Politicos de oposicion en Venezuela pidieron investigar si el gobierno dio un "empujon" para que bancos privados quedasen en manos del Estado, mediante el retiro de depositos oficiales de las bovedas de esos institutos.
El senador socialdemocrata Antonio Ledezma pidio este lunes al Fiscal General de la Republica, Ivan Badell, que investigue declaraciones en ese sentido del Superintendente de Bancos, Tesalio Cadenas.
"De nada le vale al presidente Rafael Caldera haber ido a la Cumbre de Miami a buscar inversiones extranjeras si aqui vamos a meternos zancadillas o gobernamos el pais bajo odios y rencores", dijo Ledezma.
La declaracion de Ledezma alude a la enemistad entre Orlando Castro, cuyos insolventes bancos Progreso y Republica fueron estatizados la semana pasada, y el ministro de Inversiones, Carlos Bernardez, destacada por los diarios de Caracas el lunes.
Ambos bancos fueron estatizados como coletazo de la "tercera ola" de la crisis bancaria, que estallo en agosto y continuo oleadas de quiebras e intervenciones que, desde enero, llevaron al Estado a ocupar 52 por ciento del sector.
Cadenas, un funcionario que en Venezuela es autonomo, dijo que en los 20 dias antes de que cayesen los bancos, el 10 de diciembre, "hubo grandes retiros de depositos oficiales".
"Parte de la aceleracion del proceso de la salida del banco Progreso de la camara de compensacion (interbancaria) se debio en gran medida al retiro de esos depositos", dijo Cadenas.
Opino el funcionario que "debe haber una politica coherente. El Estado es uno solo y algunos ven a su instituto como una parcela dentro del Estado, que es una unidad".
El ex presidente (1979-1984) Luis Herrera, lider del partido opositor socialcritiano Copei, y quien emerge como voz critica frente al gobierno, dijo en su peculiar estilo que "el que sabe, sabe, y el superintendente se supone que sabe".
La diputada Paulina Gamus, del partido socialdemocrata Accion Democratica (AD), con la primera minoria en el parlamento, dijo que "desde el gobierno se conspira para quebrar bancos".
Con su ardoroso estilo, Gamus sostuvo que "funcionarios del gobierno han venido ejecutando un plan diabolico destinado a quebrar bancos, por venganza politica y hasta por enemistades personales", el cual operaria mediante "sistematicas campanas de rumores y retiros masivos de fondos oficiales".
"De ser asi", dijo su correligionario Ledezma, "esto puede ser considerado como un crimen contra la patria, pues no se trata del dinero de Castro, sino de la salud economica de Venezuela".
Caldera dijo que la atencion a la crisis bancaria de este ano en Venezuela, que considera la mas grande del mundo en proporcion al tamano del pais, ha costado 16 puntos del Producto Interno Bruto, es decir, unos 7.500 millones de dolares.
Segundo Melendez, diputado del co-gobernante Movimiento al Socialismo, estimo que "hubo retiros, en una actitud imprudente y equivocada, pero no se trata de una posicion deliberada".
La presidenta del estatal Fondo de Garantia de Depositos, Norys Aguirre, destaco que la caida del Grupo Progreso fue precipitada por "una mezcla de retiros, de fondos publicos pero tambien de empresarios privados".
Bernardez, por su parte, dijo que "no tengo nada que ver con la crisis del banco Progreso", y subrayo que el organismo que preside, Fondo de Inversiones, mantiene su cuenta de nomina en el banco Republica, el otro instituto del grupo caido.
"La situacion que se ha presentado en el sistema financiero es bien cponocida y no tiene nada que ver con la actividad de ningun funcionario del gobierno", insistio Bernardez.
Castro, cuando deploro la ocupacion de sus bancos, dijo que "nunca en la historia un conglomerado empresarial estuvo sometido a una cadena de ataques publicos como la que, desde hace ya algun tiempo, se desato contra el grupo".
La primera semana de julio, cuando Caldera suspendio seis libertades constitucionales para aplicar un programa de emergencia economica, con controles de precios, de bancos y de la gestion bancaria, la policia politica investigo supuestas actividades de conspiracion en pro de un golpe de estado.
La residencia de Castro fue entonces allanada y el empresario debio declarar ante los cuerpos policiales, tras lo cual lanzo una campana con el eslogan "aqui estamos, aqui seguimos", para mostrar su interes por mantenerse operando en Venezuela.
En 1990, Castro lucho a brazo partido para comprar hasta 20 por ciento de acciones y acceder a la directiva del banco de Venezuela – estatizado en agosto ultimo- y tuvo como su mayor rival a Bernardez, en ese entonces presidente de la entidad. (Fin/IPS/hm-eg/ne-np/94
