Cuando se habla de Costa Rica, muchos piensan en un país respetuoso de la naturaleza. Pero los ambientalistas costarricenses no opinan lo mismo, y listan las acciones que contradicen esa imagen de exportación.
La minería a cielo abierto, la contaminación de los ríos y una reprimenda internacional por la escasa protección de humedales abonan esas críticas.
La no gubernamental Red Mundial de Humedales (WWN, por sus siglas en inglés) castigó a Costa Rica en octubre con el premio Globo Gris para la región de los neotrópicos, por su deficiente labor en la protección de Playa Caletas, en la noroccidental provincia de Guanacaste.
El debate sobre la verdadera vocación ecologista de Costa Rica empezó hace varios años, cuando el gobierno otorgó por decreto a la empresa canadiense Infinito Gold la concesión para explotar la minería de oro a cielo abierto en Crucitas, en la norteña provincia de Alajuela.
Hoy el proyecto se encuentra paralizado a la espera de una resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia acerca de la legalidad del decreto.
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Pero la polémica está vigente. El 8 de octubre 14 personas iniciaron una huelga de hambre frente a la Casa de la Presidencia para pedir el retiro de esa norma. La medida fue levantada el 4 de este mes cuando el último huelguista debió deponer la protesta por razones de salud.
La explotación minera en esa zona afecta el hábitat de la lapa verde (Ara ambigua), en peligro de extinción por la tala de los bosques de almendro amarillo donde habita esta ave emblemática. Pero, además, el área forma parte de un importante corredor de aves migratorias de América Central.
La presidenta Laura Chinchilla firmó, el mismo día de su investidura, el 8 de mayo, un decreto suspendiendo la minería a cielo abierto y dejó el caso específico de Crucitas en manos de los tribunales. Su antecesor, Óscar Arias (1986-1990 y 2006-2010), había declarado este proyecto de «interés nacional».
Otro caso que pone en cuestión la imagen verde de Costa Rica es la contaminación de los cuerpos de agua. La cuenca del río Tárcoles, que nace en las sureñas estribaciones de la Cordillera Central, atraviesa la gran área metropolitana y desemboca en el Pacífico, es la más contaminada de América Central y una de las más sucias de América Latina, afectando gravemente la vida acuática.
Apenas dos por ciento de las aguas servidas de San José son tratadas antes de ser vertidas a los ríos. Una planta de tratamiento en construcción dará cobertura a 25 por ciento de la población en 2015, aunque comenzará a funcionar en 2011 con menor capacidad.
La paradoja costarricense quedó en evidencia en la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica, celebrada en octubre en Nagoya, Japón, donde además del Globo Gris, el país recibió el premio Future Policy Award 2010 por su pionera Ley de Biodiversidad 7788, adoptada en 1998, de manos de la organización alemana World Future Council.
Si bien la ley fue avanzada, sufrió severos recortes en los últimos dos años cuando se ajustó la legislación nacional a las exigencias del Tratado de Libre Comercio entre América Central, Estados Unidos y República Dominicana.
«Hemos pasado de la soberanía nacional a la propiedad intelectual sobre nuestros recursos naturales», dijo para este artículo Silvia Rodríguez, quien fue coordinadora en la elaboración de la norma y hoy integra la Red de Coordinación en Biodiversidad.
Dos decretos que modificaron los artículos 78 y 80 de la ley, redujeron sus bondades. Un inciso del artículo 78 establecía qué hallazgos no se pueden patentar, «como los inventos que llegan directamente del conocimiento tradicional de pueblos indígenas o campesinos», explicó Rodríguez.
Y el artículo 80 «estableció procedimientos para tener acceso a la diversidad biológica, y creó la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (Conagebio), para velar por su manejo».
Con los recortes, si se cumple con la legislación de propiedad intelectual, la Conagebio no puede poner ningún reparo al otorgamiento de patentes.
Dos recursos de amparo se presentaron contra esos decretos, y están a estudio del tribunal constitucional desde hace más de un año.
En todo caso, «se trata de una ley visionaria», dijo en una entrevista la directora ejecutiva de la Conagebio, Marta Liliana Jiménez, pues aplicó hace más de una década los mandatos del Convenio sobre la Diversidad Biológica.
En su elaboración «participaron todos los sectores, desde los indígenas, pasando por los campesinos, ecologistas y académicos», explicó Jiménez.
Desde que está vigente, sólo hubo una consulta al registro de la Conagebio por una vacuna, cuyo material de origen finalmente resultó no ser autóctono de Costa Rica.
«La ley tuvo muchos aciertos», reconoció Rodríguez, y «se adelantó a su época, introduciendo el certificado de origen», mediante el cual la Conagebio monitorea que las empresas bioprospectoras hayan cumplido los requisitos para trabajar en el país.
El premio «se lo dieron a la antigua ley», sentenció Rodríguez.
* Este artículo es parte de una serie de reportajes sobre biodiversidad producida por IPS, CGIAR/Bioversity International, IFEJ y PNUMA/CDB, miembros de la Alianza de Comunicadores para el Desarrollo Sostenible (http://www.complusalliance.org). Publicado originalmente el 13 de noviembre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
