El 11 de enero de 1994, Romeo Dallaire, comandante de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Ruanda, envió un fax a la sede del foro mundial en Nueva York para informar que una fuente cercana al gobierno del país africano le había confiado que los tutsis estaban siendo obligados a registrarse en Kigali.
“Él sospecha que es para su exterminio”, escribió Dallaire.
En cinco meses, un millón de ruandeses, en su mayoría tutsis, fueron víctimas de un genocidio meticulosamente planificado y lanzado por extremistas hutu.
Las tensiones étnicas se desataron luego de que el avión en el que viajaba el presidente Juvénal Habyarimana fuera derribado por un misil para impedir que firmara un acuerdo de paz. La autoría del magnicidio no fue aclarada, hasta ahora.
En estos días, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) rememora el sombrío 20 aniversario de lo que muchos consideran su mayor fracaso, una oportunidad para reflexionar sobre el papel de las fuerzas de mantenimiento de paz en el siglo XXI.
“Hace 20 años, la humanidad se vio trastocada”, dijo Dallaire a periodistas el martes 14 en Nueva York. “La comunidad internacional hizo todo lo posible para ignorar a Ruanda. No estaba en su radar, no era de su interés, no tenía valor estratégico”, señaló.
Simon Adams, director ejecutivo del Centro Mundial para la Responsabilidad de Proteger, que participó de la conferencia de prensa junto a Dallaire y al embajador ruandés Eugene-Richard Gasana, opinó que el genocidio en ese país y la “limpieza étnica” en los Balcanes en los años 90 constituyeron un punto de quiebre para la ONU.
Once años después del genocidio, en 2005, la ONU lanzó la iniciativa Responsabilidad de Proteger (R2P), que insta a los estados a resguardar su propia población de asesinatos masivos y exhorta a la comunidad internacional a que tome acciones colectivas para prevenir genocidios.
“Sin la tragedia de Ruanda, no hubiéramos tenido la R2P”, dijo Adams a IPS. “No hay forma de que eso hubiese ocurrido sin el proceso de triste reflexión posterior y el fracaso total de la ONU en 1994”, aseguró.
Sin embargo, en 2009, la ONU fue objeto de duras críticas por no hacer más durante los meses finales de la guerra civil de Sri Lanka, en la que murieron más de 40.000 civiles.
Un informe interno del foro mundial en 2012 se hizo eco de varias investigaciones realizadas en los años 90, indicando que “el fracaso de la ONU a la hora de responder en forma adecuada a los sucesos como los que ocurrieron en Sri Lanka no debe repetirse”.[related_articles]
“Frente a situaciones similares, la ONU debe ser capaz de cumplir estándares mucho más altos en el cumplimiento de sus responsabilidades humanitarias y de protección”, añade.
Ahora las misiones de paz de la ONU priorizan la protección de civiles, y la soberanía ya no tiene precedente cuando estos son atacados.
Hoy se espera que las operaciones de paz, como las últimas intervenciones en Sudán del Sur y en la República Centroafricana, reciban la autorización de usar la fuerza para impedir la muerte de no combatientes.
Pero la misión de Dallaire no tenía ese mandato.
Un año después de la desastrosa misión en Somalia, los países dudaban si enviar tropas a Ruanda.
Incluso cuando Dallaire pidió a Estados Unidos que interceptara las transmisiones de radio en las que se emitían instrucciones de matar, Washington se negó, temiendo que ello implicara violar la soberanía ruandesa.
“La obligación recae sobre cada estado soberano que conforma la ONU”, subrayó Dallaire.
“Todos los estados soberanos se lavaron las manos, no quisieron involucrarse. Vieron avecinarse otra catástrofe como la de Mogadiscio e hicieron todo el esfuerzo para no involucrarse. Por tanto, no hubo prevención. Hubo palabras, pero no prevención”, detalló.
No solo la ONU ignoró los pedidos de Dallaire, sino que durante lo peor genocidio, cuando cada minuto eran asesinados siete ruandeses, su Consejo de Seguridad votó a favor de reducir 90 por ciento su misión de mantenimiento de paz en ese país africano.
Dallaire y otros varios cientos de soldados recibieron la orden de abandonar Ruanda, pero se negaron. Intentaron desesperadamente proteger a los civiles, pero la matanza superó a los cascos azules, mal equipados.
Apenas tres semanas antes de que los rebeldes tutsi tomaran la capital y terminaran con genocidio, el Consejo de Seguridad finalmente aprobó una intervención francesa, pero los 3.000 soldados de ese país europeo permitieron que los hutu y el grupo paramilitar Interahamwe siguieran en posesión de sus armas.
La búsqueda de los perpetradores del genocidio continúa hasta hoy.
“La historia ha juzgado a la ONU en forma muy severa por su inacción en Ruanda, y debemos aprender las lecciones del pasado”, dijo Adams.
En marzo de 2013, el Consejo de Seguridad autorizó la creación de una Brigada de Intervención, una fuerza de respuesta rápida que controló exitosamente a los rebeldes del Movimiento 23 de Marzo en la República Democrática del Congo.
“La nueva fuerza allí, con capacidad ofensiva, es un significativo progreso respecto de los mandatos (previos) que eran tan restrictivos”, dijo Dallaire.
“El mantenimiento de paz siempre padece de una falta de reacción rápida”, opinó David Curran, conferencista sobre paz y resolución de conflictos en la británica Universidad de Bradford. “Hay una gran necesidad de examinar los conceptos de despliegue rápido”, añadió a IPS.
Curran dijo que los países todavía se quejan de los ambiguos mandatos que reciben las misiones de paz, y muchos estados miembros, sobre todo del Sur en desarrollo, son renuentes a enviar tropas y seguir órdenes del Consejo de Seguridad, cuyos integrantes por lo general aportan pocos soldados, o ninguno.
“Ciertos estados, principalmente del Movimiento de Países No Alineados, se sienten presionados para proveer soldados en situaciones donde hay poca paz que mantener”, dijo Curran.
“Dicen recibir mandatos muy vagos, relativos a la protección de civiles de parte del Consejo de Seguridad, que sin duda tiene una mayoría de estados que no proveen tropas para las operaciones de mantenimiento de paz”, añadió.
