Las 24 carceles que existen en Honduras son para los presos una antesala de la pena de muerte, debido al hacinamiento y la lentitud de la justicia en emitir sentencia, reconocio una destacada representante del gobierno de este pais centroamericano.
Registros oficiales indican que de los 8.662 procesados que hay en el pais, apenas 801 han sido condenados, lo que evidencia la fragilidad del sistema justicial.
Gladys Caballero, viceministra de Justicia de Honduras, dijo a IPS que si bien en este pais no se aplica la pena de muerte, la misma no es necesaria porque "los reclusos viven ya su propia pena de muerte".
Como ejemplo, cito casos en los que una persona lleva 18 anos presa sin que se emitiera sentencia y "de pronto un juez le dicta una pena de nueve anos mas, sobre los 18 que ya cumplio".
"Esto para nosotros es insolito, porque si bien estas personas cometieron algun delito, son seres humanos a quienes se les debe respetar sus derechos humanos", anadio.
Para corregir esta situacion, el Ministerio de Gobernacion y Justicia elevo una peticion al Congreso para que se haga justicia a aquellos presos que han sobrepasado los limites de condena sin haber sido sentenciados, pero la iniciativa no prospero.
Segun Caballero, en el Congreso existe una aversion a los delincuentes, "porque desconocen como viven, como comen y que es lo que hacen".
Un retrato de las condiciones en que viven los presos en Honduras lo constituyen la Penitencieria Central de Tegucigalpa y el presidio de Choluteca, en el sur del pais.
Construida en el ano de 1882, la Pentencieria Central cuenta en la actualidad con unos 3.000 reclusos, que sobrepasan ampliamente la capacidad del centro, estimada en 400 personas.
Para ellos, no hay platos para servir la comida, ni mucho menos postre o servilleta, ya que el presupuesto es de solo 0,05 centavos de dolar por cada comida diaria.
En Choluteca, debido al calor de la region, los presos son sacados por tandas al patio del presidio para que puedan dormir en la noche, pues el centro se encuentra desbordado.
Por cada 100 presos hay solo un funcionario de custodia que devenga un salario mensual de 58 dolares, opera con armas antiguas, de la segunda guerra mundial, y se les provee de cuatro balas una vez al mes.
"Los presos no se van porque no quieren, la vigilancia es simbolica, pues estas armas son desechos que dan las Fuerzas Armadas y asi tampoco se puede garantizar una seguridad humana efectiva", comento Caballero.
Funcionarios del Ministerio de Gobernacion comentaron a IPS que recientemente se fugaron dos reclusos del presidio de Choluteca y cuando los guardias quisieron detenerlos no pudieron, porque a uno de ellos se le rompio el arma y a otro no le funcionaron los casquillos de las balas.
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia Rigoberto Espinal Irias indico que Honduras muere todos los dias por diversas causas, pero es sin duda la aplicacion de la ley constituye "su principal talon de Aquiles".
Espinal Irias comento que el caso de los presos es apenas una muestra de la situacion general de la justicia, porque en una sociedad "angustiada por el desempleo, el hambre y la pobreza, la justicia es como un vaso de agua en un desierto" y aseguro que es necesario agilizar la aplicacion de la ley.
"Esto requiere un cambio de mentalidad y reformas constitucionales que impidan a los jueces agachar su cabeza ante el poder economico y politico, como muchos lo estan haciendo actualmente", afirmo.
El magistrado dijo que existe preocupacion en el Poder Judicial por resolver la situacion de los presos, porque lejos de obtener una rehabilitacion se esta "fomentando delincuentes profesionales".
Su preocupacion fue compartida por las autoridades del Ministerio de Gobernacion y Justicia, al afirmar que actualmente las carceles de Honduras no son centros de rehabilitacion, sino que "escuelas del crimen" que amenazan con debilitar aun mas a la sociedad.
El Poder Judicial y los sistemas penitenciarios fue el tema de un reciente seminario convocado por la Universidad para la Paz, de la Organizacion de las Naciones Unidas, con sede en Costa Rica, que desarrolla un programa de cultura de paz y democracia a nivel centroamericano. (FIN/IPS/tm/ag/hd-pr/95
