La ley de amnistia promulgada recientemente por el gobierno del presidente Alberto Fujimori en favor de militares, policias y civiles comprometidos con violaciones a los derechos humanos, constituye una grave afrenta para la sociedad peruana y la comunidad internacional.
En efecto, la referida ley transgrede todo principio de justicia y conculca el derecho de las victimas y familiares a demandar el esclarecimiento de los hechos, el establecimiento de la verdad y la imposicion del castigo a los responsables de los abusos y crimenes cometidos.
Por tanto, la misma ley de amnistia se ha convertido en una nueva forma de violacion a los derechos humanos y, consecuentemente, en un acto que contraria los principios constitucionales y convenios internacionales sobre derecho humanitario que el gobierno peruano esta obligado a cumplir.
La malhadada ley pretende poner en libertad y substraer la responsabilidad a quienes cometieron crimenes de lesa humanidad, delitos que el derecho humanitario internacional ha senalado como imprescriptibles y no sujetos a amnistias.
No se pueden obviar los principios de la Declaracion de los Derechos Humanos, peor aun lo establecido en los convenios internacionales que en esta materia ha suscrito el Estado peruano, pues forman parte del ordenamiento juridico de la nacion.
Tampoco se puede ignorar que las normas derivadas de los tratados internacionales por su concepcion y ambito, prevalecen sobre leyes de amnistia promulgadas para amparar a los responsables de este tipo de delitos.
Es necesario tener siempre presente que la ley es un acto juridico, emanado de la voluntad unilateral de un Estado a traves de los organos colegisladores.
El tratado internacional, por su parte, es un acto juridico bi o multilateral que depende de la voluntad de diversos Estados y que uno de ellos no puede, unilateralmente, dejar sin efecto las obligaciones y derechos que emanan del tratado.
En otro aspecto, la amnistia dispuesta en Peru ha incurrido en el absurdo de pretender beneficiar indiscriminadamente a violadores de los derechos humanos y a involucrados en actos relacionados con la libertad de expresion.
Es decir, el recurso legal absuelve tanto a los autores de crimenes y masacres como a quienes estan implicados en el intento de golpe contra el actual mandatario peruano y, a los militares acusados de criticar el desempeno de las Fuerzas Armadas durante el conflicto belico con Ecuador.
Esto hace evidente que con la promulgacion de la amnistia solo se intenta cubrir con un manto de impunidad las atrocidades cometidas a partir de mayo de 1980, como el asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la universidad de la Cantuta o la masacre de 16 personas en los Barrios Altos y mas acciones violatorias a los derechos humanos.
Igualmente resulta claro que detras de la apresurada medida se advierte la presion militar, lo cual determina, de alguna manera, una marcada influencia del alto mando castrense en las decisiones del gobierno.
Las declaraciones de los sectores oficiales del gobierno en el sentido de que la ley de amnistia fue concedida como una solucion politica, en servicio de la paz y la reconciliacion nacional, aparecen poco fundamentadas.
Pues, contrariamente a los propositos de reconciliacion social que supuestamente inspiran la formulacion de semejante recurso de impunidad, esto solo genera una conflictividad mayor y el justo repudio a una practica que lamentablemente se ha generalizado en la region.
Es suficiente mirar como las leyes de amnistia que procuraban el perdon y olvido a los crimenes cometidos en los anos oscuros de las dictaduras militares en Argentina, Chile o en los paises de America Central, no han logrado ese objetivo, mucho menos el de la reconciliacion social.
Por el contrario, los indultos y amnistias mantienen vivo el rencor social, tanto por la injusticia que prevalece como por la impunidad que los rodea.
Peru, Argentina, Chile y otras naciones de America Latina estan compelidas a buscar la reconciliacion de sus sociedades a traves del pleno ejercicio de la justicia y no mediante leyes de impunidad, a las cuales mas bien debemos combatir para fortalecer la justicia y la democracia. (FIN)
(*) Secretario Ejecutivo de ALDH
