El gobierno de Venezuela rechazo la pretension de Colombia de que indemnice a los campesinos que desaloja de su noroeste, mientras altas autoridades de ambos paises viajaron a la frontera en medio de tension creciente.
Pompeyo Marquez, ministro de Asuntos Fronterizos, dijo este viernes que "es insolito que se plantee indemnizacion por esta repatriacion, que no es deportacion, de personas ilegalmente asentadas en un parque nacional, ademas convenida desde el ano pasado entre gobernadores de uno y otro pais".
"Vamos a terminar los venezolanos siendo victimarios, cuando hemos sido las victimas de numerosas agresiones", dijo Marquez, al subrayar que "no hubo maltratos" a los campesinos desalojados "en un proceso observado por el consulado de Colombia, medicos y fiscales del ministerio publico".
El vicepresidente colombiano Humberto de la Calle observo el jueves que en Venezuela se producian diversas declaraciones de sus autoridades acerca de la situacion con Colombia "y algunas no son las mas afortunadas".
Colombia decidio, tras una reunion de su consejo de seguridad consagrada a la frontera, gestionar ante las autoridades de Venezuela el pago de indemnizaciones a los campesinos desalojados en la Sierra de Perija, informo De la Calle.
El presidente colombiano Ernesto Samper recorrio este viernes la frontera luego de llamar a "enfriar" la polemica Bogota- Caracas, mientras que el ministro de Defensa venezolano, Moises Orozco hizo lo propio acompanado de parlamentarios.
Mientras intensificaba sus aprestos belicos en la frontera llanera, al sur, Venezuela decidio "por razones de seguridad", segun el vicecanciller Roy Chaderton, adelantar en dos semanas el desalojo de centenares de campesinos ilegalmente asentados en un parque nacional.
Varios centenares de los 2.000 campesinos que trabajaban la tierra en el parque de la Sierra de Perija, mas de un millar de los cuales son colombianos, fueron desalojados por el ejercito esta semana y otros abandonaron la zona por sus propios medios.
Colombia deploro formalmente el anticipo de la medida de desalojo y la ausencia de la Cruz Roja internacional durante las primeras jornadas, y varios de sus medios de comunicacion recogieron denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Incluso versiones de prensa recogieron alegatos de que a un nino se le coloco una granada en la boca o se le apunto con un fusil en la frente, pero las mas solidas son las que resenan que muchos campesinos debieron salir sin tiempo para reunir sus animales o cosechar sus frutos.
El obispo de Rio Hacha (norte de Colombia), Jairo Jaramillo, dijo a la emisora caraquena RCR que ha "tenido informacion de algunos maltratados, aunque tambien otros dicen que los han tratado muy bien, (pero) valdria la pena que las autoridades venezolanas revisaran la situacion y dieran mas tiempo".
Marquez y la gobernadora del estado fronterizo de Zulia, Lolita Aniyar, ambos miembros del Movimiento al Socialismo, un partido de izquierda moderada que apoya a Caldera, aseguraron que los desalojos se han hecho con respeto de los derechos humanos.
En tanto, la decision de "acudir a los mecanismos del derecho para reclamar indemnizacion para los colonos", segun dijo De la Calle, tambien fue rechazada por parlamentarios de Venezuela.
El socialcristiano Ibrahim Sanchez, de la comision de Defensa, dijo que "es el colmo del cinismo que esa sea la respuesta de Colombia al cabo de hechos de agresion que hemos sufrido durante anos", y el socialista Luis Esculpi dijo que "no es posible que se siente un precedente de este tipo".
El tema no figuro en el comunicado que en Paris, donde coincidieron, produjeron los cancilleres Rodrigo Pardo (Colombia) y Miguel Angel Burelli (Venezuela) para anunciar proximas reuniones de sus comisiones asesoras y de asuntos fronterizos, las que examinaran la marcha de los acuerdos sobre frontera.
A esos acuerdos Venezuela quiso anexar la autorizacion para perseguir "en caliente" a irregulares que ataquen sus instalaciones y huyan hacia territorio colombiano, pero Bogota condiciono la posibilidad de que fuera reciproca.
El presidente Rafael Caldera ha advertido que Venezuela invocara el derecho de legitima defensa si se repiten ataques como el del 26 de febrero en el puesto fluvial de Cararabo, 750 kilometros al suroeste de Caracas, en el que guerrilleros colombianos mataron a ocho marinos venezolanos.
Por su parte, el octogenario escritor Arturo Uslar, tenido como una de las "conciencias morales" de Venezuela, dijo que los presidentes Caldera y Samper "deben intervenir cuanto antes, directamente y sin comisiones, porque la situacion fronteriza amenaza con convertirse en un gran conflicto".
Colombia y Venezuela tienen todavia problemas de precision limitrofe sin resolver a lo largo de sus 2.219 kilometros de frontera, y su principal diferendo es por la delimitacion pendiente de las areas marinas y submarinas que les corresponden. (FIN/IPS/hm/dm/rp/95
