El registro del fenomeno de la corrupcion en la lista de los males mayores que afectan a los paises latinoamericanos impone una urgente movilizacion social para detener y contrarestar un flagelo de consecuencias devastadoras.
Una movilizacion que se oriente fundamentalmente hacia el establecimiento de una verdadera etica politica, indispensable para el mantenimiento de un sistema democratico limpio y transparente.
Una etica politica que, mas alla de la necesaria proteccion de los recursos economicos de la nacion, asegure su debida utilizacion y posibilite el desarrollo de nuestros pueblos en un marco de equidad y justicia.
No podemos permitir que la inmoralidad y la falta de etica de la clase politica continue burlando la dignidad y las esperanzas de redencion de amplios sectores sociales, hoy sumidos en extremos niveles de pobreza.
Que duda cabe que la ausencia de esos valores en quienes ejercen la actividad politica sea la causa de la corrupcion y que debido a ello dos mandatarios hayan sido enjuiciados y destituidos, mientras que otro ex presidente soporte la persecucion de la justicia.
Debemos reconocer sin embargo que la alarmante dimension alcanzada por el flagelo no recae unicamente en el sector politico de la sociedad sino que involucra a sus demas miembros.
En efecto, el fenomeno de la corrupcion ha dejado de ser la excepcion de la norma para constituirse en un acto cotidiano que no discrimina jerarquias ni condicion, como tampoco diferencia entre sector publico o privado.
Es inobjetable que la creciente corrupcion en la administracion del Estado es la que mayor costo representa para la vida de una nacion, pues conlleva un efecto altamente nocivo que a mas de menoscabar los valores eticos, atenta contra la institucionalidad democratica.
Empero, el que la administracion publica sea una fuente de corrupcion no significa una exculpacion de responsabilidades en la generacion de actos corruptos al sector privado, ya que en gran parte de los casos, la causa directa de esas acciones dolosas provienen justamente de alli.
Es por esto que debemos admitir que la responsabilidad de la corrupcion no es exclusiva de alguien, sino que las redes del grave fenomeno han envuelto de alguna forma a todos quienes conforman la sociedad.
Pero tambien es justo senalar que los beneficiarios de los actos de corrupcion son unicamente aquellos a los que la sociedad les ha confiado una funcion de servicio y a quienes a cambio de dinero o por influencias obtienen favores y oportunidades que otros en pleno no la tienen.
En todo caso, la gravedad del flagelo de la corrupcion radica en la destruccion de los principios eticos individuales y colectivos, asi como de la fe en las instituciones democraticas.
El impacto que la corrupcion genera en la credibilidad popular sobre las instituciones es directamente proporcional al deterioro del prestigio del sistema politico regional.
Por tanto, no es casual que en la mayor parte de los paises de America Latina, los ultimos lugares de credibilidad los ocupen precisamente los politicos y los partidos junto con los miembros de las instituciones policiales.
Este clima de incredulidad e inseguridad impone una lucha frontal contra el flagelo de la corrupcion con el decidido concurso de gobernantes y gobernados. Nadie puede quedar al margen de esta obligacion etica.
(*) Secretario ejecutivo de ALDH
