La politica de sometimiento a la justicia implementada en 1990 en Colombia para conseguir la entrega de delincuentes, en particular narcotraficantes, dio muy escasos resultados y condujo a la corrupcion de los funcionarios encargados de aplicarla.
Disenada bajo la administracion del ex presidente Cesar Gaviria (1990-1994) con mecanismos como la rebaja de penas a los delincuentes que se sometan a las autoridades, fue recibida con mas reticencia que alborozo por los sectores de la opinion colombiana.
Casi cuatro anos despues de entrar a operar arroja resultados mas que precarios.
Para el ex procurador general Alfonso Gomez, "es posible", que esa politica acabe con el terrorismo del narcotrafico pero llevo a que "se cayera en la corrupcion".
Para facilitar la entrega de los delicuentes, rebajando sus eventuales condenas, el Codigo de Procedimiento Penal fue reformado.
En funcion de esos cambios, las penas por delitos por narcotrafico promedian 36 meses, 52 meses para porte ilegal de armas y 39 para delitos relacionados con subversion armada, segun una evaluacion efectuada por el Ministerio de Justicia referida al periodo comprendido entre noviembre de 1993 y junio pasado.
De acuerdo al ministro de Justicia, Nestor Humberto Martinez, la responsabilidad en las condenas depende de "la interpretacion" que hacen jueces y fiscales de las normas y la legislacion.
Otros, como el presidente del sindicato que agrupa a los funcionarios de la rama judicial, Antonio Suarez, senalan, en cambio, que esa responsabilida no puede ser atribuida a jueces y fiscales.
"Las normas fueron elaboradas por el parlamento con participacion del gobierno", senalo.
Martinez anuncio a su vez medidas "de choque" que conduzcan a que los delincuentes que se acojan a la politica de sometimiento no sean condenados a penas "irrisorias", como sucede en la actualidad.
Una comision interinstitucional de seguimiento a esa politica fue creada este jueves por el presidente Ernesto Samper con el cometido de revisar y reformar la legislacion en aspectos como la rebaja automatica de penas.
El organismo quedo conformado por Martinez, el fiscal general Alfonso Valdivieso, el procurador Orlando Vasquez, el presidente del Consejo de Estado Carlos Esteban Jaramillo y el presidente del Consejo Superior de la Judicatura Alejandro Bonivento.
La Comision supervisara tambien los procesos por narcotrafico, con el fin de determinar la correcta aplicacion del codigo penal en la materia y evitar tergiversaciones.
La aplicacion de la politica de sometimiento por parte de las autoridades colombianas para combatir la criminalidad "se esta convirtiendo en una puerta abierta hacia la impunidad", considero Samper.
El presidente resalto la necesidad de que existan "criterios claros y uniformes en su aplicacion", ya que algunos jueces y fiscales han entendido que su desarollo se limita a "otorgar los maximos beneficios y aplicar las minimas penas".
Las medidas de choque anunciadas por el ministro Martinez conciernen igualmente al Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario y apuntan a combatir la denunciada corrupcion entre los funcionarios de los centros de detencion.
Esta semana fueron destituidos por ese motivo 281 funcionarios, entre personal administrativo, inspectores, oficiales y guardianes de las carceles.
Segun investigadores judiciales, un plan para atentar contra la vida del fiscal general Alfonso Valdivieso fue fraguado desde una carcel en Bogota por el confeso narcotraficante del cartel de Medellin Juan Diego Arcila.
Para Orlando Vasquez, "existe necesidad y conveniencia de revisar en forma inmediata toda la politica criminal del Estado en el orden legislativo".
El procurador general descarto en ese sentido la realizacion de reformas a la Constitucion colombiana de 1991.
Para el ministro Martinez, se deben generar mecanismos que garanticen una "verdadera aplicacion de la justicia" en los delitos del crimen organizado.
Destaco asi la necesidad de "volver a hacer punibles las faltas a la ley", sin retroceder en la filosofia de la politica de sometimiento. Lo que ha fracasado es "la aplicacion" de esa politica, no su esencia, indico.
Tambien subrayo la importancia de modificar las condiciones de trabajo de jueces y fiscales, que laboran en condiciones de precariedad y contingencia, sin elementos suficientes ni espacios fisicos adecuados. (FIN/IPS/gcc/dg/np/95) – – –
