Colombia y Guatemala, donde la pena de muerte no esta prevista en las leyes nacionales, presentan altos indices de ejecuciones extrajudiciales.
Esa forma de violacion al derecho a la vida, considerada por Cesar Verduga, presidente de la Asociacion Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU), como "la otra cara de una pena de muerte no declarada", causo en ambos paises mas de 1.000 victimas en 1994.
La organizacion humanitaria Amnistia Internacional incluyo a Colombia entre los paises con mayor numero de ejecuciones extrajudiciales en el mundo, junto a Irak, Sri Lanka, Zimbaue, Turquia y Marruecos.
Esa practica llevo en los ultimos 25 anos a la muerte de mas de un millon de personas en el planeta.
El informe de Amnistia sobre desapariciones forzadas y homicidios politicos en Colombia senala como blanco particular de esos procedimientos a integrantes de la guerrilla y sus presuntos simpatizantes.
Pero la mayoria de ellos concierne a miembros de grupos legales de oposicion, dirigentes sindicales, maestros, campesinos, periodistas, investigadores y lideres de comunidades indigenas, asesinados en el marco de operaciones de contrainsurgencia de las Fuerzas Armadas o de paramilitares.
Un informe oficial de 1994 confirma las aseveraciones del organismo humanitario.
En abril de 1994, por ejemplo, la Comision Andina de Juristas demostro como en un area rural del central departamento de Ibague un menor asesinado por unidades militares fue luego mostrado como muerto en un combate con la guerrilla.
Algo similar sucedio en ese mismo mes con el campesino, Miguel Angel Barbosa, asesinado por soldados en una zona rural de Norte de Santander (en el este del pais) y presentado posteriormente como un integrante de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) muerto en combate.
Casos como estos, segun una fuente de la Comision Andina de Juristas, "no son hechos aislados sino un patron persistente de violencia".
Solo entre enero y diciembre de 1994, 11 de las 767 muertes violentas atribuidas a las Fuerzas Armadas presentaron caracteristicas parecidas al asesinato del campesino Barbosa.
Segun la Comision Andina de Juristas, durante 1994 se registraron en Colombia 3.146 asesinatos pos causas politicas o presumiblemente politicas.
Entre los responsables de esos hechos aparecen, ademas de soldados, integrantes de grupos paramilitares, escuadrones de la muerte, miembros de "milicias populares" y guerrilleros, asi como narcotraficantes.
Sonia Zambrano, investigadora de la Comision, senalo que pese al cambio de actitud mostrado por el gobierno de Ernesto Samper, la situacion de violacion a los derechos humanos no ha presentado variaciones sustanciales en el primer semestre de este ano.
Samper, quien asumio el gobierno el 7 de agosto de 1994, reconocio que en el pais existe una "grave situacion" en materia de violacion de los derechos humanos.
Sin embargo, en los primeros seis meses de su gobierno, segun cifras del Centro de Investigaciones y Cultura Popular (CINEP), se registraron 652 casos de violaciones, que dejaron 1.578 victimas.
Agentes del Estado fueron senalados como responsables de 114 ejecuciones extrajudiciales y 18 desapariciones forzadas.
En Guatemala, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado atribuye las violaciones esencialmente a las Fuerzas Armadas y a los grupos paramilitares de ultraderecha.
De los 1.877 casos de violencia registrados en 1994 en ese pais centroamericano, 356 correspondieron a ejecuciones extrajudiciales, indica, atribuyendo la mayor parte de los casos a motivaciones politicas o presumiblemente politicas. (FIN/IPS/yf/dg/hd-ip/95
