El Superior Tribunal Federal iniciara el miercoles el juicio al ex presidente brasileno Fernando Collor de Mello, acusado de corrupcion pasiva durante su gobierno, de marzo de 1990 a septiembre de 1992.
Es la primera vez que la Suprema Corte juzga a un ex presidente del pais, por delitos comunes perpetrados durante su gestion. El proceso incluye a otros ocho reos, entre los cuales figura el empresario Paulo Cesar Farias, ex tesorero de Collor y unico sometido a prision, en Brasilia, hace mas de un ano.
El juicio debera durar por lo menos dos dias, adelanto el presidente del Tribunal, Octavio Gallotti. Sera suspendido el jueves 8, por tratarse de feriado para el poder judicial, y se reanudara el viernes.
Por las dudas, Gallotti fijo sesiones extraordinarias para otros cuatro dias, de 12 a 15 de diciembre, previendo posible prolongacion del juicio.
Collor ya afronto un juicio politico, en el Senado, a fines de 1992. Considerado responsable por la corrupcion en su gobierno, perdio definitivamente su mandato presidencial y quedo inhabilitado para cargos politicos y nuevas elecciones por ocho anos, es decir hasta el ano 2000.
Desde entonces, el ex presidente vive recluido en su casa en Brasilia, dedicandose a estudios y escasos contactos politicos. Su Partido de Reconstruccion Nacional tuvo un debil desempeno en las ultimas elecciones, el 3 de octubre, perdiendo la mayoria de sus escanos en el Congreso Nacional y asambleas provinciales.
Aun con 45 anos de edad (fue el mas joven presidente elegido en Brasil), da senales de que pretende volver algun dia a la politica. El proceso en la justicia puede costarle responsabilidades penales, como incautacion de bienes, pago de recursos indebidamente apropiados y hasta pena de prision, que podria eludir por varios mecanismos judiciales.
Paulo Cesar Farias, que era el operador de los cobros de comisiones a empresarios y otras formas de corrupcion, y el abogado Claudio Vieira, ex secretario particular de Collor, son otros reos de importancia en el proceso.
Los otros seis eran secretarias, pilotos, choferes y otros empleados que formaban parte del grupo que practicaba extorsiones, trafico de influencia, desviacion de recuros publicos y que manejaba cuentas bancarias irregulares que fueron descubiertas en la investigacion parlamentaria de 1992.
La defensa de Collor argumenta que los millones de dolares que pasaban por esas cuentas no fueron producto de corrupcion, sino excedentes de contribuciones recibidas para la campana electoral de 1989. (FIN/IPS/mo/pc/np/94)
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