Como otros paises de America Latina, Uruguay, una nacion que construyo su "diferencia" en el continente sobre la existencia de un estado benefactor, debera afrontar proximamente la reforma de su sistema de seguridad social.
A poco tiempo de la asuncion de la presidencia por Julio Sanguinetti, el 1 de marzo de 1995, un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) senala que la reforma del actual regimen es "absolutamente necesaria e impostergable".
Todos los partidos coinciden en que la sangria al presupuesto ocasionada por la seguridad social debe detenerse y que eso solo sera posible con un consen¬Ëûsenso amplio.
Pero los dirigentes politicos no parecen dispuestos a ponerse de acuerdo en como hacerlo.
Las eventuales reformas surgiran de un parlamento dividido en partes casi iguales entre el Partido Colorado, liderado por Sanguinetti, el Partido Nacional del actual presidente Luis Lacalle y la coalicion izquierdista Frente Amplio.
Una de las caracteristicas que ubica a este pais entre los mas desarrollados en lo social, la expectativa de vida promedio de su poblacion (72 anos), se vuelca paradojicamente contra las finanzas publicas.
En Uruguay, pais de 3,1 millones de habitantes, 1,1 millones de personas estan registradas como trabajadoras, mientras 700.000 cobran pasividades.
Unos 360.000 puestos de trabajo funcionan fuera del sistema, lo que supone una evasion fiscal de alrededor de 300 millones de dolares anuales.
Asi, por cada dos personas que trabajan hay un pasivo, en su mayoria jubilado, y casi el 37 por ciento del presupuesto estatal se vierte a los organismos de seguridad social.
Sin embargo, las jubilaciones tienen un tope de siete salarios minimos mensuales —unos 600 dolares—, cifra que muy pocos cobran.
Los empresarios, agobiados por los aportes que deben verter al sistema jubilatorio, reclaman una reforma desde la reinstitucionalizacion democratica tras la dictadura militar (1973- 1985).
Lacalle presento en su periodo de gobierno (marzo de 1990-marzo de 1995) tres proyectos de reforma jubilatoria que chocaron invariablemente con la negativa del parlamento, cuyos miembros se mostraron renuentes a chocar con los jubilados.
Cada paso dado por los dirigentes politicos en ese sentido tropezo con los calculos electorales. Aun esta fresca en sus memorias el fracaso del Partido Colorado en 1989, explicado por los analistas en base a su negativa a aceptar los reclamos de los 700.000 jubilados.
En ese ano, se plebiscito a iniciativa de los pasivos el aumento periodico de sus ingresos por la variacion del indice medio de salarios, lo que obligo a Lacalle a comenzar su mandato con una ley de ajuste fiscal.
Las asociaciones de jubilados anunciaron que opondran el recurso del referendum contra las reformas del sistema de seguridad social que afecten sus intereses.
La ampliacion del periodo en el cual se promedian los ingresos para calcular las jubilaciones de tres a diez anos antes del retiro resulto derogada en un plebiscito simultaneo a las elecciones de noviembre pasado, apoyado por la central sindical unica PIT-CNT.
Legisladores que votaron esa norma en el Parlamento respaldaron en las tribunas su derogacion.
Segun el estudio del BID, aun en una hipotesis de crecimiento del PBI del 1,7 por ciento y una inflacion de 10 por ciento anuales, de persistir incambiado el sistema jubilatorio el deficit estatal alcanzara un cinco por ciento en el ano 2000.
El actual regimen, definido como "de solidaridad intergeneracional" o "de reparto", implica que los activos — trabajadores y empleadores— aportan un porcentaje fijo de los salarios para financiar las jubilaciones, pensiones a la vejez y seguros por enfermedad, entre otras erogaciones publicas.
La remuneracion luego del retiro se calcula como porcentaje del promedio del salario recibido en los 36 ultimos meses de actividad. Este porcentaje sera mayor en quienes tengan mas edad y hayan trabajado mas anos.
Lacalle baso sus intentos de reforma en la instauracion de un regimen de cuentas personales capitalizables, que tomaria en cuenta los aportes de toda la vida activa del jubilado.
Sanguinetti, en tanto, postula la adopcion de un sistema "mixto", con una cobertura minima a cargo del estado y ahorro individual.
Tabare Vazquez, ex candidato presidencial del Frente Amplio, anuncio que se opondra al sistema mixto y que postulara el mantenimiento del actual regimen, con reformas al funcionamiento de los organismos de la seguridad social.
Cualquier reforma "requiere consenso politico, porque se tiene que desarrollar durante unos 15 anos" y comprometera la accion de futuros gobiernos, dijo a IPS el diputado colorado Luis Hierro.
A dos meses de la asuncion de Sanguinetti, un entendimiento que involucre a partidos politicos, jubilados, trabajadores y empresarios esta aun lejos de avizorarse. (FIN/IPS/mj/dg/pr-np/94) —-
