La fase oral del juicio al ex presidente venezolano Carlos Andres Perez (1989-1993) concluyo hoy con encendidos alegatos de culpabilidad e inocencia por parte de la acusacion y la defensa, en tanto se anuncio que la Corte dictara sentencia en enero de 1996.
"El juramento de respetar la Constitucion fue violado", dijo el fiscal general, Ivan Badell, "y este proceso debe concluir con una sentencia condenatoria para todos los co-procesados".
"Este es un proceso sin delito ni delincuentes, que se inicio por razones ajenas a la justicia y debe concluir con la absolucion de los procesados", replico Alberto Arteaga, defensor de Perez.
Ademas del ex mandatario, son juzgados Reinaldo Figueredo, ex ministro de Secretaria y ex canciller, quien esta fuera del pais, Alejandro Izaguirre, ex ministro del Interior (indultado de responsabilidad penal pero no de la civil) y dos ex funcionarios de menor jerarquia.
Se les acuso de malversacion (desvio) y peculado (apropiacion en provecho propio o de terceros) de 17 millones de dolares de la partida de gastos secretos del Ministerio del Interior.
La alegada irregularidad habria ocurrido en febrero de 1989, apenas inicio Perez su segunda presidencia, y al menos parte del dinero se habria usado, segun la acusacion, en financiar asistencia policial a la presidenta de Nicaragua, Violeta Chamorro, 15 meses despues.
"No tengo absolutamente nada que ver con lo que se me imputa", dijo Perez a periodistas en un receso de la sesion. "Actue correctamente, e Izaguirre tambien. No hubo ni malversacion ni peculado, y el precedente que se cometio al sacarme de la presidencia es penoso y danino", agrego.
El caso implico la destitucion de Perez en mayo de 1993, ocho meses antes de concluir su quinquenio, su encarcelamiento durante dos meses en 1994 y su permanencia bajo arresto domiciliario desde hace 14 meses, mientras sigue el engorroso proceso.
La destitucion de Perez se produjo en el marco de la inestabilidad politica generada por dos cruentas sublevaciones militares, en 1992, y se produjo luego que el ex mandatario se nego a renunciar, como reclamaban sus opositores politicos.
Este jueves cerro la fase oral del juicio y la presentacion de los informes de las partes, ultima oportunidad para presentar alegatos ante los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
El ex mandatario de 72 anos, vestido con traje gris y corbata negra -una hija suya murio a comienzos de ano- siguio la sesion inicialmente con interes, aunque luego evidencio aburrimiento.
Badell dijo que los acusados "violaron el juramento que hicieron de respetar la Constitucion", porque urdieron "una trama delictiva con la orden de rectificacion presupuestaria de febrero de 1989 para un ministerio (Interior) que no la necesitaba".
Senalo que la rectificacion se pidio 'para mantener el orden publico en el territorio nacional, pero enseguida se convirtieron los bolivares a dolares", y se pregunto ?por que cambiar a dolares si se trataba de mantener el orden publico interno?".
Indico que Perez ordeno usar parte de ese dinero en la "Operacion Orquidea", de apoyo policial a Nicaragua en 1990, "con lo que se violo el principio de anualidad del presupuesto y en un fin completamente distinto al previsto".
Estimo que en esa operacion, que remunero a medio centenar de policias con entre 1.500 y 3.000 dolares mensuales durante tres meses, se gasto medio millon de dolares, y se pregunto: "?Donde esta el resto del dinero?"
Destaco que los procesados se refugiaron en que se trata de un secreto de Estado que no puede ser revelado, y pidio reformas legales para que en el futuro los que administran gastos secretos puedan informar de su destino.
Un abogado izquierdista que actua como acusador privado, Omar Mezza, dijo que la rectificacion ordenada por Perez "violo la ley de presupuesto y llevo a ilicitudes administrativas hasta el fin del proceso".
Arteaga respondio que "los mejores defensores del ex presidente han sido el acusador privado y el fiscal, que no han hecho referencia a un uso del dinero en provecho personal, sino que han realizado meras elucubraciones".
"No hay ninguna prueba de que la Operacion Orquidea se realizo con ese dinero", dijo Arteaga, "y el expediente no demuestra la transferencia de fondos, ni que un solo dolar de la partida rectificada haya ido a Nicaragua".
La Corte "debe dictaminar sobre hechos probatorios y no sobre presunciones", alego Arteaga.
En su opinion "el dictamen de la Corte quedara para la historia, porque se trata de que el presidente de un pais democratico ha aceptado voluntariamente someterse a este juicio".
"Ha habido juicios a ex presidentes -el ex dictador Marcos Perez Jimenez (1948-1958) fue condenado por peculado- pero ninguno como este (Perez) se ha sometido a los mandatos de la Corte, sin irrespetarla jamas", insistio Arteaga.
Argumento que la malversacion esta mal sustentada porque "solo el funcionario que tiene a su cargo la administracion de los fondos puede incurrir en ella, no el presidente", quien "solo podria ser participe, si es que acaso dio la orden, pero nunca autor".
El peculado "no existe sin aprovechamiento del dinero, y como la acusacion no prueba en que se gasto, no hay ese delito", amen de que "no pueden coexistir la malversacion y el peculado", senalo.
El presidente de la Corte, Rafael Alfonzo, dijo que dentro de tres dias las partes deberan presentar sus alegato finales por escrito,para entrar en la fase de relacion de la causa, que dura 60 dias.
A continuacion, el ponente -el magistrado Luis Palis- dispondra de 30 dias para elaborar su proyecto de sentencia, que se distribuira a los otros 14 jueces y estos dispondran de 15 dias mas para indicar si aprueban o no el proyecto. (FIN/IPS/hm/dg/ip/95
