Los sindicatos de Guyana se trenzaron en una batalla con el gobierno por una nueva legislacion que reduciria las organizaciones obreras a una dimension que nunca tuvieron.
Los dirigentes obreros aceptan la necesidad de la Ley de Reconocimiento Laboral que obligue al gobierno y a los sindicatos al acatamiento de las normas de regulacion de su conducta, pero el clima de recelo que existe entre las partes ha estancado una negociacion.
El gobierno, por ejemplo, pretende excluir a los bomberos y a los guardiacarceles de la sindicalizacion. Los sindicatos a su vez, aspiran a conservar el derecho tradicional de los asalariados de afiliarse a la organizacion obrera de su eleccion.
Al gobierno le desagrada aparentemente que esa clase de trabajadores tengan derecho a la huelga o a ejecutar otras formas de accion directa, a pesar de que en el pasado esos sectores no se han caracterizado por su combatividad sindical.
Se menciona al respecto que el gobierno del presidente Cheddi Jagan se muestra inseguro sobre la lealtad de los agentes estatales. La burocracia de Guyana esta integrada por una amplia mayoria de trabajadores adeptos al opositor Partido Nacional del Congreso (PNC).
EL PNC goberno Guyana durante 28 anos hasta que perdio el poder en 1992. Durante ese periodo, los activistas y simpatizantes del partido eran recompensados con puestos en la administracion publica.
Jagan no ha podido cumplir sus promesas electorales de incrementos salariales debido a las restricciones que el Fondo Monetario Internacional impone al gobierno. Con ese antecedente, las autoridades temen que una nueva legislacion conceda mas libertad de accion a los sindicatos.
El Sindicato de Empleados Publicos de Guyana, que representa a unos 16.000 agentes estatales, sostuvo que la pretension de excluir a algunos trabajadores de la sindicalizacion es un intento por reducir su influencia en un area vital.
El propio sindicato ha visto menguado su poder con la reduccion reciente de la anterior plantilla de 20.000 empleados publicos, por obra principalmente de la aplicacion del ajuste estructural.
Entre 1988 y 1995, mas de 20 empresas estatales han sido vendidas al sector privado, que no tiene obligacion de acoger a los sindicatos en sus empresas.
Muchas de las empresas privatizadas fueron a parar totalmente a manos extranjeras o parcialmente mediante coinversiones con firmas locales. Varias de las sociedades extranjeras se negaron a reconocer a los sindicatos y han despedido a los trabajadores que intenban organizarse.
El borrador de la polemica ley preve la formacion de una junta de siete miembros encargada del control de la sindicalizacion en el pais. Los sindicatos aceptan el organismo pero cuestionan que el gobierno se reserve la designacion del presidente y de la mayoria de sus miembros.
"Es una mala jugada", sostuvo Patrick Yarde, presidente del sindicato de empleados publicos. "El gobierno retendra para siempre el control del movimiento obrero".
Los sindicatos recuerdan que comenzaron a perder influencia durante el gobierno del ex presidente Forbes Burnham (1964-19850.
Burnham consiguio el control de la central obrera mediante la creacion de numerosos "sindicatos de papel" que con sus votos inclinaron la organizacion a su favor.
En la misma epoca, el gobierno apoyo la accion de grupos armados para atacar a los huelguistas y por otro lado persiguio mediante traslados y aun despidos a los activistas obreros.
En 1978, por ejemplo, los trabajadores de las tiendas estatales Guyana Stores Ltd. fueron a la huelga apoyados por la Union de Empleados de Comercios y Oficinas. El conflicto costo el empleo a 80 trabajadores.
Como resultado de episodios de esa clase, los trabajadores ignoraron los llamados de los sindicatos a las huelgas.
La junta, segun el proyecto de la ley, tendra la capacidad de convocar cada seis meses a una consulta publica para determinar el reconocimiento de cada sindicato.
"Si permitimos eso, los sindicatos terminaran dedicando mas tiempo a la preparacion de esas elecciones y a cuidar sus espaldas que a representar a los trabajadores", observo Yarde.
Aunque el gobierno niega que este procurando tomar el control de los sindicatos, el movimiento obrero cree que el proyecto de ley forma parte de un complot para atomizar a los sindicatos y someterlos a una presion irresistible.
El veterano sindicalista Leslie Melville sostuvo que el origen del proyecto se remonta a los problemas que el gobernante Partido Progresista del Pueblo (PPP) tuvo cuando ocupo anteriormente el poder. En 1963 se registro una huelga general de 80 dias y al ano ano siguiente se produjo una explosion de violencia racial durante una huelga de trabajadores azucareros.
Esos acontecimientos agudizaron la tendencia hacia las politicas raciales y contribuyeron a la caida del PPP y a su alejamiento del poder por 28 anos. (FIN/IPS/tra-en/bw/da/pc/95)
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