El gobierno de Chile rechazo hoy la propuesta de que las Fuerzas Armadas participen en la lucha contra el narcotrafico, formulada por el senador derechista y general retirado Bruno Siebert.
El ministro de Defensa, Edmundo Perez, senalo que "no es conveniente" que los militares se involucren en la represion de las drogas, materia que de acuerdo a las leyes corresponde a cuerpos especializados de las policias civil y uniformada.
Siebert, quien fue ministro del regimen dictatorial del general Augusto Pinochet (1973-90), sostuvo en declaraciones a un diario de Santiago que el narcotrafico se ha convertido en una amenaza para la seguridad nacional.
El general retirado, parlamentario del partido Renovacion Nacional, planteo el despliegue permanente de tropas en las fronteras con Peru y Bolivia, en el extremo norte de Chile.
Desde ambos paises limitrofes ingresan a territorio chileno partidas de clorhidrato de cocaina y sobre todo de pasta base de cocaina, droga cuyo consumo registra una tendencia ascendente, particularmente entre los jovenes.
La droga afecta a 10 por ciento de la poblacion, lo cual significa que Chile sufre una virtual invasion foranea "que ya ha ocasionado mas danos humanos y materiales que una guerra convencional", afirmo el senador.
El rechazo del ministro de Defensa a la propuesta de Siebert responde a la politica del gobierno de Eduardo Frei de dedicacion exclusiva de las Fuerzas Armadas a sus labores profesionales, sin implicarlas en funciones propias de la policia.
El tema del narcotrafico acaparo la atencion noticiosa esta semana, en medio de denuncias y polemicas que involucran a parlamentarios, a la policia y a funcionarios del Poder Judicial.
La Corte Suprema de Justicia ordeno este miercoles la destitucion de Juan Barros, juez titular de un juzgado del crimen de Santiago donde trabajaban dos actuarios detenidos la semana pasada bajo cargos de corrupcion y narcotrafico.
El maximo tribunal designo como juez especial de instruccion a la magistrada Sonia Araneda, quien investigara las denuncias sobre complicidad con narcotraficantes en por lo menos cuatro juzgados criminales de Santiago.
Las denuncias aluden a retrasos en las causas de trafico de drogas, excarcelaciones injustificadas de narcotraficantes e incluso consumo y trafico de drogas entre empleados de los tribunales.
Con el proposito de dar transparencia a la lucha contra el narcotrafico y despejar sospechas de corrupcion, el gobierno dispuso que la destruccion de drogas incautadas se hara en el futuro ante los medios de comunicacion.
El vicepresidente Carlos Figueroa instruyo en ese sentido al ministro de Salud, Carlos Massad, cuya cartera debe recibir e incinerar las sustancias sicotropicas y estupefacientes capturadas por la policia.
Entre la poblacion se plantean con frecuencia sospechas de que las drogas incautadas no sean destruidas en su totalidad y que los propios policias o los empleados encargados de la incineracion realimenten a las mafias vendedoras.
El diputado socialista Juan Pablo Letelier afirmo el miercoles que la policia se preocupa casi exclusivamente de capturar a consumidores de drogas sin actuar contra los grandes grupos de traficantes.
El director general de la policia civil, Nelson Mery, senalo que su institucion esta "dolida" por las declaraciones de Letelier.
Letelier y otros diputados y dirigentes de partidos de izquierda de la gobernante Concertacion por la Democracia han planteado que debe legalizarse en Chile el consumo de marihuana.
Esta idea choca con el rechazo de la oposicion derechista, del gobierno y de la mayoria del cuadro directivo de la Democracia Cristiana, principal partido de la coalicion oficialista. (FIN/IPS/ggr/dg/dn/95
