La inseguridad es la principal preocupación en Venezuela. Más de cien personas son asesinadas cada fin de semana, y hay un auge tanto de las ejecuciones sumarias por parte de los cuerpos de seguridad como de los linchamientos de delincuentes en los barrios populares de esta capital.
Más de 7.000 personas habían sido asesinadas durante el año 2000, sólo hasta mediados de noviembre.
Más de 42 por ciento de la población afirma que el principal problema del país -y también el suyo propio- es la inseguridad, según una encuesta de la consultora Datanálisis.
Venezuela Posible, una organización no gubernamental, reclamó a la Defensoría del Pueblo que convoque a todas las instancias del gobierno para orientar todos los recursos humanos, técnicos y financieros a detener el derramamiento de sangre.
El diputado oficialista Carlos Tablante, afirmó que el gobierno debe declarar una emergencia en materia de seguridad ciudadana, en atención al intolerable número de muertes durante los fines de semana y los informes sobre ejecuciones extrajudiciales por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.
El arzobispo Baltazar Porras, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, afirmó que no es responsabilidad sólo del gobierno emprender acciones para enfrentar el alto índice delictivo en el país, porque son muchos los actores sociales involucrados que deben colaborar para resolver el problema.
Porras expresó que debe investigarse si existe una política de exterminio de delincuentes por parte de órganos de seguridad del Estado, en tanto consideró que los linchamientos constituyen un problema muy complejo.
Jaqueado por denuncias y estadísticas, el ministro de Interior y Justicia, el coronel retirado Luis Alfonso Dávila, anunció la realización una campaña nacional para la prevención del delito.
A través de contratos con empresas y fundaciones se llevará a cabo un programa de educación para la convivencia y participación ciudadana en procesos de desarrollo y se realizará una encuesta nacional para determinar las razones que determinan la situación de violencia en Venezuela y poder atacarla, informó.
«Tenemos que luchar contra la delincuencia, pero manteniendo blindada nuestra Constitución, que es una de las más avanzadas del mundo en materia de derechos humanos», declaró Tablante.
Entre las medidas propuestas por el parlamentario figura un desarme general, «porque hay un exceso de portes de armas, incluso en manos de gente acusada de crímenes, lo que muestra que en muchos niveles hay una asociación entre delincuentes y funcionarios».
Ante las exigencias de investigar a presuntos escuadrones de la muerte, el Fiscal General, Isaías Rodríguez, respondió que mientras estuvo en el gobierno como vicepresidente nunca se discutió una política de exterminio de delincuentes y «si alguien lo hubiera planteado, hubiese sido rechazada», aseguró.
En el primer semestre del 2000, fueron abatidos por los cuerpos de seguridad del Estado más de 500 presuntos delincuentes, una cifra que llamó la atención a la Defensoría del Pueblo, que alertó sobre el peligro de las ejecuciones sumarias o extrajudiciales.
El criminólogo Javier Gorriño destacó el cambio de actitud de la sociedad ante el delincuente, que antes lo veía incluso como «un Robin Hood que ayudaba a gente de la comunidad para que no se le señalara», mientras ahora se produce «el linchamiento de los 'malandros' en los barrios».
Gorriño aseguró que más del 90 por ciento de las muertes son producto de peleas entre bandas, por el control de una zona para la distribución de droga.
Otro criminólogo, Fermín Mármol León, ex director de la PTJ y ex ministro de Justicia, señaló tres factores para el incremento de la delincuencia: un mayor consumo de drogas, la impunidad y el odio social. (FIN/IPS/ra/ag/ip/01
