NACIONES UNIDAS – Las Naciones Unidas están recibiendo grandes y crecientes críticas por su decisión de mantener su prohibición de que las organizaciones no gubernamentales (ONG) accedan a su sede, ahora que la Secretaría General vuelve a la normalidad el 15 de noviembre, poniendo fin al cierre de actividades por la covid, iniciado en marzo de 2020.
Louis Charbonneau, director de Human Rights Watch en la ONU, dijo a IPS: «El secretario general ha hablado repetidamente de la importancia vital de la sociedad civil para el buen funcionamiento de la ONU. Ahora tiene que demostrar que lo dice en serio readmitiendo a las ONG acreditadas, la única categoría de titulares de pases de la ONU a la que todavía se le prohíbe entrar en la sede de la ONU”.
“Sabemos que algunos países están encantados de que las voces críticas de la sociedad civil sobre los derechos humanos y las cuestiones humanitarias estén bloqueadas en la sede de la ONU. Probablemente quieren que la prohibición sea eterna», dijo.
Si el secretario general, António Guterres, considera realmente que la sociedad civil es esencial para garantizar que la ONU rinda cuentas a los ciudadanos del mundo, debería poner fin inmediatamente a la prohibición de las ONG, como han pedido más de 60 Estados miembros de la ONU, en una reunión celebrada en la primera semana de noviembre, consideró Charbonneau.
Se espera que los funcionarios vuelvan a sus oficinas a partir del día 15, después que en su mayoría han trabajado a distancia desde sus hogares desde hace 20 meses. La mayor parte volverá a sus lugares de trabajo en el emblemático edificio acristalado en Nueva York y el resto en otras oficinas que la ONU (Organización de las Naciones Unidas) tiene en la ciudad.
A los diplomáticos de los 193 países de la ONU nunca se les impidió el acceso a la sede durante el cierre de actividades presenciales, al igual que a algunos funcionarios considerados «esenciales», pero a los representantes de las ONG se les prohibió del todo el acceso y así siguen ahora.
Los representantes de las ONG son a los únicos a los que se les ha negado renovar sus pases para entrar en el edificio.
Las crecientes protestas contra el mantenimiento de la prohibición proceden de varias ONG, la mayoría de las cuales han colaborado con la ONU prestando asistencia humanitaria en países en conflicto, como Afganistán, Yemen, Siria, Libia, Sudán y Etiopía.
Sherine Tadros, directora adjunta de Promoción de Amnistía Internacional, dijo a IPS: «Es maravilloso que el secretario general Guterres hable a menudo de lo mucho que valora a la sociedad civil, es estupendo que haya reiterado recientemente que somos una parte integral del ecosistema de la ONU”.
“Pero eso solo hace más difícil entender por qué sigue permitiendo una situación en la que se nos prohíbe entrar en el edificio de la ONU en Nueva York. Le instamos a que aborde esta cuestión con urgencia, para que podamos realizar nuestro trabajo de protección de los derechos humanos», dijo.
Durante un acto para conmemorar el 75 aniversario de la Carta de la ONU, el 24 de octubre de 2020, Guterres reconoció que los grupos de la sociedad civil fueron una voz vital en la Conferencia de San Francisco, donde nació el organismo mundial.
“Ustedes han estado con nosotros a lo largo de las décadas, en los campos de refugiados, en las salas de conferencias y en la movilización de las comunidades en las calles y plazas de todo el mundo», remarcó.
Recordó, además, que esa sociedad civil organizada ha colaborado codo a codo para enfrentar la pandemia de la covid-19.
“Sois nuestros aliados en la defensa de los derechos humanos y en la lucha contra el racismo. Sois socios indispensables para forjar la paz, impulsar la acción climática, promover la igualdad de género, prestar ayuda humanitaria que salva vidas y controlar la propagación de armas mortales. Y el marco mundial para el progreso compartido, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es impensable sin ustedes», declaró.
¿Qué hay detrás de la exclusión a las ONG?
En una entrevista con IPS, James Paul, ex director ejecutivo del Foro de Política Global (GPF, en inglés), con sede en Nueva York, dijo que durante muchos años la ONU ha impuesto restricciones cada vez más onerosas a las ONG, incluida la del acceso a la sede de la ONU en Nueva York.
