Una mayor intensidad en el enfrentamiento indirecto entre el Ejecutivo y los jueces, y la persistente debilidad de los mercados, mantienen el clima de inestabilidad politica que afecta al gobierno espanol del socialista Felipe Gonzalez desde hace un mes.
La peseta y el mercado de valores volvieron a caer este viernes, dividiendose la opinion entre quienes desde fuentes oficiales atribuyen esa caida a un arrastre provocado por la baja en Wall Street y quienes creen que es consecuencia de que no se haya encontrado una solucion a la inestabilidad politica.
El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Jose Luis Manzanares, dijo este viernes que mientras no se aclaren el caso de los ilegales Grupos Antiterroristas de Liberacion (GAL) y el mal uso de los fondos reservados "el Estado de Derecho estara bajo sospecha".
De forma simultanea, todas las organizaciones representativas del Poder Judicial (asociaciones de jueces, de fiscales, de magistrados y de juristas) se pronunciaron en defensa de Baltasar Garzon, juez instructor del caso GAL, quien fue acusado por un ex alto funcionario socialista preso, Julian Sancristobal, de conspirar para derrocar a Gonzalez.
Es la primera vez que jueces, fiscales y secretarios de juzgados se unen en Espana para denunciar al gobierno, en un documento en el cual se afirma que se ha llegado a limites intolerables de ataques contra la independencia judicial.
El gobierno, mientras tanto, reitero su respeto hacia la independencia judicial, pidio que se respete la presuncion de inocencia para los ex altos funcionarios procesados y aseguro que se debe esperar a que haya una sentencia firme antes de sacar conclusiones politicas.
Sin embargo, desde sectores del gobernante Partido Socialista Obrero Espanol (PSOE) se ataca a Garzon bajo argumentos variados.
Sancristobal, ex Director General para la Seguridad del Estado, fue entrevistado en la carcel el miercoles por Television Espanola y los matutinos "El Pais" y "ABC", oportunidad en la que lanzo su acusacion contra Garzon.
El juez tambien fue blanco de los ataques del ex Ministro del Interior de Gonzalez, Jose Barrionuevo, y del segundo de este, Rafael Vera, en un intento orientado a que ese sumario sea transferido a otro magistrado.
La realizacion de la entrevista sin autorizacion del Juez que instruye el caso motivo una viva polemica entre Garzon y la Secretaria de Estado para Asuntos Penitenciarios, Paz Fernandez Felgueroso, en torno a quien autorizo la comparecencia del detenido ante los medios de comunicacion.
La entrevista de Sancristobal por TV sacudio incluso a su Consejo de Administracion, integrado por representantes de casi todos los partidos, que pidieron explicaciones al director general del ente estatal, Jordi Garcia Candau.
El lider de la mayoritaria oposicion conservadora, Jose Maria Aznar, subrayo que su realizacion es uno de los hechos mas graves ocurridos en Espana en mucho tiempo y afirmo que supuso "la vulneracion de los limites de lo logico, de la cordura y del Estado de Derecho".
Las prisiones de ex funcionarios publicos ordenadas por Garzon y la posibilidad de que Vera sea enviado tambien a la carcel la proxima semana, cuando concurra a declarar ante el Juez, involucran cada vez mas al gobierno, cuyo Presidente fue acusado por el lider de la opositora Izquierda Unida (IU) de ser el maximo responsable de los GAL, "por accion u omision".
Frente al ataque contra Garzon, diversos articulos periodisticos y editoriales senalaron estos dias que quienes inculpan al popular juez de estar implicado en una accion dinamitadora del gobierno rehuyen decir que el caso GAL fue reabierto mientras el magistrado, electo diputado en las listas socialistas en 1993, ocupaba el cargo de Secretario de Estado del Plan contra las Drogas.
Por otro lado, Barrionuevo, Vera y Sancristobal, apoyados por el PSOE, atribuyen la reapertura del caso GAL a un supuesto despecho de Garzon (por no haber sido nombrado Ministro).
Otras fuentes proximas al gobierno insinuaron que el ex banquero Mario Conde, en prision y acusado de estafa, habria pagado a los ex policias Jose Amedo y Michel Dominguez, para que testifiquen contra el gobierno.
Amedo y Dominguez fueron condenados a 108 anos de carcel por su participacion en los secuestros y mas de 27 asesinatos cometidos por los GAL.
Gonzalez afirmo el jueves que sabe porque se reabrio el caso, que tiene la respuesta, pero que no quiere darla para que nadie interprete que quiere interferir en el funcionamiento de la Justicia.
Mientras la polemica se mantiene, Garzon se traslado este viernes a Bayona, al sur de Francia, para interrogar a Segundo Marey, el espanol secuestrado en 1983 por los GAL y cuyo caso dio origen al sumario que instruye el magistrado.
Lo que diga Marey, su confrontacion con otras fuentes y la declaracion de Vera prevista para la proxima semana constituiran un nuevo capitulo de una tema que conmociona a la sociedad espanola. (FIN/IPS/af/da/np).
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