La poblacion de El Salvador, que hace tres anos salio de una cruenta guerra civil, continua amenazada por una alarmante ola violencia que presenta como indicador principal los homicidios, registrados a un ritmo de uno por hora, segun datos oficiales.
Para el administrador de la Iglesia, monsenor Gregorio Rosa Chavez, un elemento que contribuye a mantener la ola delictiva es la tenencia por parte de civiles de miles de armas de guerra, que circularon en grandes cantidades durante el conflicto belico de 12 anos de duracion.
Datos de la Fiscalia General de la Republica revelan que en 1994 se contabilizaron 41.162 denuncias de delitos, dentro de las cuales los mayores porcentajes son ocupados por homicidios, lesiones, robo y violaciones sexuales.
Segun la institucion, durante 1994 los homicidios alcanzaron 9.135 casos, mientras las lesiones con diferente tipo de armamento superaron las 6.443 causas y se registraron 3.484 robos, 3.667 amenazas y 1.876 violaciones sexuales.
Estos datos contrastan con los de 1993, cuando el numero total de causas abordadas por la Fiscalia General no superaba los 32.500, y con los de 1992, cuando llegaron a 29.000.
Las mas recientes encuestas de instituciones como la Universidad Centroamerica (UCA) y la empresa estadounidense Gallup revelan que los principales problemas que afrontan los 5,4 millones de salvadorenos son la delincuencia y el crimen organizado.
Para monsenor Rosa Chavez, en muchos lugares del mas pequeno de los paises centroamericanos ex militares que se aprovisionaron durante la guerra comercializan armas a cambio de vacas en verdaderos "mercados de pulgas".
El ministro de Defensa, general Humberto Corado, dijo recientemente que se estima en 300.000 las armas de uso privativo del ejercito que estan en manos de civiles, por lo que llamo a la poblacion a legalizar las mismas o entregarlas a las autoridades.
La Iglesia, a traves de Rosa Chavez, manifesto su preocupacion porque las "armas en poder de civiles no pueden significar mayor tranquilidad para la nacion" y exhorto al gobierno a "tomar en serio" la situacion.
Para hacer frente a la delincuencia y el crimen organizado el pais cuenta con 7.000 agentes de la Policia Nacional Civil (PNC), creada hace dos anos por mandato de los Acuerdos de Paz que estipularon la disolucion de los antiguas policias militarizadas.
Esos cuerpos disueltos fueron senaladas por organismos humanitarios nacionales e internacionales como responsables de graves violaciones a los derechos humanos, pero varios funcionarios consideran que su desaparicion alento la delincuencia.
El viceministro de Seguridad Publica Hugo Barrera estimo que la violencia fue alimentada por la "falta de prevision para el periodo de postguerra" y la desaparicion de los antiguos cuerpos policiales, ya que no se contaba con una institucion sustituta con capacidad y organizacion suficiente.
El propio presidente Armando Calderon Sol reconocio en un mensaje a la nacion el dia 19 que la inseguridad publica alcanzo niveles desesperantes y exhorto a la poblacion a proponer soluciones y medidas para hacer frente a la delincuencia y el crimen organizado.
Por su parte, la no gubernamental Comision de Derechos Humanos (CDHES) contabilizo para 1994 un total de 940 muertes violentas cuyos vinculos pudieran establecerse en "hechos con posible procedencia politica y crimen organizado".
La vocero de la institucion, Celia Medrano, indico que para solventar la situacion es necesario profundizar en las causas de la violencia, fortalecer la PNC, asi como reforzar y depurar el sistema judicial.
"Se pretende atacar a la Policia Civil por su debilidad en el combate a la violencia y asi deslegitimarla" para que la Fuerza Armada se haga cargo de la problematica, lo cual es inconstitucional, puntualizo Medrano.
Mientras, la Corte Suprema de Justicia estudia la posibilidad de crear la figura de los "jueces sin rostro" para indagar hechos criminales que hayan causado conmocion social o politica.
Esta posibilidad fue rechazada por monsenor Gregorio Rosa Chavez, quien advirtio que la medida puede convertirse "en una forma de reprimir a los mas debiles sin que se haga realmente justicia". (FIN/IPS/ic/dg/pr-np/95) – – –
