Los indigenas wayu, pobladores ancestrales de la peninsula de la Guajira, en el norte de Colombia, acaban de probar juridicamente que tienen derecho a la vida digna que les habia sido negada en aras de la modernidad.
Un fallo de la Corte Constitucional conmino al gobierno a que antes del 16 de abril garantice "a la comunidad wayu sus derechos al trabajo, a la salud, a la educacion, al suministro de agua potable y a su desarrollo social y cultural".
La materializacion de ese mandato juridico debe ser el cumplimiento de un convenio suscrito a mediados de 1991 entre el gobierno y la comunidad wayu, de la zona de Manaure, donde se encuentran las principales minas de sal para consumo humano del pais.
Por el gobierno firmaron los entonces ministros de Desarrollo, Ernesto Samper, y de gobierno, Humberto De La Calle, ahora presidente y vicepresidente respectivamente.
Ambos se comprometieron a reconocer a los indigenas 25 por ciento de la empresa Salinas Maritimas y Terrestres de Colombia S.A., de economia mixta.
Por entonces soplaban con impetu corrientes privatizadoras y, con la misma fuerza que los vientos alisios recorren la desertica porcion de tierra enclavada en el mar Caribe, se implantaron reformas economicas en la explotacion de la sal.
La firma del convenio, como ahora el fallo de la Corte, fue resultado de una paciente y tenaz batalla en la que, blandiendo codigos y movilizandose, los wayu demostraron que los designios del dios Maleiwa tambien rigen para los alijunas (blancos), y que las minas de sal de Manaure son su patrimonio.
Su mitologia dice que "Maleiwa dio el mar y la tierra y cuando el mar se metio en la tierra, se formo la sal y nos puso a los wayu a cosecharla".
Esa creencia transmitida de generacion en generacion, como el oficio de extraer la sal, hizo posible que hasta fines de los anos 80 unos 30.000 indigenas asentados en las rancherias de la parte colombiana de la peninsula derivaran su sustento de esta actividad.
La extraccion artesanal de la sal se mantuvo casi en las mismas condiciones de la epoca colonial hasta incios de este siglo. En 1920 el Estado intervino y dio apoyo al desarrollo de esta industria en la Guajira.
En 1968 se creo la Concesion Salinas, con participacion del estatal Instituto de Fomento Industrial (IFI), encargado tambien del proceso de liquidacion y al que correspondia concretar la particpacion de los wayu con el 25 por ciento estipulado.
Pero por los vericuetos de las leyes y la politica el IFI encontro que asignar 25 por ciento a los wayu era ilegal y contradecia la Constitucion.
"Yo me atengo a la ley. No tengo la culpa si la Constitucion dice que no se puede donar un bien fiscal. En este caso no actuo como persona sino como un funcionario que se cine a los conceptos juridicos", asevero en su momento el gerente del IFI, Gustavo Canal.
Paradojicamente, en la redaccion de la Carta Politica, promulgada en 1991, participaron constituyentes indigenas y su texto reconocio, por primera vez, que Colombia es un pais multietnico y pluricultural.
Los wayu se sintieron burlados. Uno de los muchos manifiestos enviados al entonces presidente Cesar Gaviria fue encabezado en lengua wayunaiki : aneiia anechejeepia. anaputum wamuin sukuaitta, que significa "arregle nuestra situacion si quiere paz, ya que puede persder su tranquilidad".
Rememoraron episodios como los de comienzos de la decada de 1980, cuando se propicio el trabajo de jornnaleros independientes que explotaban charcas de sal recien abiertas en las cienagas de San Juan y San Agustin, reservorios icticos, y fuente de pesca de los indigenas.
La comunidad se opuso. Pero la consigna oficial era aumentar la produccion industrial de sal. Se ensancho la capacidad instalada para la produccion de 1.100.000 toneladas, aunque la produccion promedio historica en la region era de 500.000. Actualmente la demanda nacional es de 700.000 toneladas.
Al acabarse la pesca en las cienagas aumento la oferta de mano de obra y se produjeron enfrentamientos entre miembros de la misma comunidad y jornaleros provenientes de otreas zonas.
La pugna por el predominio de las charcas se convirtio en un problema de orden publico. Fue una primera guerra de la sal.
Los soldados que el gobierno desplazo a Manaure obligaban a los jornaleros indigenas a echar al mar sus carretillas con la sal ya cosechada, defendidas en muchos casos con la vida.
Entonces se impuso una "ley" segun la cual los limites de la charca llegaban hasta donde corria el ultimo hilo de sangre de la victima.
Todos esos recuerdos se agolpan ahora, a la memoria de los wayu y de los asesores juridicos de la Organizacion nacional indigena de Colombia (ONIC), que estan dispuestos a hacer cumplir el fallo de la Corte Constituucional.
Luis Javier Caicedo, de la ONIC , dijo a IPS que la lucha por los derechos de los wayu a cosechar la sal en la Guajira no es solo de ellos, sino de todos los colombianos.
Es la forma de garantizar el suministro de sal de buena calidad para el consumo humano, dijo, y explico: en la epoca de transicion a empresa de economia mixta, hace ya casi tres anos, se abrio la importacion, pero los resultados fueron desastrosos.
"La sal importada, para solo dos meses, por 75 millones de dolares, costo cuatro veces mas que haber dejado en produccion las charcas", dijo el dirigente indigena. (FIN/IPS/mig/pr/95).
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