Honduras se encuentra a las puertas de una nueva condena internacional por la desaparicion forzada de 14 personas ocurrida en los anos ochenta, presuntamente a manos de grupos paramilitares, se informo oficialmente hoy.
El representante del estatal Comisionado de los Derechos Humanos, Leo Valladares, dijo que el pais tiene un plazo de 60 dias para aceptar la responsabilidad de estos hechos y su posterior investigacion, "si no desea ser condenado nuevamente como violador de los derechos humanos".
Segun Valladares, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Costa Rica, analizara en febrero de 1995 el caso de estas 14 personas desaparecidas, y si para ese lapso "nosotros no ofrecemos una respuesta, se abrira un nuevo juicio contra el pais que sin duda sera condenatorio".
Valladares, quien no quiso divulgar los nombres de los desaparecidos, dijo que por ahora el caso esta siendo analizado por los organismos humanitarios que tiene la Organizacion de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington.
"Estas personas estan estudiando las acusaciones que se hacen contra el gobierno a fin de enviarlas a la CIDH en febrero del proximo ano para que sea ese tribunal quien dictamine los mecanismos a seguir al respecto", afirmo.
El anuncio hecho por el Comisionado se efectuo un dia despues de que el gobierno asegurara, el martes, haber obtenido la condonacion de una deuda con Dinamarca, con el proposito de destinar parte de los fondos al pago de una indemnizacion a parientes de dos desaparecidos.
Los casos de Manfredo Velasquez y Saul Godinez, desaparecidos en los anos ochenta por cuestiones politicas, fueron procesados por la CIDH, que condeno a el Estado en 1989.
La responsabilidad de esas desapariciones fue atribuida a personal militares, segun se comprobo.
Los casos de Velasquez y Godinez sivieron para que Honduras fuera demandada ante la CIDH y para que por primera ocasion se jusgara a un regimen por violaciones a los derechos humanos.
En su sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligo al Estado a pagar una indemnizacion por 400 mil dolares a los parientes de Velasquez y Godinez, la que aun no ha sido cumplida.
Segun el canciller hondureno, Ernesto Paz, ningun gobierno se quiso hacer responsable de este pago y "nos toca a nosotros honrar esta deuda historica, que ahora sobrepasa los 500 mil dolares por los cambios devaluatorios de nuestra moneda".
Durante la decada pasada, al amparo de la Doctrina de Seguridad Nacional y la guerra de baja intensidad que promovio Estados Unidos, Honduras vivio una epoca de violacion a los derechos humanos, que concluyo con la desaparicion forzada de 184 personas por motivos politicos e ideologicos.
Estas desapariciones, segun un informe oficial de mas de mil paginas divulgado el ano pasado, estuvieron a cargo de grupos paramilitares organizados por las Fuerzas Armadas, en complicidad con algunos civiles.
En el caso de los 14 desaparecidos, el canciller hondureno afirmo que efectuaba conversaciones con sus familiares para llegar a un convenio amistoso y evitar una nueva demanda al pais.
Sin embargo, este miercoles el asesor tecnico en derechos humanos de la OEA, Oswaldo Kreimer, dijo en una conversacion telefonica desde Washington que dichos arreglos en ningun momento "evadiran la responsabilidad del pais de esclarecer a fondo los casos".
"No nos oponemos a los arreglos que se hagan con los parientes de las victimas, pero queremos recordar que ello no es base para que el gobierno evada su obligacion de investigar y castigar a los culpables de estas muertes", dijo Kreimer al ofrecer una declaracion telefonica a una radioemisora local.
A criterio del experto, todo esta listo para que los casos sean conocidos por la CIDH y depende del gobierno hondureno el aceptar su responsabilidad e investigar los hechos, o someterse a un nuevo desprestigio internacional.
Extraoficialmente trascendio que dentro de los casos que seran conocidos por la CIDH se encuentran los de Moises Landaverde y Miguel Angel Pavon, desaparecidos en 1989 bajo el regimen del expresidente Jose Azcona Hoyo (1985-1989).
Tambien, podria incluirse el del estudiante Roger Gonzales, cuya desaparicion ocurrio en 1988 en pleno centro capitalino, luego de que participara en una manifestacion que culmino con la quema de parte del local que ocupa la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa.
Otro caso que estaria siendo analizado es el de Juan Humberto Sanchez, desaparecido y posteriormente ejecutado en 1991, cuando gobernaba el pais el ex presidente, Rafael Callejas (1990-1994), a quien grupos de derechos humanos vincularon con las desapariciones.
Sanchez, segun versiones de los testigos, fue capturado por efectivos militares en el occidental departamento de Intibuca, tras acusarlo de tener fuertes vinculos con la ex guerrilla salvadorena.
Segun el informe de los desaparecidos, titulado "Los Hechos hablan por si mismos", en las ejecuciones extrajudiciales en el pais tuvieron participacion tambien oficiales argentinos, quienes entrenaron al ejercito hondureno en metodos avanzados de tortura y ejecuciones "sin dejar rastro". (FIN/IPS/TM/mc/hr/94). – – –
