El resurgimiento de la tension etnica impide en Burundi el senalamiento de responsabilidades por la matanza de 50.000 personas en 1993, segun cree el gobierno, que previamente habia solicitado ayuda a la ONU para realizar la investigacion.
Dieciocho meses despues de la masacre, tambien la ONU (Organizacion de Naciones Unidas) se muestra vacilante respecto del modo de apoyar el esfuerzo de la fragil coalicion de gobierno de Burundi por mantener la paz.
Junto con grupos de derechos humanos, las autoridades de Burundi habian solicitado a la ONU la investigacion de la tentativa de golpe de estado de octubre de 1993, que costo la vida al presidente Melchior Ndadaye y desencadeno la violencia entre las etnias hutu y tutsi.
"Hace 18 meses que las autoridades de Burundi pidieron la investigacion, y todos aquellos con quienes he hablado en ese pais creen necesario realizarla para acabar con la impunidad", declaro Andrew Clapham, representante de Amnistia Internacional en la ONU.
"Nadie es llevado ante la justicia, pese a que los asesinatos continuan, y esa situacion aumenta la tension", dijo Clapham, y Tharcisse Ntakibirora, embajador de Burundi ante la ONU, admitio que "la impunidad se ha generalizado" en su pais.
Ntakibirora acepto que la investigacion de atrocidades puede tener efecto positivo en El Salvador o Sudafrica, pero no en Burundi, donde a su juicio, la revision del pasado podria agravar la situacion presente.
La tension se ha extremado y la semana ultima, el presidente Sylvestre Ntibantuganya impuso el estado de emergencia.
Mienrtras, el brasileno Paulo Pinheiro, enviado especial del secretario general de la ONU, Boutros Boutros-Ghali, visita Burundi con el cometido de preparar un informe sobre las condiciones en que se encuentra el pais.
La fragil estabilidad del gobierno de Ntibantuganya descansa en la alianza de partidos representantes de los hutu y los tutsi, y cada grupo desea proteger a su tribu respectiva frente a la eventualidad de senalamiento de culpables por los hechos de 1993.
La etnia hutu, ampliamente mayoritaria, atribuyen a los tutsi el asesinato de Ndadaye, que fue el primer presidente burundiano surgido de elecciones libres.
A su vez, los tutsi, que controlan el ejercito y el poder judicial, acusan a los hutu de la sangrienta venganza que siguio a la muerte del presidente.
Con la masacre todavia frescas en la memoria colectiva, quiza "no seamos capaces de decir la verdad y solo la verdad", advirtio Ntakibirora.
Dos embajadores enviados por la ONU a Burundi en mayo de 1994, el noruego Martin Huslid y Simeon Ake, de Costa de Marfil, indicaron dos opciones para investigar el caso: la primera, la instalacion de un tribunal internacional, y la segunda, la actuacion del poder judicial burundiano con respaldo del foro mundial.
El informe de Huslid y Ake fue publicado en marzo de este ano, despues de permanecer retenido durante diez meses por funcionarios de la ONU, y ninguna de sus recomendaciones ha sido seguida.
En su lugar, Boutros-Ghali sugirio crear una "comision de la verdad", al estilo de la que investiga violaciones de derechos humanos en El Salvador, pero la propuesta fue rechazada por el gobierno de Burundi.
Ntakibirora pidio a Boutros-Ghali que acepte la segunda opcion manejada por Huslid y Ake, para fortalecer el sistema judicial de Burundi.
El diplomatico argumento que la determinacion de un codigo de conducta para la investigacion de la masacre, y el asesoramiento de un equipo internacional de magistrados podrian ayudar al sistema judicial de Burundi a lograr la confianza de la sociedad.
Asi mismo, advirtio que la comunidad internacional no ha ayudado a su gobierno a enfrentar la amenaza que representan los responsables del genocidio de Ruanda, que tras ser derrotados en la guerra del ultimo ano, se establecieron en Burundi y en otros paises.
Agencias de la ONU han advertido que los extremistas hutu acusados del asesinato de casi un millon de personas en Ruanda reorganizan su ejercito en naciones vecinas con el proposito de invadir su pais. (FIN/IPS/tra-en/fah/jl/ff/af hd ip/95
