La Fiscalia de Honduras dijo hoy que es practicamente imposible esclarecer las desapariciones forzadas ocurridas en la decada de los anos 80, pese a que un informe divulgado este martes implica a varios militares, entre ellos el actual ministro de Defensa, general Reynaldo Andino.
Angel Edmundo Orellana, Fiscal del Estado, dijo hoy que si bien el informe elaborado por una Comision de Fiscales es "muy valioso y se pueden investigar algunas cosas, lo cierto es que considero imposible esclarecer siquiera un caso de desaparcion forzada en este pais".
Segun Orellana, esto se debe a que hay indicios en los juzgados de que se ocultaron "evidencias" sobre las desapariciones cometidas en la decada de los 80 por razones politico e ideologicas.
Asimismo, a que por "omision o negligencia, los integrantes del poder Judicial de aquella epoca incurrieron en irresponsabilidades y hoy es dificil detectar pistas mas concretas sobre los casos".
De esta forma, Orellana dejo entrever que sera dificil ejecutar las recomendaciones del informe elaborado en junio por una comision de fiscales debido a las "fuertes debilidades que existen en el sistema judicial".
Este martes, medios radiales de prensa divulgaron el informe de los fiscales, en el cual se manifiesta que si bien es "dificil" esclarecer el paradero de unas 184 personas desaparecidas en la decada pasada, la mision no debe tornarse "imposible" para el actual gobierno.
Basada en un informe presentado el ano pasado por el estatal Comisionado de los Derechos Humanos, la comision de fiscales encontro suficientes evidencias para enjuiciar a un grupo de militares implicados en seis casos de desaparicion temporal.
Entre esos militares destaca el actual ministro de Defensa, general Reynaldo Andino Flores, quien de momento, mantiene un absoluto hermetismo sobre la acusacion.
Andino, segun el informe de los fiscales, esta directamente implicado en los casos de desaparicion temporal de unas tres personas, entre ellas una de origen nicaraguense, ocurridos en 1988.
En esa epoca, el militar se desempenaba como comandante del batallon con asiento en la surena region de Choluteca, a unos 180 kilometros de Tegucigalpa, la capital, y cerca de la frontera con Nicaragua.
El informe atribuye a Andino la detencion y tortura, en octubre de 1988, del ciudadano hondureno Ramon Alfredo Betanco, quien fue objeto de multiples torturas y carcel por mas de tres meses, hasta que fue liberado por presiones de los grupos de derechos humanos.
Junto a el fueron capturadas otras ocho personas a quienes las Fuerzas Armadas acusaron de atentar contra la Seguridad del Estado por mantener vinculos con presuntos grupos de izquierda.
Ademas del caso de Betanco, existen otros dos en donde se involucra al ministro de Defensa, a un teniente identificado como Alberto Landaverde y a varios ex miembros de la desaparecida Policia Secreta de Honduras.
En su informe, la comision de fiscales, encabezada por Arnaldo Hernandez, sostiene que en estos casos existen pruebas "suficientes" para juzgar a los militares, a quienes les podria caer una pena maxima de seis anos, segun el actual Codigo Penal.
No obstante, y pese a las recomendaciones, el Fiscal del Estado dejo entrever su temor a llegar al fondo de las desapariciones, aduciendo que de momento "es imposible, enjuiciar a los presuntos culpables de al menos uno de los casos".
Orellana sostiene que el documento de los fiscales puede ser investigado por el Ministerio Publico, pero "dudo algun exito en las gestiones, si tomamos en cuenta que la mayoria de los jueces tienen miedo a tocar este tema, y algunos, incluso podrian prestarse a cierto tipo de sobornos".
Ante las declaraciones de Orellana, la reaccion de los grupos dedicados a la defensa de los derechos humanos no se hizo esperar, y en declaraciones ofrecidas a IPS indicaron que hablar de "imposibles" es algo que no debe existir en la mente del Fiscal, pues las pruebas dadas son mas que suficientes.
Bertha de Nativi, del Comite de Familiares Detenidos-Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), dijo que "nos asustan las declaraciones del Fiscal, porque representa un poder de la Justicia, y si el no confia en la misma, ?que esperanza tenemos los parientes de los desaparecidos?".
"Nos parece que las apreciaciones del Fiscal son muy apresuradas y lo que debe mostrar es mas voluntad politica para llegar al fondo del asunto, pues el gobierno nunca como ahora ha reiterado su decision de castigar a los culpables de las desapariciones, y el (Orellana) como miembro del Estado no debe decir esas cosas", afirmo.
Indico que su organizacion dara un compas de espera al gobierno para esclarecer el paradero de los desaparecidos, pero si en un "plazo prudencial no vemos nada, tengan la seguridad que haremos sentir nuestra voz y presencia en este pais".
En la decada pasada Honduras fue objeto de cruentas violaciones a los derechos humanos, producto de las cuales desaparecieron por cuestiones ideologicas 184 personas, a manos de cuerpos paramilitares y escuadrones de la muerte, segun un informe oficial.
A raiz de esta politica represiva, el pais fuera condenado en los anos de 1987 y 1988 por la desaparicion forzada de un maestro y un estudiante, cuyos cuerpos se presume estarian enterrados en uno de los seis cementerios clandestinos que existen en el pais.
La divulgacion del informe de los fiscales cobra vigencia en momentos que se habla de otra desaparicion y posterior ejecucion de un comerciante, ocurrida hace dos meses, y en la cual estan implicados tres oficiales de la Policia. (FIN/IPS/tm/mso/hr/94). —
