El gobierno de Chile envio al Senado un proyecto de ley sobre los juicios a militares por desapariciones forzadas, tras alcanzar un acuerdo al respecto con el partido mayoritario de la oposicion derechista.
La formula acordada entre el gobierno y el Partido Renovacion Nacional (PRN) fue cuestionada por el Partido Socialista (PS), que integra la coalicion de gobierno, y abiertamente rechazada por la opositora Union Democrata Independiente (UDI), segunda fuerza de la derecha.
La nueva ley, si es aprobada, permitira agilizar unos 600 procesos por un millar de desapariciones forzadas cometidas bajo la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) y al mismo tiempo agotar las posibilidades de encontrar los restos de las victimas.
Los partidos Democrata Cristiano (PDC), Por la Democracia (PPD) y Radical Socialdemocrata (PRSD), que forman la coalicion gobernante junto al PS, comprometieron su apoyo al proyecto anunciado en la noche del viernes.
El presidente Eduardo Frei, quien el 21 de agosto planteo una primera formula legal para solucionar la cuestion, exhorto a las fuerzas politicas a respaldar la nueva iniciativa, cuyo principal redactor es el senador Miguel Otero, del PRN.
El gobierno llego tambien a un acuerdo el 25 de octubre con la directiva del PRN en torno a 31 reformas a la Constitucion, orientadas a fortalecer la institucionalidad democratica.
Estas iniciativas tambien son rechazadas por la UDI y por la corriente pinochetista interna del PRN.
Sobre los juicios por desapariciones, el proyecto de ley establece que se podran reabrir todos los procesos por iniciativa de una o ambas partes, por lo que se elimina la disposicion original presentada por Frei de una reapertura automatica.
Plantea asimismo que los procesos que estaban a consideracion de la justicia militar sigan a cargo de jueces castrenses, en tanto habra jueces especiales para nuevos juicios.
En cambio, el proyecto anterior traspasaba todos los casos a magistrados civiles.
Frei habia propuesto que los procesos no se cerraran mientras no se determinara el paradero del desaparecido o el juez llegara a la conviccion de que la victima habia muerto y que la localizacion del cadaver era imposible.
En el texto consensuado entre el gobierno y el PRN se plantea que los procesos podran cerrarse mediante una resolucion apelable y cuando el juez llegue a la conviccion de que no es posible recabar mas antecedentes.
Con respecto al proyecto original, se mantienen los incentivos para que los involucrados en las desapariciones entreguen informacion a los jueces, asi como la exclusion de responsabilidades penales de los culpables.
Con este proyecto, se pretende superar el conflicto en torno a la ley de amnistia que Pinochet expidio en 1978 y que ha sido aplicada con diversas interpretaciones por los jueces en los procesos por desapariciones forzadas.
El espiritu original de la amnistia se mantiene, en tanto no habra encausamientos legales ni penalidades para los culpables, cuya identidad sera mantenida en reserva, pero ahora se puntualiza como prioritaria la ubicacion de los restos de los desaparecidos.
El PS objeto la mantencion de procesos en la justicia militar, asi como las normas de cierre de los procesos y los mecanismos de reserva sobre los juicios, en tanto estima que la sociedad chilena debe conocer el alcance de las violaciones de derechos humanos.
El Comite Central del PS se reunira el dia 13 para definir su posicion ante el virtual aislamiento en que quedo el partido dentro de la coalicion gobernante.
La UDI, a su vez, insistio en su posicion de que no procede una nueva normativa, en tanto ya existe la amnistia de 1978, y que solo cabria dictar una ley interpretativa de esa amnistia. (FIN/IPS/ggr/mj/hd-ip/95
