GINEBRA – El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, reiteró este jueves 30 sus críticas a Guatemala por las represalias contra investigadores de crímenes y casos de corrupción, y por el bloqueo impuesto a varias candidaturas para la elección presidencial de este año.
Türk dijo que “es especialmente preocupante que se estén utilizando procedimientos, administrativos y penales, en aparente represalia contra quienes participaron en la investigación y persecución de casos de corrupción o graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado”.
Guatemala padeció un conflicto armado durante más de 30 años, que cesó con un acuerdo de paz en 1996. Los principales contendientes fueron el ejército y “escuadrones de la muerte”, de una parte, y, de otra, guerrillas reunidas en la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca.
Para apoyar las investigaciones de casos complejos de delitos cometidos por fuerzas de seguridad durante el conflicto, funcionó entre 2006 y 2019 una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), pactada entre el Estado guatemalteco y las Naciones Unidas.
Durante el tiempo que estuvo vigente y con el apoyo del Ministerio Público, la Cicig consiguió acusar a más de 1500 personas, procesar a más de 660 y, a julio de 2019, había conseguido 400 condenas.
Türk destacó que funcionarios de justicia, entre ellos los que trabajaron o cooperaron con la Cicig, “siguen enfrentándose a actos de intimidación, acoso y criminalización”.
Destacó que la Fiscalía Especial contra la Impunidad anunció el 28 de marzo, en el último de una serie de casos de esta naturaleza, que emprendía acciones legales contra el costarricense Francisco Dall’Anese, excomisionado de la Cicig, en relación con su trabajo en esa comisión.
Según informes de prensa, las acciones legales de la Fiscalía contra Dall’Anese forman parte de la investigación denominada Fedecocagua (por la Federación de Cooperativas Agrícolas de Productores de Café), y la cual también incluye al gerente de esa empresa, Ulrich Gurtner Kappeler.
El máximo de responsable de la fiscalía especial, Rafael Curruchiche, solicitó una orden de captura contra Kappeler por un delito de lavado de dinero.
El fiscal sostiene que el excomisionado envió una nota al gerente de Fedecocagua, comunicándole que una investigación de la Cicig no había encontrado indicios de ninguna ilegalidad.
En enero, la misma fiscalía acusó de corrupción ante tribunales a otro integrante de la Cicig, el colombiano Iván Velásquez, actual ministro de Defensa de su país.
El presidente colombiano Gustavo Petro y el secretario general de la ONU, António Guterres, criticaron esa decisión y defendieron a Velásquez.
Guterres expresó “su preocupación por los numerosos informes que sugieren que se están llevando a cabo acciones penales contra quienes trataron de arrojar luz sobre casos de corrupción”, declaró entonces su portavoz, Stephane Dujarric.
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Türk también expresó preocupación por los “candidatos presidenciales y vicepresidenciales de todo el espectro político”, entre ellos Thelma Cabrera (indígena maya, del izquierdista Movimiento para la Liberación de los Pueblos), Jordan Rodas (compañero de fórmula de Cabrera) y Roberto Arzú (Podemos, conservador).
Sus candidaturas para las elecciones generales del próximo 25 de junio “fueron rechazadas por la Corte Electoral por motivos aparentemente arbitrarios”, según Türk, y su posible aceptación pende de un hilo en el Tribunal Supremo.
“El derecho a participar en las cuestiones de ámbito público, incluido el derecho a votar y a presentarse a las elecciones, es un derecho humano reconocido internacionalmente”, recordó el alto comisionado.
Por ello, “la Corte Constitucional, el Tribunal Supremo y la Corte Electoral deben decidir de manera imparcial, en base a los hechos y de conformidad con la ley, sin restricciones ni influencias indebidas”, afirmó.
Insistió finalmente en su llamado “a las autoridades guatemaltecas para que garanticen que los jueces y abogados puedan ejercer sus funciones libremente y sin temor a represalias. Un poder judicial independiente es vital para una sociedad democrática”.
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