Siete casos de explotacion a extranjeros ilegales han sido registrados en los ultimos dos anos en Argentina, de acuerdo a los informes de la Secretaria de Poblacion del Ministerio del Interior.
Los trabajadores, provenientes en general de Bolivia y Peru, eran obligados a realizar tareas en condiciones inhumanas y a cumplir una jornada laboral superior a 12 horas ininterrumpidas.
El ultimo operativo realizado en forma conjunta por dicha Secretaria, la Direccion General Impositiva (DGI) y la Policia de la ciudad de Buenos Aires, descubrio dos fabricas de helados en las que trabajaban 200 personas.
Los empleados, mayoritariamente peruanos y en menor numero chilenos, eran alojados en el lugar de trabajo en condiciones de hacinamiento, sin ventilacion ni higiene adecuadas.
Por otra parte, los empleadores les retenian la documentacion de su pais y los amenazaban con llamar a Migraciones si denunciaban esta situacion.
El director de la Auditoria Federal de la DGI, Luis Maria Pena, senalo que el funcionamiento de los negocios "es totalmente en negro, no se hallaron planillas de sueldos ni jornales y ningun comprobante de pago de aportes previsionales".
Pena califico de "humillantes" las condiciones laborales de los operarios y el inspector Alberto Pedace clausuro los locales donde se relizaban estas tareas.
El operativo policial fue altamente resistido y se produjeron incidentes entre los inspectores de la DGI, los duenos de las fabricas y periodistas que cubrian el hecho.
Dos reporteros de television recibieron golpes y amenazas y la policia debio pedir refuerzos para ingresar al establecimiento y realizar el allanamiento.
Finalmente la situacion fue controlada y se inicio un juicio a los empresarios por "reduccion a la esclavitud" y "evasion impositiva".
Las autoridades, por su parte, establecen que hay mas casos de explotacion en Argentina y que son dificiles de detectar dado que alrededor de los inmigrantes se han montado verdaderas "mafias" que se aprovechan de la necesidad.
En diversas fabricas y talleres se observan carteles que proponen la pronta regularizacion de la situacion de los inmigrantes a cambio de dinero.
Los tramites de documentacion son extensos y para lograr la ciudadania argentina o la residencia se debe contar con una serie de requisitos que ninguna "empresa" o "institucion" puede brindar.
Segun los mismos obreros, se trata de atraer la confianza de los extranjeros que llegan al pais tratando de obtener mejores condiciones de vida y necesitan los papeles en regla.
El juez Sergio Fernandez, que atendio diversas causas de este tipo, afirma que "el problema es muy complejo, dado que muchas personas aceptan esta situacion".
"Aunque cueste creerlo", dice Fernandez, "la explotacion a la que son sometidos no siempre es vivida como tal, ya que muchos inmigrantes se escapan del hambre y la miseria y se someten a estas formas de esclavitud, en pleno siglo XX".
Ante estos hechos, la oficina de Migraciones anuncio un nuevo programa para facilitar la legalizacion de los indocumentados, especialmente de origen peruano.
Durante el ano 1993 se realizo una campana nacional de regularizacion de documentos en la cual se entregaron cedulas de identidad a 500.000 extranjeros.
A pesar de la misma, todavia se suceden casos de explotacion y los controles suelen ser burlados por la ignorancia de las victimas y su imperiosa necesidad de trabajo.
El primer caso de explotacion a ciudadanos extranjeros se remonta a 1987, cuando la policia descubrio en la ciudad de Rosario, 450 kilometros al norte de Buenos Aires, a un empresario que condenaba a sus operarios a trabajar a cambio de alojamiento.
Los obreros, de nacionalidad boliviana, percibian un salario "simbolico" y aceptaban este maltrato por carecer de documentacion que les permitiera una insercion igualitaria en el mercado laboral.
El caso mas humillante se produjo en la ciudad de Buenos Aires, donde se clausuraron seis fabricas textiles de empresarios coreanos que encadenaban a los obreros a las maquinas.
Los operarios, 10 brasileros y seis bolivianos, aceptaban estos trabajos a cambio de un sueldo miserable por su condicion de indocumentados.
Estas situaciones, que escandalizan a la opinion publica, son muy dificiles de probar y condenar porque en muchos casos las propias victimas no tienen concientes de la explotacion a la que se ven sometidas. (FIN/IPS/sa/ag/pr/94