Aludiendo a la hipocresía política de la ONU, dijo que a pesar de las periódicas declaraciones del secretario general de que las ONG son «socios indispensables» de la organización, la ONU ha endurecido las normas y ha restringido constantemente la posibilidad de una acción eficaz de las ONG.
Por ello, no es de extrañar que la reciente relajación de las restricciones de Covid sobre las delegaciones, los periodistas y otros interlocutores favorecidos no se haya extendido a las ONG, dijo Paul, autor de «Of Foxes and Chickens» (De zorros y gallinas), un análisis crítico de la oligarquía y el poder global en el Consejo de Seguridad de la ONU.
El experto recordó que la apertura durante las sesiones de alto nivel de la 76 Asamblea General, entre el 22 y el 30 de septiembre, contó con muchos periodistas, grandes delegaciones nacionales y una creciente presencia de personal, pero la ONU mantuvo la puerta firmemente cerrada a las ONG.
Ahora, adujo, más de un mes después, la puerta sigue cerrada y no ha habido declaraciones alentadoras por parte de los líderes de la ONU que puedan sugerir un levantamiento de la prohibición en breve, ni se han dado razones plausibles para esta situación.
Las protestas de los líderes de las principales organizaciones de derechos humanos no han servido de nada.
La pregunta entonces es: ¿Se trata, pues, del principio del fin de la presencia activa de las ONG en la ONU?
Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.
En la actualidad, hay miles de ONG en todo el mundo afiliadas al Departamento de Comunicaciones Globales (DGC) de la ONU o reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social (Ecosoc).
La ONU dice que las ONG han sido socios del DGC desde su creación en 1947 y las relaciones oficiales entre el DGC y las ONG se remontan a 1968.
El Ecosoc, en su resolución 1297, pidió al DGC que asociara a las ONG con programas de información eficaces y que difundiera así información sobre los temas de la agenda de la ONU y el trabajo de la Organización. A través de las ONG asociadas, el DGC pretende llegar a personas de todo el mundo y ayudarles a comprender mejor el trabajo y los objetivos de las Naciones Unidas.
Los argumentos de las ONG
Andreas Bummel, director ejecutivo de Democracia Sin Fronteras, dijo a IPS que los representantes de la sociedad civil deben tener acceso al edificio de la ONU y a las reuniones en igualdad de condiciones que otras partes interesadas.
“No recuerdo ningún momento en el que se les haya impedido el acceso durante tanto tiempo mientras otros sí tenían acceso”, aseguró.
Brummel consideró que “hay una creciente sospecha de que las preocupaciones relacionadas con la seguridad debido a la covid-19 se utilizan como pretexto para restringir el espacio cívico”.
“Durante demasiado tiempo, el secretario general de la ONU ha dejado que esto ocurra. Ya es hora de que intervenga», insistió.
Michael Bröning, director ejecutivo de la Fundación Friedrich Ebert (FES, en alemán) en Nueva York, dijo a IPS: “Mantener la ONU en Nueva York sin covid, convirtiéndola en un entorno sin sociedad civil, da un nuevo significado a la noción de inmunidad diplomática, y plantea la cuestión de la protección a qué precio”.
Paul dijo que algunos medios de comunicación occidentales han tratado de dar a las restricciones un falso giro político, afirmando que las restricciones se deben al hecho de que el jefe del departamento de la ONU responsable de la acreditación de las ONG es de nacionalidad china. “Esto es pura propaganda”, consideró.
Las potencias occidentales, en particular Estados Unidos y el Reino Unido, llevan más de dos décadas presionando silenciosamente para que se impongan más restricciones a las ONG y se reduzcan los fondos destinados a los «puntos focales» de la ONU que las apoyan, incluso cuando han defendido de boquilla la causa del acceso de las ONG, señaló el experto.
Esa política ha surgido de la aversión a las iniciativas de desarme de las ONG, de la desaprobación de las campañas sociales, económicas y medioambientales de las ONG, de la furia por la oposición de las ONG al conflicto de Irak, y de muchas otras cosas.
