Una propuesta del gobierno de Brasil para saldar el tema de los desaparecidos durante la dictadura militar fue criticada por los familiares de las victimas, al no contemplar la necesidad de aclarar las circunstancias en que esas personas fueron secuestradas.
Los familiares se negaron a aceptar la indemnizacion sugerida por el gobierno en tanto no se precise "donde, como, cuando y por quien" los desaparecidos fueron asesinados, dijo a IPS Cecilia Coimbra, presidenta del Grupo Tortura Nunca Mas de Rio de Janeiro.
El Ejecutivo enviara en los proximos dias al Congreso un proyecto en el que se reconoce como muertos a los 152 desaparecidos politicos durante el regimen militar (1964-1985) y se permite la obtencion de certificados de defuncion y de indemnizaciones por parte de sus familiares.
En dos puntos "seguiremos haciendo hincapie: la investigacion de las circunstancias de las desapariciones y la inclusion en las listas de las personas muertas en la tortura", indico Coimbra.
Destaco que existen registros de que durante la dictadura militar fueron asesinadas 217 personas.
Muchos de los que la policia senalo como muertos "en tiroteos" fueron en realidad asesinados en prision, por tortura o ejecucion. "Hay documentos y testigos que lo comprueban", subrayo Coimbra.
Las organizaciones de derechos humanos abogan por la creacion de una comision especial para investigar y esclarecer las circunstancias de esos crimenes.
Esa instancia seria coordinada por el ministro de Justicia e integrada por representantes de la Fiscalia, del parlamento, de familiares de las victimas y de organizaciones civiles como el Colegio de Abogados.
La comision podria recabar testimonios, examinar documentos y exhumar cadaveres, ademas de determinar indemnizaciones.
El jefe de gabinete del Ministerio de Justicia, Jose Gregori, autor del proyecto, rechazo la posibilidad de abrir investigaciones, argumentando que para eso seria necesario "revisar la ley de amnistia de 1979".
La propuesta fue presentada a los jefes de las Fuerzas Armadas antes de ser llevada al presidente Fernando Henrique Cardoso para su envio al Congreso.
Gregori, que en el pasado se destaco como abogado de presos politicos y defensor de los derechos humanos, "consulto a los militares, pero no a los familiares de los desaparecidos", observo Coimbra.
En su version inicial, el proyecto era "aun peor", porque solo establecia la "muerte presunta" de los desaparecidos y fijaba indemnizaciones a sus familiares.
El proyecto actual supuso un "muy escaso avance", es "muy timido", opino Coimba. Las indemnizaciones constituyen solo "un tapa bocas", destinado a que las organizaciones humanitarias y los familiares callen, afirmo.
El gobierno no reconoce como muertos a 16 desaparecidos, en razon de que 13 de ellos estaban en otros paises cuando fueron vistos por ultima vez (siete en Argentina, cinco en Chile y uno en Bolivia) y de tres solo se conoce sus apodos.
Esa "discriminacion" fue criticada por Nilmario Miranda, presidente de la Comision de Derechos Humanos de la Camara de Diputados, para quien esos desaparecidos eran exiliados politicos y en su secuestro tuvieron participacion militares y policias brasilenos.
Norton Guimaraes, hermano de uno de los desaparecidos, el ex presidente de la Union Nacional de Estudiantes Honestino Guimaraes, destaco la necesidad de "juzgar y condenar a quienes torturaron y asesinaron", porque ese tipo de crimenes "no puede ser amnistiado".
El movimiento en favor del esclarecimiento completo de la situacion de los desaparecidos logro enviar al parlamento a un diputado, Nilmario Miranda, para quien ofrecer indemnizaciones sin que esten acompanadas de una "reparacion moral" constituye una "humillacion".
Por reparacion moral Miranda entiende la aclaracion de las circunstancias en que las victimas desaparecieron y su reconocimiento como perseguidos politicos. Muchos de ellos fueron calificados de criminales por las autoridades de la epoca y en algunos casos se los sepulto como indigentes.
Tortura Nunca Mas reclama tambien que el Estado asuma la responsabilidad por los asesinatos politicos, la busqueda de los restos de los desaparecidos, la apertura de los archivos secretos de la represion, incluso militares, y la exclusion de los cargos de confianza en el gobierno de los responsables de torturas y muertes. (FIN/IPS/mo/dg/ip-hd/95
