Argentina, Colombia y Peru tienen algo en comun. En los tres paises, la gran mayoria de los ciudadanos coincide en desconfiar de los partidos politicos, principalmente porque asocia el financiamiento de sus actividades con la corrupcion o el narcotrafico.
Segun un estudio realizado por la encuestadora argentina Graciela Romer, por encargo del Partido Democrata de los Estados Unidos, 80 por ciento de los argentinos, peruanos y colombianos consultados desconfian de sus partidos, aun cuando reivindican el regimen democratico.
La percepcion parece corroborada por los hechos. Peru, Brasil y Venezuela primero, y ahora Colombia y Ecuador, tuvieron o tienen presidentes y vicepresidentes en la cresta de una ola de denuncias casi siempre vinculadas al origen oscuro de los recursos con que solventan sus campanas electorales u otros gastos.
Alan Garcia, ex presidente de Peru, Fernando Collor, de Brasil, y Carlos Andres Perez, de Venezuela, tuvieron que renunciar al gobierno al no poder explicar el origen de los fondos con que llegaron al cargo.
En Colombia es al presidente Ernesto Samper a quien le toca ahora dar explicaciones sobre el dinero obtenido. Lo mismo le scuede al vicepresidente de Ecuador, Alberto Dahik.
"En Argentina, la desconfianza surge de la distancia cada vez mayor que se abre entre representantes y representados, en tanto que los problemas derivados de la relacion dinero y politica no tuvieron la trascendencia que han tenido en Brasil o Colombia", explico a IPS la abogada Delia Ferreira, especializada en partidos politicos.
Eso no significa que en Argentina no hayan existido denuncias. En 1991, el empresario Jorge Born aseguro haber aportado tres millones de dolares a la campana del presidente Carlos Menem, de los cuales el tesorero de campana admitio haber recibido solo 700 mil.
El mismo Born revelo haber aportado dos millones de dolares al principal rival de Menem de entonces, el radical Eduardo Angeloz. Pero los cajeros del candidato juraron que solo ingresaron 500.000 dolares a sus arcas.
La corrupcion en estos casos, no se deriva del compromiso que se genera entre donadores y beneficiarios sino del simple desvio de fondos hacia bolsillos particulares.
Tambien miembros de la familia de Meenem y algunos de sus principales colaboradores fueron objeto de denuncias.
"Entre 1991 y 1993 surgieron casos de corrupcion vinculados al origen y uso de los fondos de los partidos en Francia, Inglaterra, Japon, Mexico, Brasil e Italia", recordo Ferreira, autora del informe "Dinero y politica, debate sobre financiamiento de los partidos politicos".
Luego las denuncias se extendieron a Venezuela y actualmente es en Ecuador y Colombia donde los gobiernos enfrentan graves acusaciones por cifras millonarias.
"El problema no es nuevo, pero se plantea hoy con mayor intensidad por los costos de las campanas, que se incrementaron notablemente y obligan a los partidos a recaudar grandes sumas de dinero", admitio la letrada.
Sin embargo, subrayo que el tema no es solo la importante cantidad de dinero que se invierte, sino tambien el dato de quien lo aporta y que recibe a cambio de su donacion.
El presidente colombiano, a quien se acusa de haber recibido seis millones de dolares del narcotrafico para su campana, aparece en este sentido como el mas comprometido en la hipotesis de Ferreira.
En respuesta a los escandalos derivados de la relacion dinero y politica, los paises elaboraron diversas leyes que tienden a hacer mas transparente la actividad, sobre todo en el capitulo referido al movimiento de fondos.
Pero la realidad muestra que los mecanismos de control son burlados y resultan por tanto ineficaces para detectar irregularidades o para alcanzar una verdadera transparencia en cuanto a los ingresos y gastos de los partidos politicos.
Actualmente, en Argentina existe una ley que adopta el sistema mixto. Acepta donaciones privadas y publicas, impone mecanismos de control a los que los partidos deben someterse y sanciones para los casos de incumplimiento.
No establece limites a las donaciones privadas, y se autoriza a los donantes a conservar el anonimato. Si los partidos reciben donaciones ilegales deberan pagar multas, y lo mismo el empresario o asociacion que entregue el aporte.
El aporte publico surge del presupuesto nacional, a razon de un dolar por cada voto obtenido en las ultimas elecciones, mas algunas franquicias de servicios.
No obstante, la justicia federal, encargada de fiscalizar los balances, los aprueba a libro cerrado, un comportamiento que deja a las finanzas del partido en cuestion a resguardo de la opinion publica.
En las ultimas semanas, Menem anuncio que su gobierno se propone como desafio inmediato impulsar una reforma politica para devolver prestigio a la actividad haciendola mas transparente en sus dos pilares: el sistema de financiamiento partidario y el sistema electoral.
El ministro del Interior, Carlos Corach, convoco a los partidos a debatir proyectos en danza que preven la identificacion de aportantes privados, los limites fijos de gastos para cualquier candidato, la publicacion inmediata de los balances de gastos y un control mas efectivo.
Pero Ferreira desconfia de la voluntad reformista.
"Desde el primer ministro del Interior que tuvo Menem hasta el actual se anunciaron reformas y se convoco al debate a organizaciones de ciudadanos, partidos y academicos, pero siempre fue a partir de algun escandalo de corrupcion y pasado el escandalo y el ministro no quedaron en nada", dijo.
La abogada destaco que un impulso al cambio puede provenir en cambio de la conducta que esta mostrando una nueva fuerza de centroizquierda, el Frente Pais Solidario, que obtuvo el segundo lugar en los comicios presidenciales de este ano con la candidatura del senador Jose Bordon.
Tanto en las presidenciales como en las elecciones del fin de semana pasado en Buenos Aires para cubrir un cargo de senador, que les dieron el triunfo, el Frente difundio de inmediato los ingresos que recibio para su campana, discriminados entre publicos y privados, y los gastos que concreto.
Este comportamiento, que representa un cambio que va en el sentido de lo que la opinion publica parece demandar, implica un cambio de fisonomia partidaria muy importante, remarco. (FIN/IPS/mv/dg/ip/95
