La amenaza de una orden de detencion gravitaba este fin de semana sobre Aristobulo Isturiz, alcalde de la capital de Venezuela, en un nuevo capitulo del enfrentamiento que ha surgido entre la justicia y el poder municipal del pais.
La orden contra Isturiz seria por desacao a un amparo que un juez del trabajo, Luis Oquendo, emitio para autorizar que dos vendedores ambulantes de comida operen en una concurrida esquina de Caracas.
El viernes, ante la inminencia de la orden, que por lo demas se propone no acatr, Isturiz introdujo una solicitud de amparo contra el juez, ante la Corte Suprema de Justicia.
Segun las leyes venezolanas, cuando se ejecuta un auto de detencion contra un alcalde, el funcionario queda automaticamente destituido de su cargo y debe ser reemplazado.
El fin de semana anterior, Angel Zambrano, alcalde de Baruta, municipio del sudeste de Caracas, estuvo en prision y fue destituido por orden de un juez penal que le procesa por presunta malversacion al organizar cobros de tributos en mora.
Caracas, de unos cuatro millones de habitantes, esta dividida en varios municipios, de los cuales el que gobierna Isturiz, llamado Libertador, contiene la zona historica y aproximadamente 60 por ciento de la poblacion y area geografica de la capital.
La detencion de Zambrano movilizo a docenas de alcaldes de todo el pais y diferentes corrientes politicas en un Consejo Nacional que protesto por la interferencia del poder judicial en el manejo de los asuntos municipales, y conto con el apoyo del ministro para la Descentralizacion, Jose Andueza.
"Estas campanas ponen en peligro la autonomia municipal", dijo Andueza, mientras por unanimidad los alcaldes apoyaban a Zambrano, y a nombre de todos Isturiz reclamo que "el poder judicial no sea utilizado como arma para la guerra politica'.
Zambrano es un independiente que, al frente de un grupo local denominado Decision Ciudadana, desplazo en 1992 a la primera alcaldesa de Baruta, Gloria Capriles, militante del partido socialcristiano Copei.
Isturiz, de la izquierdista Causa Radical, se impuso en esa misma oportunidad al candidato de Accion Democratica, Claudio Fermin, quien un ano mas tarde enfrento al actual mandatario Rafael Caldera en la carrera presidencial.
La figura del alcalde desaparecio de Venezuela poco despues de la Guerra de Independencia, a comienzos del siglo XIX, y reaparecio a finales de la decada de 1980 como base de un proceso de descentralizacion de la gestion gubernamental.
Su reaparicion en la historia venezolana coincidio con nuevas leyes contra el mal manejo de las finanzas publicas, incluida una que penaliza con hasta tres anos de carcel la malversacion, es decir, dar a los fondos un uso diferente al presupuestado, aun si es en beneficio del municipio o de la colectividad.
Zambrano es procesado por malversacion al dar a un banco privado, con el que pacto el cobro de impuestos en mora, la administracion de 223.000 dolares recaudados, mediante un fideicomiso que el juez Cristobal Ramirez considera desventajoso.
Mientras Zambrano alega que una ley especial sobre fideicomisos autorizaba su proceder, el juez se ocupo de rechazar que sea parte de una campana politica contra el procesado.
A fines de 1995 se realizaran las elecciones trianuales para renovar alcaldes, concejos municipales y gobernadores de estados, lo que da contenido politico a la polemica entre poderes.
En 1992, Fermin estuvo varias semanas detenido, procesado por presunto mal manejo de dineros con los que su despacho reemplazo las cubiertas de aceras en el centro capitalino.
Ahora se presentan los casos de Zambrano e Isturiz, y este ultimo no dudo en acusar al partido socialdemocrata Accion Democratica, que goberno el pais entre 1984 y 1993, como instigador de las acciones en su contra.
Pero Isturiz se afinco en el flanco juridico del pleito al subrayar, en su escrito ante la Corte Suprema, que un juez no puede obligarle a contravenir leyes segun las cuales el uso de espacios publicos se rige por ordenanzas municipales.
El jurista Asdrubal Aguiar, gobernador del Distrito Federal (Caracas y su litoral vecino), acompano a Isturiz ante la Corte y dijo que el amparo de Oquendo es "absolutamente grotesco", pues el juez "asume potestades de otorgamiento de permisos para el ejercicio del comercio informal".
El juez "debe ser investigado por el Consejo de la Judicatura (organismo disciplinario)", dijo Aguiar, quien deploro que algunos jueces esten provocando "la prostitucion de la ley de amparo sobre derechos y garantias constitucionales", tambien un instrumento legal de reciente data en Venezuela. (FIN/IPS/hm/ag/np/95
