Con la empresa de ferrocarriles como la primer estacion del proceso, arrancara en tres meses el plan de privatizacion y de desmonopolizacion de empresas del Estado en Guatemala, impulsado por el gobierno de Ramiro De Leon.
Pese a las protestas de las organizaciones sindicales, la marcha es irreversible, segun De Leon, quien se comprometio a que el proceso se realice de manera "transparente", "sin privilegios" y "abierta" sin distinciones a cualquier postulante nacional o extranjero.
El proceso fue enconmendado a Manuel Ayau -a cargo de la Comision Nacional de Privatizaciones-, un exitoso empresario considerado como el mas solido impulsor del liberalismo a ultranza en Guatemala, lo que desperto no menor recelo.
Aunque todavia no se han realizado los estudios necesarios, Ayau estimo en mas de 100 millones de quetzales (unos 17 millones de dolares) las ganancias obtenidas por la venta de empresas publicas.
"Todo el dinero que se reuna ira exclusivamente para inversion, no para funcionamiento. Es decir que servira para construir escuelas, carreteras, hospitales y otras obras. De esta manera el pueblo intercambiara un activo por otro", responde Ayau a sus enconados adversarios.
El proceso no generara despidos sino que mejorara las condiciones de los trabajadores, insiste ante quienes sostienen que la privatizacion pretende coartar la libre organizacion sindical y que empeorara las condicones de por si precarias de un 85 por ciento de la poblacion, que vive en la pobreza.
Segun lo anunciado por el gobierno, el proceso tiene dos objetivos primordiales.
En primer lugar se propone concluir con el proceso de desmonopolizacion de empresas del Estado, como en el caso del Instituto Nacional de Energia Electrica, que a hasta octubre registraba un deficit total de 3,3 millones de dolares.
El segundo objetivo es vender las empresas del Estado comerciales, industriales y de Servicios, a traves de mecanismos como la subasta publica, sin incluir los servicios de educacion y salud.
En ese contexto, el primer blanco de la privatizacion, luego que el Congreso apruebe una legislacion para enmarcar ese proceso, es Ferrocarriles de Guatemala (FEGUA), obsoleta casi en un 90 por ciento y que registra perdidas anuales del orden del medio millon de dolares.
Las restantes empresas del grupo de "los cuatro jinetes de la privatizacion" -segun los denomina la prensa local-, son la Empresa Guatemalteca de Comunicaciones (GUATEL), que genera superavit, y la Empresa Guatemalteca de Servicio Electrico.
El proceso, que genero un intensivo debate en las ultimas semanas, es considerado por analistas politicos como un evidente intento de De Leon de mejorar sus relaciones con el sector privado, a quien se enfrento por su pretension de incremementar la recaudacion fiscal.
Un documento del Comite de Asociaciones Comerciales, Agricolas, Financieras e Industriales (CACIF) -cupula del sector privado- insiste en la necesidad de la privatizacion y de la desmonopolizacion de las empresas publicas ineficientes.
Pero contra los efusivos aplausos del sector privado y de los mayoritarios partidos vinculados a ese medio, el proceso desperto airadas reacciones de parte de las organizaciones populares.
"…generara despidos masivos, traera desempleo, pobreza y el encarecimiento de los servicios basicos de la poblacion", destaco el sindicato de trabajadores de GUATEL, en una opinion en la que coinciden la mayoria de organizaciones de trabajadores que amenazan con manifestaciones, paros y otras expresiones de protesta.
La candidatura de De Leon a la Presidencia, elegido por el Congreso en junio de 1993, tras la destitucion de Jorge Serrano, se sustento principalmente en el apoyo brindado por el movimiento popular del pais, que se baso en su trayectoria como Procurador de Derechos Humanos.
En ese sentido, la nueva alianza con el CACIF deja prever un mayor alejamiento politico con el movimiento popular, del que ya recibio un torrente de criticas por otras medidas economicas tildadas de "antipopulares".
"Cuando los lideres obreros apoyaron la candidatura de De Leon, ciertamente no estaban pensando que iba a privatizar", recordo Gabriel Aguilera, un sociologo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
Aguilera, miembro activo del minoritario Partido Socialista Democratico, recomendo que la privatizacion se realice con base en un riguroso analisis de las funciones que cumple cada empresa del Estado, en relacion con la satisfaccion de las necesidades de la poblacion.
En ese sentido, coincide con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que en su informe sobre desarrollo humano de 1993, senala entre los "siete pecados de la privatizacion", el impulsar este proceso en un "clima equivocado".
Dicho pecado, alude a la necesidad de liberar las empresas estatales en un clima que les permita ser eficientes y competitivas.
"Cuando el mercado funciona mal y las empresas siguen siendo vulnerables a edictos arbitrarios del gobierno, es poco probable que el traspaso de la propiedad al sector privado sirva de mucho", senala el informe del PNUD. (Fin/IPS/FF/mc/ne/94). —