Restricciones que vienen de lejos
Ya en 1999, dijo, el jefe de Gabinete del secretario general emitió directrices draconianas que excluían a las ONG del acceso abierto a la importantísima segunda planta del complejo de la sede. A esto le siguieron más restricciones, a menudo impulsadas por la policía y los servicios de seguridad estadounidenses como respuesta a alegadas «amenazas terroristas».
Los dirigentes de la ONU, recordó Paul, empezaron a hablar de la «ola peligrosa de las ONG», aunque no se produjera un aumento apreciable del número de ONG.
“En general, los miembros de la ONU no han defendido a las ONG frente a la presión de las grandes potencias. Lo estados más pequeños son hoy menos partidarios o incluso menos tolerantes con las ONG que antes, y ven a las ONG como una fuente de vergüenza o una molesta oposición en uno u otro tema”, analizó.
En una época de gobiernos cada vez más derechistas, añadió Paul, deshacerse de los opositores es un paso natural para la nueva generación de diplomáticos. Incluso entre los gobiernos más amistosos con las ONG, son pocos los que están dispuestos a utilizar el capital político para defender el papel democrático creativo y esencial de estas organizaciones.
Mientras tanto, afirmó, han aplaudido la puerta abierta de la ONU a los representantes de las empresas, a los líderes de las fundaciones y a otros defensores del statu quo internacional, especialmente a los que tienen dinero para repartir.
“Se puede argumentar que la exclusión de las ONG ha ido tan lejos y se ha vuelto tan flagrante que se ha convertido en una violación por parte de la ONU de su propia Carta, que en su artículo 71 pide al Consejo Económico y Social que establezca ‘disposiciones adecuadas para la consulta’» con las organizaciones de la sociedad civil, afirmó.
Los dirigentes de la ONU argumentan ahora que sus «plataformas electrónicas» son adecuadas para la participación, al menos en el futuro inmediato. Pero si esto es así, ¿por qué otros pueden ir y venir mientras que incluso los representantes más respetados de las ONG son rechazados?
“Puede que sea el momento de exigir responsabilidades legales a la ONU. ¿Podría presentarse un caso ante un organismo jurídico apropiado (tal vez el Tribunal Mundial) para poner a prueba el asunto?”, se preguntó Paul.
Razones de la Secretaría no convencen
Mientras tanto, Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, y Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, escribieron a comienzos de noviembre una enérgica carta de protesta a Guterres.
Como respuesta, Maria Luiza Ribeiro Viotti, jefa de Gabinete del secretario general, dijo: «Deseo asegurarle la máxima importancia que concedemos al compromiso de la sociedad civil en la labor de las Naciones Unidas a todos los niveles y a su participación activa durante todo el año, incluso durante los actos de alto nivel».
“Desde el comienzo de la pandemia de covid-19, hemos estado equilibrando la seguridad del personal, los representantes de los Estados miembros y otras partes interesadas con la necesidad de garantizar la continuidad del trabajo de la Organización”, añadió.
Ribeiro recordó que desde marzo de 2020, “se cerraron las instalaciones en Nueva York y la mayoría de nuestro personal trabajó a distancia para garantizar la continuidad de las funciones críticas, incluidas las reuniones intergubernamentales, que tuvieron que llevarse a cabo de forma virtual”.
En su respuesta añade: “Como la situación en Nueva York ha mejorado gradualmente, las Naciones Unidas han podido seguir un enfoque gradual y escalonado para su reapertura con el fin de proteger la salud y la seguridad de todas las personas afectadas”.
“Basándonos en las orientaciones médicas, actualmente nos encontramos en la fase 2 de nuestro plan de reapertura, con la mayor parte del personal trabajando a distancia durante un máximo de cuatro días a la semana”, explica.
Este enfoque gradual, arguye, sigue requiriendo la limitación del número de personas que pueden estar físicamente presentes en las instalaciones y en las reuniones para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones de distanciamiento físico de nuestros expertos en salud y las orientaciones emitidas por las autoridades del país anfitrión.
Ribeiro concluye que hay preparativos para pasar a la fase 3, conocida como nuestra fase de próxima normalidad, que nos permitiría aumentar la presencia de personas en el edificio y “reabrir más plenamente” el edificio.
T: MF / ED: EG
