Un informe de un grupo de abogados de Derechos Humanos de Nueva York, en Estados Unidos, acuso a las Fuerzas Armadas de Honduras de ser una "mafia corrupta", a la que comparo con un "monstruo" que amenaza con socavar la sociedad civil del pais centroamericano.
El documento, divulgado este sabado por la prensa local hondurena, es una replica a otro similar elaborado por el Departamento de Estado Norteamericano sobre la Situacion de los Derechos Humanos en Honduras durante 1993.
El Comite de Abogados norteamericanos por la Defensa de los Derechos Humanos considero que el Departamento de Estado "minimiza" la amenaza que representa para este pais una "inflada" institucion militar, "corrupta (y) con intereses propios que solo pueden identificarse con una mafia".
"Esta mafia, sin lugar a dudas es otra raiz para que se presenten serios problemas en materia de derechos humanos" en honduras, advierte el informe de los profesionales.
Para el Comite de Abogados, la hisoria del pasado se repite cuando el gobierno de Estados Unidos trata a los militares hondurenos con "guantes de seda", a pesar de la "abrumadora evidencia" de que los uniformados tratan de constituirse en "otro Estado dentro del propio Estado hondureno".
El Comite critica duramente la incursion de los militares en los negocios, pues aduce que ello es solo un mecanismo para ganar mas autonomia y poder economico, que bien pueden utilizar para intimidar a la sociedad.
En este sentido, el Comite asegura que hay informes "dignos de credito" que revelan como los uniformados interceptan llamadas telefonicas para hacer espionaje industrial, al escuchar las conversaciones de otros empresarios competidores y al interceptar ofertas selladas de contratos gubernamentales.
Los abogados neoyorquinos advirtieron que la inusitada incursion de los militares en los negocios, ademas de ser una competencia desleal, tienen el peligroso proposito estrategico de convertirse en una economia autonoma institucional.
Los negocios militares, controlados a traves del Instituto de Prevision Militar (IPM), generan, segun el documento, ganancias anuales a los uniformados por 40 millones de dolares, que sumados al presupuesto militar, llegan a los 85 millones de dolares al ano.
Al tener los militares el control de la principal compania de telefonos, aduciendo razones de seguridad nacional, segun lo establece la Constitucion, mantienen una ventaja sobre las trasnacionales Sony y Coca Cola, ya que estas ultimas no gozan de fondos estatales sin supervision, ni mucho menos de impunidad, afirma el informe.
Ante las acusaciones del grupo de abogados, las reacciones de los uniformados no se hicieron esperar. Un vocero castrense califico el informe como un "panfleto desfasado", que ya no esta acorde a las nuevas situaciones que vive el pais.
El coronel Guillermo Murcia, gerente del IPM, dijo que las acusaciones hechas en ese informe son "absurdas y desfasadas, simples falacias que quieren desacreditar a la institucion militar".
Segun Murcia, las empresas que maneja el IPM son instituciones "serias y muy rentables, que no hacen competencia desleal a nadie, pues sus fondos salen de la cuota que brindan los oficiales y no del dinero del gobierno".
Manifesto que las Fuerzas Armadas analizaran el informe para presentar una posicion oficial, "donde creemos que ya es tiempo de poner las cosas en su sitio para no seguir permitiendo insultos, ni acusaciones de cualuquier organismo, llamese como se quiera llamar".
El informe de los abogados aseguro, por otra parte, que las elecciones presidenciales del ano pasado le costaron "muchos bienes politicos" al jefe de las Fuerzas Armadas, general Luis Discua, a quien -agrego- unia una gran "afinidad" con el ex presidente Rafael Callejas, cuyo partido perdio el poder.
Discua, asiente el informe, tenia muchos intereses "comunes" con Callejas y al perder el partido de este ultimo las elecciones presidenciales en noviembre de 1993, los militares perdieron "valiosas" influencias politicas.
Los militares iniciaron en los ultimos tres anos una inusitada incursion en los negocios que los llevo a controlar un equipo de futbol, una cementera, una aseguradora, un banco, una empresa de publicidad, una radioemisora y hasta granjas agricolas y una compania que les elabora los uniformes.
Esto es visto por la empresa privada como una competencia desleal, pues aseguran que las inversiones de los militares son producto de los impuestos que paga el pueblo, algo que ellos no aceptan al alegar la libertad de comercio y negocios en el pais.
No obstante, el informe norteamericano manifiesto que la actual administracion que preside Carlos Roberto Reina tendra que hacer grandes esfuerzos por desmilitarizar la sociedad y frenar esa "mafia", que puede socavar los cimientos del pais.
Asimismo, senalo que el Departamento de Estado norteamericano tiene la responsabilidad de "controlar" al monstruo militar que creo y fortalecio en Honduras el gobierno de ese pais en la decada pasada, al destinar enormes presupuestos a una "mafia que hoy es un grave peligro para el pais". (Fin/IPS/tm/mc/np/94). —
