Familiares de víctimas de la dictadura no salen de su consternación tras constatar que más de un millar de detenidos desaparecidos aparecen en las nóminas del registro de votantes, elaboradas a partir de la nueva Ley de Inscripción electoral automática.
Erika Hennings, esposa de Alfonso Chanfreau, fue quien comprobó que el nombre del otrora dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) figuraba en los registros virtuales del Servicio Electoral (Servel).
Sin embargo, el paradero de Chanfreau se desconoce desde 1974, cuando fue detenido por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de la dictadura, poco después del golpe de Estado que derrocó al constitucional presidente socialista Salvador Allende (1970-1973).
La situación fue recibida con "dolor y desazón" por los familiares de las víctimas de la dictadura que lideró el hoy fallecido Augusto Pinochet entre 1973 y 1990.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, comentó a IPS que esto "invisibiliza" la desaparición forzosa de sus familiares.
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"Hoy día no nos interesa hablar del Servel o del Registro Electoral. Legalmente ellos tenían que enviar la nómina" de los mayores de edad que aparecen como vivos, afirmó Pizarro.
"Podrían haber hablado con nosotros, pero el tema de fondo igual no lo hubieran podido resolver, porque legalmente estos chilenos y chilenas son ciudadanos que, en teoría, están vivos, cuando lo que pasa es que están detenidos desaparecidos", añadió.
La activista explicó que a sus familiares "no se los puede declarar muertos porque esa no es la realidad: la forma de exterminio fue, conscientemente, hacerlos desaparecer". "El tema de fondo no se resuelve con que se busque la forma de sacarlos de este listado, sino cómo afrontamos de una vez por todas que nuestro país tiene víctimas de desaparición forzosa, y que, por lo tanto, debe generar una condición distinta a aquellos hombres y mujeres que fueron víctimas de este genocidio, de este terrorismo", enfatizó.
La dictadura detuvo e hizo desaparecer a 3.216 personas, mientras que otros 38.254 apresados lograron sobrevivir tras sufrir prisión y torturas, según informes oficiales.
Frente a la polémica, el director del Servicio Electoral, Juan Ignacio García, explicó que para el organismo es imposible borrar a estas personas de las listas puesto que, para todo efecto legal, siguen vivas.
"Mal podríamos tomar partido en estas circunstancias. Si nosotros hubiéramos eliminado a los detenidos desaparecidos de la nómina, aunque hubiéramos querido hacerlo, ¿qué habría significado? Que estaríamos reconociendo un término en la situación judicial que los afecta, en circunstancias que sería absolutamente impropio que lo hiciera el Registro Civil o el Servel.
"No veo cómo se podría solucionar esta situación", añadió.
La Ley 20.568, que regula la inscripción automática, modifica el Servel y moderniza el sistema de votación, establece que la inscripción será efectuada por el organismo de manera automática en todos los casos en que las personas cumplan con los requisitos para ser incorporados al Registro Electoral, sin necesidad que estas realicen trámite alguno.
A partir de su promulgación, en enero, la normativa incorporó a 4,5 millones de votantes al padrón, 80 por ciento de los cuales son menores de 35 años.
Según el gobierno, la ley elevó el número de votantes potenciales en 55 por ciento y en el caso de electores menores de 29 años en 332 por ciento, respecto de la concurrencia a las urnas en el pasado reciente.
El primer impacto de este cambio legal se percibirá en las elecciones municipales de octubre, ya que el padrón pasará de ocho millones a 12,5 millones. Chile tiene 17,5 millones de habitantes.
Según la nueve norma, un registro electoral puede ser cancelado solo presentando una sentencia judicial que inhabilite a la personas a ejercer sus derechos políticos o, en el caso de muerte, acreditándola con la documentación correspondiente.
Pero el trámite no es simple para los casos de los detenidos desaparecidos, ya que los cambios en la tipificación del estatus podrían tener consecuencias en los procesos judiciales que siguen abiertos. El portavoz de la Corte Suprema, Jorge Rodríguez, explicó que en la actualidad aparecen como víctimas del delito de "secuestro permanente".
"En las causas que están falladas ya no hay mayor incidencia, porque están terminadas y opera la excepción de cosa juzgada, pero en las que están pendientes sí se podría cambiar la calificación de delito a secuestro con homicidio, y si cambia la calificación jurídica, claro que la pena es más grave", explicó.
Esta polémica llegó hasta el Congreso legislativo, donde representantes del opositor Partido Socialista presentaron un "proyecto urgente" para sacar a los detenidos desaparecidos del Registro Electoral.
La situación "es dramática; el dolor de las familias debe ser muy grande", dijo a IPS la senadora socialista Isabel Allende, hija del exmandatario muerto en la casa de gobierno cuando era bombardeada por los golpistas.
"Supongo que no hubo ninguna mala intención, fue un error, pero francamente tiene un costo y es muy doloroso para los familiares. Es incomprensible que no se hayan dado cuenta que no pueden incluir a los detenidos desaparecidos en el Registro Electoral. Para los familiares eso es casi una burla", enfatizó.
El presidente del Senado, el también socialista Camilo Escalona, reconoció que "es una situación que violenta profundamente a los familiares", por lo que se hace imperativo que la modificación se resuelva a la brevedad.
Por su parte, la senadora Lily Pérez, de la oficialista Renovación Nacional, aseguró que el gobierno apoyará el proyecto y advirtió que "se podría dar la paradoja de que mañana, incluso, (los detenidos desaparecidos) fueran convocados como vocales de mesa".
Pizarro precisó a IPS que ya hay acuerdos para avanzar en la verdad y justicia, "pidiendo urgencia a un proyecto de ley que interpreta los artículos 93 y 103 del Código Penal y que impide la aplicación de la medida de prescripción, la amnistía y el indulto" para violadores de derechos humanos.
Anticipó que "vamos a trabajar en una ley que nos permita darle a nuestros familiares la condición de víctimas ausentes de desaparición forzada".
