El gobierno de Venezuela ordeno hoy militarizar las siete carceles mas peligrosas del pais, para detener una oleada de violencia en esos establecimientos, anuncio el ministro de Justicia, Ruben Creixems.
La medida implica que la militar Guardia Nacional, que hasta ahora solo vigilaba los exteriores de las carceles, asumira la vigilancia interna en los siete penales con mayor violencia.
Ademas, el gobierno decreto que todos los funcionarios civiles en las 33 carceles del pais seran en lo sucesivo "personal de confianza", lo que significa que se les puede remover de modo expedito sin reparos sindicales o engorrosos procesos como los que preve la ley de carrera administrativa.
Los dias lunes y martes en distintas carceles hubo amenazas de suicidio colectivo, enfrentamientos a tiros entre bandas —con saldo de cuatro muertos y 20 heridos—, ataques con armas de fuego desde celdas contra garitas, y se descubrieron dos planes de fuga, uno de los cuales usaria un tunel de 120 metros.
Creixems habia adelantado que el gobierno tomaria medidas de emergencia para vencer "la industria del preso", es decir, la prosperidad de mafias de detenidos que trafican armas, drogas y prebendas con la complicidad de funcionarios de su Ministerio.
En Venezuela, con una poblacion penal de 25.000 personas, de los cuales solo un tercio purgan condenas, muere en promedio mas de un preso cada dia y segun el Fiscal General, Ivan Badell, en las carceles "se deposita a los individuos en condiciones infrahumanas y se violan todos los derechos humanos".
El clima de violencia fue ilustrado el lunes por 41 presos que, recapturados el 29 de noviembre cuando se fugaron de una carcel con 70 companeros que consiguieron huir, se infligieron severas cortaduras y amenazaron con suicidarse si se les mantenia en las celdas de castigo donde se hacinaban.
Creixems, un abogado de 37 anos que es el ministro mas joven en el gabinete del presidente Rafael Caldera, dijo que "procurare que haya el menor numero posible de tragedias, pero no renunciare a poner la casa en orden".
Al explicar las medidas adoptadas este miercoles, el ministro dijo que habia resistencia entre sus subalternos porque cambio 12 directores de prisiones, otros 32 altos funcionarios del sistema penitenciario y designo 300 nuevos vigilantes.
Segun autoridades, organizaciones humanitarias y los propios presos, numerosos funcionarios son complices de cabecillas de bandas a los que permiten, mediante el cobro de sumas muy superiores a sus salarios, introducir drogas y armas, o prebendas que incluyen salidas de la carcel los fines de semana.
Creixems destaco que las requisas periodicas, en las que se incautan armas de fuego y numerosas armas blancas, en ocasiones desatan cruentas venganzas tras las rejas y, sobre todo, crea un desequilibrio de armamento entre grupos de detenidos, lo que reanima la espiral de la violencia.
En un intento por frenar estas y otras taras del sistema, el gobierno decidio la militarizacion, con la esperanza de "rescatar la autoridad y proteger la vida de la poblacion reclusa", dijo Creixems. (FIN/IPS/hm/ag/hr/94
