Una reforma constitucional discutida por el Parlamento, en la cual se propone la autonomia administrativa del Canal de Panama cuando este pase a la jurisdiccion panamena el 31 de diciembre de 1999, genero hoy un fuerte debate que involucra a todo el espectro politico de este pais.
Aunque la reforma fue aprobada en primera instancia por la legislatura pasada, otra ley sobre el canal que se debate en el Senado de Estados Unidos -que algunos expertos consideran que "esta casada" con el cambio constitucional panameno- fue lo que vino a agitar las aguas politicas en Panama.
El ex administrador panameno del Canal, Fernando Manfredo, dijo hoy que "es sumamente extrano" que en el Senado de los Estados Unidos se debata una ley que en algunos aspectos parece complementarse con un articulo de la reforma constitucional que se propone en Panama.
El articulo en cuestion propone que la futura administracion del canal asimile "la estructura administrativa y operativa que exista en la via acuatica el 31 de diciembre de 1999", cuando la via canalera pase a la soberania de Panama, segun lo estipulado en los tratados de 1977.
La ley que se debate en el Senado de Estados Unidos, conocida como "Ley Anderson", propone que el cana una compania corporativa, lo cual no esta contemplado en el tratado canalero suscrito entre Washington y Panama.
Dicho tratado establece que hastael canal sera gobernado por un comision binacional de nueve representantes de los gobiernos de Pano por una corporacion como plantea la ley Anderson.
El abogado tratadista internacional, Humberto Ricord, dijo esta semana que la intencion de la ley Anderson y la reforma constitucional que debate el Parlamento local, es que la futura administracion del Canal no este sujeta al estado panameno sino a una corporacion que actuara como una empresa privada.
Manfredo, al explicar algunos puntos especificos de la ley Anderson dijo que en ella "hay enmiendas y adiciones muy preocupantes, porque le conceden a la comision (administracion) del Canal facultades y autoridades que exceden las otorgadas por el tratado".
Entre otras detallo que la futura corporacion quedaria facultada para crear los cargos de asesores internacionales, los cuales no estan contemplados en el actual tratado y que, si el Parlamento local aprueba las reformas a la carta magna, seran asimilados por la futura administracion despues de 1999.
Otro hecho grave que contiene la ley Anderson es que la futura corporacion tendria atribuciones para vender las actuales tierras destinadas para las operaciones del canal, las cuales a juicio de Manfredo, "pertenecen a la Republica de Panama", de conformidad con el tratado de 1977.
Sin embargo, el empresario Joaquin Vallarino, comisionado en 1993 por el ex presidente Guillermo Endara para elaborar el proyecto de reformas a la Constitucion, indico que "no veo nada en ese proyecto que afecte nuestros objetivos planteados en el titulo constitucional".
Tras senalar que la ley Anderson no propone privatizar el Canal, Vallarino, un acaudalo industrial vinculado a partidos de la oposicion, indico que quienes ligan la ley Anderson con la reforma constitucional lo hacen "con la sola intencion de confundir mas a la opinion publica".
A su juicio, lo que pretende dicha ley es hacer mas flexible el periodo de transicion para la reversion del canal al Estado panameno, lo cual -indico- esta establecido en el articulo primero de la reforma que debate el Parlamento local, cuando "estipula que el canal es un bien nacional y no es enajenable".
El debate tambien incluye a los 72 diputados que conforman el Parlamento local, quienes se encuentran indecisos sobre la ratificacion de las reformas constitucionales.
La presidenta del Parlamento, Balbina Herrera, del gobernante Partido Revolucionario Democratico (PRD), admitio hoy que en la mayoritaria bancada oficialista "no existe consenso" para aprobar las reformas.
Entre tanto, el diputado Roberto Abrego, quien preside la Comision de Gobierno y Justicia del Parlamento, indico que el y otro grupo de diputados del PRD rechazan que Estados Unidos sea quien decida el tipo de administracion que tendra el canal cuando pase a la soberania de Panama.
El presidente Ernesto Perez Balladares senalo, por su parte, que va a respetar la independencia del poder legislativo y que no emitira opinion alguna al respecto "hasta tanto se adopte una decision final" en el Parlamento.
"La bancada de mi partido (PRD) aun no ha tomado una decision. Yo tengo mi opinion, pero no la voy a dar hasta tanto no se de a conocer la posicion de la Asamblea (Parlamento) o cuando se cumpla con un procedimiento de consulta", subrayo Perez Balladares. (Fin/IPS/SH/mc/np/94). —
