La base militar El Aguacate es el principal foco de atención en Honduras, al revelarse el presunto uso de su pista aérea para el tráfico de drogas y cobros ilegales de algunos oficiales a los campesinos en los años 80.
Ubicada en el nororiental departamento de Olancho, la base tiene el mismo nombre que la aldea que la rodea, cuyos pobladores caminan aún con temor y relatan en voz baja uno de los acontecimientos más dolorosos en la historia hondureña: la presencia de la "contra" nicaragüense.
El papel que este centro militar jugó durante la guerra fría salió nuevamente a luz cuando organismos campesinos disputan al ejército la propiedad de algo más de 2.000 hectáreas, que alegan les fueron quitadas ilegalmente al obligarlos a aceptar como pago menos de 500 dólares por hectárea.
En medio de este conflicto legal, la base militar de El Aguacate captó nuevamente el interés nacional al mostrar los campesinos a la prensa los sitios de tortura utilizados por la contra nicaragüense y el ejército de Honduras.
Allí se presume que fueron enterrados el sacerdote estadounidense Guadalupe Carney y el guerrillero José María Reyes Matta. Ambos desaparecieron a mediados de los años 80, cuando procedían de Nicaragua acompañando a una célula guerrillera hondureña que había recibido entrenamiento en el país vecino.
Las tropas del ejército hondureño, según testigos, los interceptaron, capturaron, torturaron y ajusticiaron en esa base militar.
Periodistas del diario El Heraldo, de Tegucigalpa, lograron entrar a la base militar 19 años después, burlando la vigilancia con ayuda de personas del lugar que les mostraron las cámaras de tortura, cinco presuntos cementerios clandestinos, fosas donde se ocultan armas para ser vendidas ilegalmente y evidencias de que su pista aérea es utilizada para el tráfico de drogas.
Los habitantes del departamento de Olancho están en su mayoría armados e interpretan la justicia a su manera, por lo que las autoridades no se sosprenden que allí exista tráfico de drogas y que en algunos puntos de su territorio, dos veces más grandes que El Salvador, se burle a la policía.
Según versiones de los campesinos, avionetas desconocidas aterrizan todos los meses en la pista aérea de El Aguacate y "lleven bultos de polvo blanco (cocaína), que son cuidados por ciertos militares", dijo el dirigente campesino Israel Cruz.
Mientras, indicaron que hace una semana fueron abiertas unas fosas para sacar armas, que se presume son vendidas ilegalmente a grupos delictivos que operan en el llamado "corredor de la muerte", una franja que cubre los departamentos de Olancho y Colón, este último en el litoral atlántico.
En la base de El Aguacate, los campesinos mostraron a la prensa una celda conocida como el "Piricuaco", donde se supone torturaron a Carney y a Reyes Matta.
Parte de los restos del sacerdote estadounidense habrían sido enterrados en la base militar y montañas cercanas, mientras otras partes fueron trasladadas al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en Tegucigalpa, según se afirmó este viernes.
Ante el hallazgo de los presuntos cementerios clandestinos, la Fiscalía de Derechos Humanos anunció que la próxima semana se realizarán las primeras excavaciones en busca de restos óseos.
Los fiscales encontraron restos de sangre humana en las celdas de tortura de El Aguacate, pero las Fuerzas Armadas hondureñas negaron en un comunicado oficial responsabilidad en lo sucedido hace 19 años, por considerar que esa base "fue alquilada" por Estados Unidos para entrenar a los contras nicaragüenses.
En aquella época, "nosotros no podíamos hacer nada, obedecíamos órdenes impuestas por Estados Unidos, y creo que eso fue parte de la guerra fría y lo mejor sería olvidar esas cosas y no escarbar sobre algo que puede ser doloroso", dijo el portavoz de las Fuerzas Armadas, Danilo Soto Ponce.
"En ningún momento vamos obstaculizar los trabajos que ejecuta el Ministerio Público. Somos una nuevas Fuerzas Armadas y vamos a respetar la ley en todo lo que concierne a la base de El Aguacate", aseguró.
Mientras, en el parlamento hondureño, varios diputados interpusieron una moción para que se investigue a fondo lo que sucedido en El Aguacate, incluido el cobro ilegal de 3.000 dólares por parte de militares a los campesinos para que pudieran cultivar esas tierras. (FIN/IPS/tm/ag/hd/99
