la Policia Nacional, por estar implicados en actos de corrupcion y por proteger bandas de delincuentes.
Existen por otra parte insistentes rumores de descontento en algunos sectores del Ejercito por cambios realizados en sus filas por el presidente Arzu. El Ministerio de la Defensa desmintio este viernes esas versiones. (FIN/IPS/cz/dg/ip/96)
