La Corte Suprema de Justicia de Honduras denego una serie de recursos de amparo para impedir la realizacion de los juicios que se ventilan en los tribunales por violaciones a los derechos humanos y corrupcion administrativa.
La decision del maximo tribunal, este viernes, permitira la continuacion del proceso contra diez oficiales de las Fuerzas Armadas acusados de violacion de los derechos humanos en la pasada decada por el secuestro de seis estudiantes universitarios de izquierda en los anos 80.
Los organismos defensores de los derechos humanos, que luchan por el castigo de los responsables de la desaparicion forzada de 184 personas en al decada pasada, manifestaron su satisfaccion por el fallo.
La Corte Suprema de Justicia denego tambien un recurso de amparo para declarar inconstitucional la eleccion del fiscal general del Estado, Edmundo Orellana.
Ese recurso pretendia frenar las acciones emprendidas por Orellana contra un grupo de ex altos funcionarios, especialmente el ex presidente Rafael Callejas, por abuso de poder e irregularidades administrativas.
La Comision de Lucha contra la Corrupcion califico mas de una decena de casos que fueron entregados al presidente Carlos Roberto Reina, quien los remitio al Ministerio Publico y este a su vez ya presento cinco de ellos en los tribunales.
El presidente del Comite de los Derechos Humanos, Ramon Custodio, estimo que esa resolucion estuvo apegada a derecho y genera fe en el sistema judicial del pais.
«Los recursos de amparo pretendian frenar los juicios emprendidos por el Ministerio Publico en los tribunales con artificios juridicos, pero los magistrados actuaron con sabiduria», declaro.
Leo Valladares, comisionado nacional de derechos humanos, senalo a su vez que los fallos de la Corte Suprema reafirman el estado de derecho y el fin de la impunidad en Honduras.
El juez Roy Medina, quien lleva la causa contra los militares y ex funcionarios del gobierno, tiene ahora el camino expedito para continuar con los juicios.
En septiembre, Medina libro orden de detencion contra tres de los diez militares involucrados en el caso de los estudiantes, pero luego revoco una de ellas.
El fallo de la Corte Suprema es un duro golpe contra las Fuerzas Armadas, cuyo comandante en jefe, el general Luis Discua, respaldo a los oficiales acusados y formo un grupo de abogados para defenderlos de las acusaciones, estiman los comentaristas locales.
Los oficiales acusados abrigaban la esperanza que prosperara el recurso de amparo promovido por su defensa, que alega tambien que los militares estan protegidos por tres decretos de amnistia aprobados en 1989 y 1991.
El magistrado Marco Tulio Crespo, quien anuncio los fallos de la Corte Suprema, dijo que toca al juez Medina calificar los delitos que se imputan a los militares y definir si estos son de orden politico, comunes conexos o puramente comunes. (FIN/IPS/tm/dg/ip-hd/96)
