El Departamento de Defensa de Estados Unidos se niega a entregar unas 60.000 paginas de documentos incautados el ano pasado en Haiti al mas notorio grupo terrorista del antiguo regimen militar, segun denuncio un abogado asesor del presidente Jean-Bertrand Aristide.
La documentacion fue capturada en las oficinas del antiguo grupo llamado Frente para el Avance y el Progreso de Haiti (FRAPH), despues de la intervencion militar que desalojo hace un ano al regimen golpista encabezado por el general Raoul Cedras, cuyas victimas mortales son estimadas en 5.000 personas.
Michael Ratner, un abogado estadounidense defensor de los derechos humanos y asesor legal de Aristide, informo que en una carta del Departamento de Justicia de Estados Unidos se expresa que el Pentagono considera "reservados" esos documentos.
Los abogados dedicados a la defensa de los derechos humanos entienden que esa documentacion es crucial para emprender acciones legales contra antiguos miembros del FRAPH.
La ahora disuelta organizacion paramilitar desato una ola de terror al final del regimen militar, que completo tres anos de ocupacion del poder (septiembre 1991-septiembre 1994), tras haber expulsado a Aristide, elegido libremente en diciembre de 1990.
"Si alguien necesita de verdad esos documentos para limpiar Haiti, ese alguien es el gobierno haitiano, no el de Estados Unidos", afirmo Ratner.
"El FRAPH mantenia sus archivos con suma meticulosidad, por lo cual es probable que esos documentos proporcionen un catalogo completo de sus miembros y sus acciones", explico el abogado.
Ratner anadio que las oficinas del gobierno estadounidense, incluyendo a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), poseen decenas de miles de otros documentos relacionados con las actividades criminales de los jefes militares haitianos y sus aliados paramilitares.
Formado en 1993, el FRAPH organizo y participo en una cadena de asesinatos, violaciones y torturas, segun afirman los grupos humanitarios haitianos e internacionales.
Los abogados sostienen que los documentos retenidos por Estados Unidos son esenciales para los procesos que puedan abrirse contra el FRAPH, pero Washington insiste en que son secretos y no pueden ser entregados en su integridad.
"En relacion a los documentos incautados al FRAPH, el Departamento de Defensa ha indicado que ellos fueron localizados y son conservados por sus servicios, en cantidad aproximada a las 60.000 paginas", escribio el procurador adjunto de Estados Unidos, Mark Nebeker.
Nebeker dirigio una carta de respuesta al ser citado en una accion judicial civil emprendida por un grupo de abogados en representacion del Centro para los Derechos Constitucionales, una organizacion con sede en Estados Unidos.
"Todos esos documentos son reservados y estan escritos en frances", anadio el procurador adjunto en su carta de 18 de septiembre. "El Departamento de Defensa esta revisando el secreto que afecta actualmente a los documentos".
Los abogados que actuan en defensa de los derechos humanos continuan insistiendo en que los documentos son cruciales, no solo para enjuiciar a los supuestos culpables sino tambien para la labor de la Comision Verdad de Haiti, que examina todas las violaciones cometidas durante el periodo militar.
La reclamacion de los documentos se derivo de una demanda civil presentada por el Centro para los Derechos Constitucionales en nombre de Alerte Belance, una haitiana de 33 anos que residia en Puerto Principe.
Unos atacantes armados, supuestamente del FRAPH, la mutilaron y dieron por muerta en octubre de 1993. Pero Belance sobrevivio y pidio asilo en Estados Unidos en 1994.
Despues demando al FRAPH en aplicacion de la Ley de Reclamaciones por Danos para Extranjeros, una ley que otorga a los extranjeros residentes en Estados Unidos una accion legal por la violacion de sus derechos en otro pais.
Bajo dicha ley, cuya sancion fue defendida por el Centro para los Derechos Constitucionales, un tribunal de Miami condeno el ano pasado al ex dictador haitiano general Prosper Avril, al pago de 41 millones de dolares por danos a seis victimas de tortura.
Tambien el general guatemalteco Hector Gramajo fue recientemente condenado a pagar 40 millones de dolares, y el general indonesio Sintong Panjaitan fue asimismo encontrado culpable de violaciones a los derechos humanos en Timor Oriental.
En el curso de la demanda de Belance, los abogados del Centro para los Derechos Constitucionales, incluido Ratner, hicieron citar a varias dependencias del gobierno de Estados Unidos -tales como el Departamento de Estado y la CIA- en busca de documentos relacionados con el FRAPH. (FIN/IPS/tra-en/dc/mk/arl/ip-hd/95
