Activistas de derechos humanos confían en que las ejecuciones extrajudiciales y otros delitos cometidos en Guatemala por grupos armados relacionados con el poder político puedan ser combatidos con eficacia a partir del acuerdo firmado entre el gobierno y la ONU.
Aunque complacidos con el progreso en la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre los crímenes en Darfur, defensores de los derechos humanos urgen a poner fin a la impunidad para los responsables de las matanzas de cientos de
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