En 1995 el gobierno de Venezuela debe rectificar su orientacion politica y economica, comenzando por la restitucion de las garantias constitucionales, reclamo hoy el ex presidente Carlos Andres Perez.
En dialogo con corresponsales extranjeros, Perez sostuvo que el presidente Rafael Caldera debera realizar "grandes rectificaciones, con medidas mas exigentes que las que nos vimos obligados a tomar en 1989 y 1990, pero no hay mas camino".
El ex mandatario, bajo arresto en su residencia en las afueras de Caracas mientras le juzga la Corte Suprema de Justicia, aplico desde 1989 y hasta su destitucion en mayo de 1993 un programa de ajuste y apertura economica, criticado entre otros por Caldera.
Perez dijo confiar en que sean senales de rectificacion la firma por Caldera de la Declaracion de Miami, favorable a la apertura comercial, las reuniones de su ministro de Hacienda, Julio Sosa, con el Fondo Monetario Internacional, y la propia de Caldera y el presidente del Fondo, Michel Camdessus.
"Ya se reunio con el diablo y espero que sea el comienzo de la rectificacion", ironizo Perez.
Comentando la afirmacion de Camdessus en el sentido de que el porvenir de Venezuela es brillante, senalo que "eso lo sabemos. El asunto es cuando empezamos a tomar las medidas para ello".
La primera de esas medidas, insistio, debe ser la restitucion de las garantias, "pues nadie va a venir a invertir en un pais con libertades conculcadas, y donde esta suspendida una garantia democratica fundamental como el derecho de propiedad".
En junio, para enmarcar decretos de control de cambios, de precios y de la gestion bancaria, Caldera suspendio las garantias de inviolabilidad del hogar, libre transito, detencion unicamente con orden judicial, libertad economica, derecho de propiedad y expropiacion solo por fin publico y con indemnizacion.
Perez sostuvo que el gobierno debera "restituir las garantias como primera senal de confianza", y agrego que no quedara mas camino que retomar el programa aperturista que el impulso.
A una pregunta sobre si en Venezuela es posible un "calderazo", una version local de la disolucion de otros poderes por el Ejecutivo que hizo el presidente peruano Alberto Fujimori en 1992, respondio: "ya se produjo".
"Con la suspension de garantias se ha desarrollado un nuevo autoritarismo, que algunos llaman institucional o constitucional, que pone de lado el estado de derecho para gobernar discrecionalmente", dijo Perez.
"Aunque pareciera que no se han cometido especiales abusos en materia de seguridad personal, hay un estado de intimidacion colectiva", indico.
Tambien desde el angulo politico Perez cree "en la posibilidad de rectificacion, porque el presidente Caldera, que gano su nombre, prestigio y significacion nacional en la lucha por la democracia, debe cuidar su historia".
"Y debe cuidarse tambien de que una sucesion de hechos lo desbarranque por el tobogan hacia la negacion de las libertades", agrego, insistiendo sin embargo en su conviccion de que "el proximo ano tendremos rectificacion".
Dijo que no resta importancia a la propuesta de coordinar a nivel hesmiferico la lucha contra la corrupcion formulada por Caldera durante la Cumbre de las Americas realizada este mes en Miami.
"La Cumbre no adopto disposiciones ni fue al fondo de la cuestion", es decir la competencia entre trasnacionales para realizar negocios, observo no obstante Perez.
Esas companias "ofrecen en nuestros paises comisiones de tal dimension que combatirlas llama a medidas de mayor fuerza", destaco.
Recordo por ello el planteamiento de aprobar a nivel de las Naciones Unidas un codigo de etica para empresas trasnacionales, y sostuvo que America Latina puede retomar esa iniciativa, que seria universal y no solo del continente.
Refiriendose al juicio al que es sometido indico que "alguna decision deberia producirse a mediados del proximo ano" y reitero sus alegatos en el sentido de que el expediente en su contra no prueba ninguno de los delitos que se le imputan.
El ex mandatario de 72 anos es acusado de desviar fondos de la partida de gastos secretos del Ministerio del Interior, en febrero de 1989, para usarlos un ano despues en un programa de cooperacion policial con Nicaragua, hecho este ultimo que constituiria delito de peculado. (FIN/IPS/hm/dg/np-ne/94
