Mientras los parlamentarios definen su posicion respecto de una reforma constitucional sobre el canal de Panama, crece la polemica en el pais sobre el futuro de la via interoceanica cuando pase a la jurisdiccion de este pais dentro de cinco anos.
La reforma, aprobada en primera instancia en la legislatura pasada, propone entre otras cosas darle rango constitucional al ente que dirigira el canal a partir del 31 de diciembre de 1999, asi como asumir el tipo de administracion y manejo operacional que haya en la via interoceanica para esa epoca.
Esta ultima parte de la reforma, que segun varios juristas, sindicatos y diputados independientes "esta casada" con otra ley sobre el canal que se debate en el senado de los Estados Unidos, es la que ha hecho desbordar las compuertas de las pasiones en el ambiente politico local.
El texto que debate el senado norteamericano, conocido como "Ley Anderson", propone que la actual administracion canalera deje de regirse como una agencia federal de ese pais y adopte una estructura corporativa con amplias atribuciones, entre ellas las de otorgar concesiones a terceros y la venta de tierras.
Pese a que por los tratados de 1977 Panama paso a ser socio de Estados Unidos en el gobierno canalero, su administracion y manejo operativo fue cedido por este pais a Washington hasta que en 1999 culmine la etapa de reversion al pais sede.
Varios expositores consultados por IPS durante un seminario realizado esta semana para confrontar opiniones en torno a la polemica reforma, mostraron posiciones antagonicas sobre la conveniencia o no de que el Parlamento ratifique ese texto constitucional.
El tratadista internacional Humberto Ricord indico que "aceptar que en el canal rijan leyes extranjeras cuando este pase a la jurisdiccion panamena, es negar la soberania" del pais.
Dijo que ello expone a Panama al riesgo "de que (Estados Unidos) entregue un canal de papel en 1999, porque todas las concesiones para operarlo estaran en manos de companias norteamericanas y no pasara a poder del Estado panameno, como lo dicen los tratados de 1977".
De acuerdo con dicho tratado, en 1999 Estados Unidos debe traspasar todas las tierras, aguas y estructuras (incluidas las actuales bases militares) del canal al Estado panameno, el cual sera su unico propietario, administrador y beneficiario.
Ricord, quien asesoro legalmente a una comision que desde 1991 se encargo de elaborar la reforma constitucional, denuncio que la propuesta hecha por dicha comision "fue modificada" por el ex presidente Guillermo Endara (1989-1994) antes de que llegara a la pasada legislatura parlamentaria para su aprobacion.
La Coalicion de Uniones de Trabajadores de la Comision del Canal (CUTCC) tambien se opone a las reformas porque a su juicio comprometen la soberania del pais.
El portavoz de la CUTCC, Zosimo Rovira, indico que la reforma "deja abierta las puertas para la privatizacion del canal" en 1999.
Asimismo, se opuso a que se le entregue todo el poder de decision a una junta de 11 directores, 10 de los cuales seran designados por el presidente y su Consejo de Ministros -como plantea la reforma-, "porque darle tantos poderes a tan pequeno grupo crea un estado dentro de otro estado".
En tanto, el diputado Victor Mendez, del independiente Movimiento "Papa Egoro" que preside el musico Ruben Blades, senalo que la iniciativa propuesta "deja espacio para que entren a regir leyes (extranjeras) que no estan vigentes en Panama".
El diputado, al igual que Ricord y el jurista Roberto Arosemena, propusieron que se adopte una ley organica para el manejo futuro del canal y que se deseche la idea de la reforma.
Sin embargo, los defensores de la misma, como el diputado opositor Bolivar Pariente, del ex gobernante Partido Arnulfista, aducen que la propuesta pretende "excluir al canal de la politiqueria criolla y enviar un mensaje a los navieros internacionales de que el canal se manejara con toda seriedad".
Pariente, cuyo partido voto a favor de la reforma en la pasada legislatura, senalo que "es falso" que la iniciativa este casada con la "Ley Anderson", como sugiere Ricord.
El tambien diputado opositor Alberto Cigarruista advirtio, sin embargo, que una parte de los 26 legisladores de oposicion "votaran contra el proyecto porque no quieren convertirse en los nuevos (Phillipe) Boneau-Varrilla … que puedan hipotecar el futuro de las generaciones panamenas".
Boneau-Varrilla fue un negociante frances que en diciembre de 1903 -un mes despues de que Panama lograra la independencia de Colombia- firmo un tratado mediante el cual, a nombre de este pais, le otorgo la perpetuidad a Estados Unidos para construir y explotar el canal interoceanico en el istmo.
La presidenta del Parlamento, Balbina Herrera, del gobernante Partido Revolucionario Democratico (PRD), es una de las pocas voces del oficialismo parlamentario que ha definido su voto a favor de las reformas.
Sin embargo, advirtio que "no vamos a permitir ni aceptar" que Estados Unidos modifique la actual ley "96-70" que rige la administracion del canal y se transforme a la misma en una corporacion como plantea la "Ley Anderson".
Por ahora solo 26 diputados (12 del PRD y 14 del Partido Arnulfista) estarian anuentes a votar la ratificacion de la reforma, segun trascendio en fuentes parlamentarias.
Los otros 25 diputados oficialistas, los restantes 17 de la oposicion y los seis de "Papa Egoro" todavia no adoptaron una posicion concreta sobre la controvertida reforma que definira el destino de un bien nacional que costo sangre, dolor y luto a las ultimas cuatro generaciones de panamenos. (FIN/IPS/sh/mso/np/94). – – –
