En una resolucion inedita en los casos de violaciones a los derechos humanos en Argentina, la justicia dispuso un embargo sobre documentacion referida a la suerte final de los desaparecidos y obligo al Estado a confeccionar un inventario de la informacion que preserve.
La justicia federal respondio asi al pedido de un grupo de familiares de desaparecidos, quienes reclamaron la medida precautoria en la presuncion de que el gobierno esta ocultando informacion o dando respuestas falsas a los pedidos de informes sobre el destino de las victimas.
Los familiares de solo 17 de los entre 10.000 y 30.000 desaparecidos en Argentina comenzaron el juicio para conocer la suerte corrida por las victimas a fines de 1989, tres meses despues del indulto del presidente Carlos Menem a los ex comandantes de la dictadura militar (1976-83).
El perdon a los jefes militares condenados por violaciones a los derechos humanos y las anteriores leyes de "punto final" y obediencia debida que liberaron de proceso a centenares de sus subordinados, impiden el enjuiciamiento de los responsables de la represion ilegal.
Sin embargo, los familiares reclaman que el Estado brinde informacion veraz sobre la suerte corrida por sus victimas y, para ello, demandan un pormenorizado detalle de todo el aparato represor montado por las Fuerzas Armadas y las diversas instituciones gubernamentales.
Ademas del pleito que ya lleva seis anos, los demandantes tuvieron este ano un fuerte respaldo de la Comision de Derechos Humanos de la Organizacion de las Naciones Unidas.
La Comision urgio al gobierno argentino a "proteger y presentar en juicio toda la informacion que obre en su poder en relacion a personas desaparecidas".
En respuesta a la primera presentacion, el gobierno de Menem remitio a los abogados al Informe Final de la dictadura, en la que se anuncio la destruccion de toda la informacion sobre la llamada "guerra sucia".
Pero este martes los abogados y una delegacion de familiares denunciaron que tanto la Cancilleria como el Ministerio del Interior y el de Defensa, podrian estar ocultando informacion que ellos saben existente.
Los letrados Alberto Pedroncini y Boris Pasik revelaron que con el advenimiento democratico, en 1983, la cartera de Interior ordeno la confeccion de un sumario sobre personas desaparecidas. El documento de 700 hojas se termino en 1992 y se remitio copia a un juzgado.
Sin embargo, cuando el juez que lleva el caso de los familiares pidio la informacion, el ministerio declaro que los documentos se habian "extraviado".
Al pedirse colaboracion al juzgado que recibio la copia en resguardo, la jueza Maria Servini de Cubria -severamente cuestionada por su parcialidad en diversas causas que afectaban al gobierno- solo presento una hoja con la denuncia de robo del expediente.
Lo mismo ocurrio con la informacion solicitada a la Cancilleria. Cuando se abrieron los llamados "archivos del horror" en Paraguay, que contenian informacion sobre la represion durante la dictadura de 35 anos del general Alfredo Stroessner, se supo del secuestro de siete argentinos.
Los archivos paraguayos revelaron la existencia del "Plan Condor" por el cual las dictaduras del Cono Sur (Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay) se respaldaban entre si, razon por la cual los siete detenidos ilegalmente fueron entregados a militares argentinos que los hicieron desaparecer.
Pese a que la Cancilleria esta obligada a investigar la suerte corrida por argentinos secuestrados en el exterior, ese ministerio aseguro no tener informacion de esos casos.
Tambien el Ministerio de Defensa niega la existencia de las actas de las sucesivas juntas militares que gobernaron en Argentina, que segun informacion del ministro en el cargo durante la gestion del ex presidente Raul Alfonsin (1983-89), estaban bajo su poder.
El Ejercito es la otra institucion que asegura no tener datos, pese a que los familiares consiguieron un listado elaborado por un jefe de la policia de la provincia de Cordoba, a pedido del III Cuerpo de Ejercito con sede en esa provincia, antes de que se destruyan los documentos.
El informe policial, que hace suponer a los demandantes que existen otros, consta de un resumen del material a destruir, en el cual se menciona cada una de las localidades de la provincia y se indica el numero de personas con pedido de captura considerados "blancos" por los militares.
"Surge de estos antecedentes que el Estado ha efectuado actos de destruccion de documentos, pese a lo cual se han podido localizar elementos cuya preservacion es necesario asegurar", resolvio el juez Osvaldo Guglielmino.
Para esa preservacion, el juez ordeno no innovar en la condicion juridica y material de todo documento relacionado con los desaparecidos.
Al mismo tiempo, reclamo a los funcionarios de las carteras de Interior y Defensa y al Estado Mayor del Ejercito que confeccionen un inventario de la informacion que poseen para remitirlo al juzgado.
Pedroncini estimo que si despues de esta resolucion judicial no se reconstruye la verdad es porque no hay voluntad politica para hacerlo. "Debemos destruir este mecanismo perverso de la cultura de la impunidad", dijo.
"No pedimos que se condene a los responsables porque sabemos que las leyes los protegen, pero pedimos que se condene al Estado a dar informacion para que se conozca la verdad", reclamo el otro letrado.
No obstante, ambos admitieron que estan estudiando la posibilidad de pedir la nulidad del indulto, por considerar que los hechos posteriores mostraron que fue la base para el delito de ocultamiento de la verdad, y que pediran tambien la anulacion de las leyes de obediencia debida y punto final.
"Aun sabiendo que podemos perder, vamos a reclamar la anulacion de esas leyes, no su derogacion", dijo Nora Cortinas, de la agrupacion Madres de Plaza de Mayo. Cortinas hizo la diferencia pues la derogacion no quita el beneficio a los militares que ya lo obtuvieron.
Otra madre de una victima, Sara Israel, reivindico el derecho de los familiares a conocer el paradero final de las victimas, un reclamo que cobro fuerza a partir de las leyes que pusieron fin a los enjuiciamientos militares.
"Sabemos que hubo 365 campos clandestinos de detencion en todo el pais. Esa es tierra que arde porque alli se sembro tortura y muerte. Queremos saber adonde fueron a parar aquellos que pasaron por esos campos", reclamo.
Del mismo modo se manifesto Jaime Steimberg, padre de un conscripto desaparecido en 1977 cuyo paradero fue conocido hace poco mas de un mes, cuando un ex suboficial arrepentido confeso que habia sido arrojado vivo al mar.
"A mi y a mi esposa nos consuela saber donde esta la tumba de nuestro hijo, pero no nos conforma, porque hemos luchado 19 anos para saber la verdad y vamos a seguir haciendolo hasta que se esclarezca cada uno de los casos de los miles de desaparecidos", aseguro. (FIN/IPS/mv/dg/hd/95
