Guatemala es uno de los paises de mayor evasion fiscal del mundo, pero cuando se trata del "impuesto de guerra" muy pocos se atreven a desafiar las implacables reglas del juego, pese a que no existen sanciones para los evasores.
El presidente de la Camara del Agro, Humberto Pretti, definio ese gravamen como un cobro que impone la guerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) a los terratenientes, a cambio de no atentar contra su vida o danar sus propiedades.
"Es un mal llamado impuesto. No tenemos por que llamarlo asi, porque los impuestos los pagamos a los que nos defienden y no a los que nos agreden", senalo.
La hacienda Baldepenas, ubicada en Taxisco, en el departamento de Santa Rosa, podria servir de ejemplo de las represalias ejercidas por supuestos miembros de la guerrilla contra quienes se niegan a efectuar ese pago.
Un dia "vino un guerrillero que se identifico como el comandante Egidio a solicitarme medio millon de quetzales (87.000 dolares) como una contribucion a la causa de la paz", explico a IPS el administrador del establecimiento, Alfonso Solorzano.
"Como nos negamos a pagar se presento un grupo fuertemente armado, reunio a los trabajadores de la hacienda en un galpon y quemo la casa patronal, mi casa de habitacion, dos tractores, un vehiculo y mataron dos vacas", indico.
Desde ese incidente, producido en mayo, Solorzano se hace acompanar por cinco efectivos de seguridad armados con fusiles Galil y M-16 para atravesar los solitarios caminos que conducen a la hacienda.
IPS, que arrivo al lugar en un vehiculo escoltado por esos guardaespaldas, que se identificaron como del "cuerpo de seguridad del ejercito para el agro", pudo constatar los danos denunciapos.
Las modalidades de peticion de este peculiar impuesto varian en cada region, senalo Pretti. Una de ellas es una carta con supuesto membrete de la URNG en la que se solicita "una contribucion voluntaria para la paz".
Una de esas cartas, a la que tuvo acceso a IPS, explica que al sector agropecuario le corresponde jugar un papel protagonico en la busqueda de mejores condiciones de vida.
En el mensaje, los supuestos guerrilleros solicitan a los empresarios que observen condiciones laborales y salariales decentes para sus trabajadores y "una colaboracion economica para sufragar los gastos que impone la lucha politica y la propaganda".
Indican que el empresario no debe "tener ninguna preocupacion en el plano personal o el de su familia". "En caso de no encontrar respuesta positiva entenderemos que no tiene interes en mantener buenas relaciones con nosotros", aclara.
La Mision de Naciones Unidas para la Verificacion a los Derechos Humanos en Guatemala (Minugua), encargada de vigilar el cumplimiento de los acuerdos de paz entre gobierno y guerrilla, recibio 12 denuncias de hacendados referidas al pago del impuesto de guerra.
"Detectactamos que en algunos casos hay responsabilidad de la URNG", explico Gerald Plantegenest, director adjunto de la mision.
"Pero no descartamos que haya terceras personas que haciendose pasar por miembros de la URNG incurran en amenazas para el cobro de este denominado impuesto de guerra", aclaro.
Durante una reunion que sostuvieron los directivos de Minugua con la comandancia guerrillera, el dia 16, la organizacion insurgente nego ser responsable de todos los casos presentados.
"Por otro lado nos reiteraron su concepcion de que el impuesto de guerra es una contribucion voluntaria", dijo Juan Yague, asesor militar de la Mision.
Al jefe guerrillero Timoteo Navarijo, detenido desde abril en una carcel comun, se le imputan entre otros cargos el delito de cobro del impuesto de guerra.
Desde el Centro Preventivo de la Zona 18, Navarijo explico a IPS la idea del impuesto de guerra, tambien utilizado por otros movimientos revolucionarios latinoamericanos y de fuera de la region.
"Es una colaboracion economica voluntaria que se pide a los senores que tienen dinero, que se utiliza para los gastos colectivos de la organizacion", senalo.
El jefe guerrillero nego que la URNG incurra en amenazas o represalias para procurarse esos recursos.
En cambio atribuyo esas practicas a "delincuentes comunes que han usado el nombre de la organizacion revolucionaria para sus propios intereses y hasta ponen tarifas y fechas fijas para el cobro y hasta matan" a los hacendados.
Navarijo subrayo que la guerrilla "busca al senor propietario y trata de convencerlo de la necesidad que hay de la subsistencia de una organizacion que lucha por cambios reales".
"A final de cuentas nos vamos a beneficiar todos", agrego.
Aunque la mayoria de los duenos de fincas agricolas y hacendados no denuncian el cobro del impuesto por temor a represalias, se estima que en los ultimos meses han pagado mas de 12 millones de dolares por ese concepto.
La Camara del Agro esta dispuesta a llegar hasta las ultimas consecuencias para impedir esa practica.
"Si los afectados lo solicitan, incluso se interpondran juicios para sancionar a los culpables", enfatizo Pretti. (FIN/IPS/ff/dg/ip/95) – – –