Un proceso que agravara las tensiones sociales en los estados de Brasil, similar al registrado en las provincias argentinas, empezo hoy en esta ciudad, al conocerse que casi 10.000 empleados publicos podran perder sus puestos de trabajo en los proximos dias.
La meta del gobernador de Rio de Janeiro, Marcello Alencar, es reducir en 20 por ciento el total de funcionarios, despidiendo o incentivando la renuncia de 68.000 personas.
La primera reaccion fue una huelga por tiempo indeterminado de 4.500 funcionarios de la Universidad Estatal de Rio de Janeiro, en tanto otros sectores de la administracion del estado realizaran asambleas la proxima semana para definir respuestas a la amenaza de desempleo.
La huelga se cumple formalmente contra la falta de pago, por el gobierno de Rio, del decimotercer salario que legalmente se debe pagar hasta el 20 de diciembre, pero se convirtio tambien en resistencia a los despidos.
La crisis, provocada por un excesivo crecimiento de los gastos, a causa de salarios y elevadas tasas de interes sobre la deuda publica, afecta a la mayoria de los gobiernos estaduales de Brasil.
El estado de Rio de Janeiro destina actualmente 81 por ciento del total de sus ingresos al pago de salarios. Una ley nacional aprobada el ano pasado determina un limite de 60 por ciento para esos gastos a todos los gobiernos, concediendoles un plazo de tres anos para cumplirla.
"Fui elegido para administrar un estado de 14 millones de personas", recordo el gobernador, para senalar que no puede reducir su papel a la gestion de los salarios y pensiones debidos a funcionarios y jubilados que suman 488.000.
El gobierno del estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil, adopto otro camino: suspendio el pago de 15 por ciento de los salarios de sus funcionarios, a partir de este mes, hasta que baje de 80 a 65 por ciento el porcentaje de la recaudacion que se gasta en ese rubro.
El gobernador Paulo Afonso Vieira justifico la medida, diciendo que cumple una disposicion constitucional y que trata de rescatar alguna capacidad de inversiones para su gestion. Al tiempo, prometio que la diferencia sera pagada cuando el gasto salarial este dentro de los limites legales.
Pero la decision es ilegal, porque la misma Constitucion invocada por Vieira prohibe reducir salarios de empleados publicos, civiles o militares, segun juristas expertos en cuestiones laborales, como Amauri Mascaro, quien aseguro que aunque sea temporal, acciones judiciales podran anular la medida.
Con el fin de la inflacion de tres digitos que agobio a los brasilenos por mas de 15 anos, hasta julio de 1994, los gobiernos perdieron las "ganancias inflacionarias", igual que los bancos. La moneda estable recupero el valor de los salarios, que suben por varios mecanismos que favorecen a los empleados del gobierno.
Los gastos salariales del Estado brasileno se duplicaron en poco mas de dos anos, alcanzando ahora a cerca de 40.000 millones. Su crecimiento "vegetativo", a causa de las ventajas conquistadas en la epoca de alta inflacion, es explosivo.
Ademas, los gobiernos estaduales, y algunos municipales, se endeudaron mucho. Con tasas de interes superiores a 30 por ciento al ano, el costo financiero de la deuda se hizo insoportable.
El despido masivo de funcionarios es la "salida mas facil", pero no soluciona el problema, segun el diputado Miro Teixeira. Es necesaria una profunda reforma administrativa, que elimine las decenas de miles de cargos de confianza politica, que manejan los gobiernos y que representan los mayores salarios, opino.
Teixeira senalo que la reforma que el gobierno central propuso al Congreso solo crea condiciones para despidos, eliminando la estabilidad de los funcionarios publicos mas humildes, y no los empleos politicos que desangran el Estado.
La aprobacion de la enmienda constitucional propuesta, esperada para dentro de algunos meses, intensificara la ola de despidos. El ministro de Administracion, Luiz Bresser Pereira, estima que deberian alcanzar 30 por ciento de los funcionarios del pais, es decir a un millon de personas.
El gobierno central tambien busca reducir su deficit, conteniendo salarios. En este sentido, ya anuncio que no concedera el ajuste anual, que se aplica tradicionalmente en enero y representaria un aumento de por lo menos 10,84 por ciento, causando preocupacion incluso entre los militares.
Ademas, piensa congelar el salario minimo este ano en 100 reales (103 dolares), para evitar mayor deficit en el sistema oficial de seguridad social.
El desempleo es el tema que mas preocupa a los sindicatos y la sociedad este ano, pero dificilmente los gobiernos estaduales haran efectivos los despidos masivos anunciados, evaluo Clemente Ganz, un experto del Departamento Intersindical de Estudios y Estadisticas Socioeconomicos.
En octubre habra elecciones municipales y existen razones politicas para evitar un agravamiento insoportable de la situacion social, en un ano en que la industria y el sector financiero siguen despidiendo en el marco de su reestructura y la agricultura produce y emplea menos, senalo Ganz. (FIN/IPS/mo/ag/ip-if/96)
