La presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, Cecilia Sosa, renunció hoy por desacuerdos con el respaldo del tribunal a las medidas de emergencia judicial dispuestas por la Asamblea Constituyente.
"La Corte Suprema de Justicia se suicidó para evitar ser asesinada", dijo Sosa en una dura declaración leída este martes, dirigida "al mundo democrático", mientras alertaba sobre amenazas a la independencia del Poder Judicial.
Su posición contrastó con la de miembros de la Asamblea Constituyente, quienes saludaron la decisión de la Corte como un gesto que permitía garantizar la coexistencia de poderes en el marco de una "transición sin traumas".
La Asamblea Constituyente ordenó un proceso de reorganización de los poderes públicos y comenzó decretando una emergencia judicial, con el argumento de este sector atravesaba una crisis de tal magnitud que no se podía esperar hasta que concluyera la redacción de una nueva Constitución.
Los 131 miembros del cuerpo constituyente tienen un plazo de seis meses para redactar esa Constitución.
La emergencia judicial estableció un plazo de 20 días para que una comisión nombrada por la Asamblea evaluara la Corte Suprema y otros organismos, con el fin de tomar decisiones de reorganización en este sector.
La Corte Suprema precisó este martes que su declaración aprobada por ocho votos contra seis se limita a reconocer el trabajo de la comisión constituyente, y que no convalida actos de la Asamblea. Además, garantizó que no apoyará violaciones al estado de derecho.
"Estamos dispuestos a colaborar con las reformas del poder judicial", dijo el segundo vicepresidente de la Corte, Iván Rincón.
Más de 3.000 funcionarios judiciales tienen expedientes abiertos por supuestas irregularidades, advirtieron delegados de la Asamblea Constituyente al mencionar uno de los motivos para decretar la emergencia.
"La Corte Suprema de Justicia se ha autodisuelto", dijo Sosa en su lapidaria declaración. "No puedo formar parte de una ficción", advirtió, para justificar su salida del máximo tribunal.
Sosa ha sido una figura conflictiva frente al proceso constituyente, con constantes precisiones a las atribuciones de la Asamblea. Este martes reiteró que el cuerpo "no fue habilitado para dictar actos de gobierno".
En su opinión, la Constituyente venezolana no puede intervenir los poderes ni decretar su disolución, pues fue convocada con la misión muy precisa de redactar una nueva Constitución.
La Asamblea, sin embargo, se declaró "originaria" apenas fue instalada el 3 de agosto, una condición que colocaría al poder constituyente por encima de los poderes constituidos, a los cuales incluso podría disolver.
Sosa insitió este martes en que la Constituyente no tiene atribuciones para actuar como poder constituido. Con la decisión de la Corte Suprema, desapareció "el último control de la constitucionalidad y la legalidad" en este país, consideró.
La magistrada, a quien algunos constituyentes apodaron "doctora No" por negar insistentemente las atribuciones de la Asamblea, dijo, sin embargo, estar de acuerdo con la necesidad de una nueva Constitución.
También reconoció que su decisión de abandonar el cargo implica "desdecirme" del propósito de mantenerse en él hasta el momento en el cual fuera aprobada y entrara en ejecución una nueva Constitución.
"Formada en democracia, no puedo participar en una decisión atentatoria contra ella", aseguró.
Mientras, el presidente de la Asamblea Constituyente, Luis Miquilena, destacó el respaldo de la Corte Suprema a las medidas de emergencia, y respetó la renuncia de Sosa argumentando que ésa fue "su voluntad".
Al mismo tiempo, garantizó la independencia de poderes, y aseguró que no hay contradicción entre esa independencia y el propósito de depurar el Poder Judicial.
La Asamblea Constituyente tiene previsto analizar desde este miércoles medidas de emergencia para el Poder Legislativo. (FIN/IPS/lc/mj/ip/99
