Los gobiernos que incurren en acciones masivas de espionaje electrónico, como Estados Unidos, y las empresas que desarrollan programas informáticos intrusivos podrían ser demandados por violar la Convención contra la Ciberdelincuencia.
El espionaje de Estados Unidos a la empresa Petrobras reavivó la polémica sobre la apertura de capital de la compañía, que desde la década de 1950 es símbolo de la soberanía brasileña.
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